Los contratos colectivos de Cnel, CNT, Celec y Petroecuador están en la mira de la Contraloría, la Corte Constitucional y el Ministerio de Trabajo. Los abusos de esos contratos acumulan un perjuicio millonario al país y están detrás del poder de la CUT.
Abuso en el uso de acciones de protección, triquiñuelas administrativas para saltarse requisitos y beneficios excesivos están detrás de los contratos colectivos en 4 empresas públicas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, le explicó a LA HORA que “No hay problemas por parte del Gobierno con la contratación colectiva. Ni tampoco con el sindicalismo”.
Sin embargo, las irregularidades de los contratos colectivos de esas empresas (dos de ellas en el ineficiente sector eléctrico) obligaron a Núñez a pedir un examen especial de Contraloría y han merecido la atención de la Corte Constitucional.
Traslados ilegales para incluir trabajadores en contratos colectivos
En el caso CNT y de Cnel, que fueron los que más llamaron la atención del ministerio de Trabajo, se utilizaron acciones de protección para trasladar trabajadores de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) al Código del Trabajo; y, además pagarles retroactivamente la tutela del contrato colectivo con todos los beneficios.
Esto a pesar de que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el mandato constitucional 2 determinan que la contratación colectiva exclusivamente ampara a los obreros.
En el contrato de CNT, la acción de protección fue sustanciada primero en el cantón Rocafuerte (Manabí) y después por un tribunal de la Corte Provincial de Manabí.
“La Corte Constitucional escogió este caso en 2021 por su gravedad y dictaminó que la acción de protección habría servido para declarar el derecho a la contratación colectiva y que aquello podría constituir una desnaturalización de la acción de protección”, explicó la ministra Núñez.
En el caso de Cnel, se trasladaron trabajadores a través de una acción de protección en Puebloviejo (Los Ríos).
Esos traspasos ilegales sirvieron para establecer falsamente que la mayoría de los empleados eran con obreros y así incluirlos en contratos colectivos con beneficios millonarios y a su vez asegurar las aportaciones obligatorias que financian a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
De acuerdo con Núñez, se han hecho “sendas erogaciones millonarias” tanto en CNT como en Cnel por el traslado y los beneficios de la contratación colectiva.
El último pago que hizo CNT por traslado de trabajadores de la Losep al Código de Trabajo fue por más de $5 millones.
La Ministra contó que Roberto Kury, gerente de CNT, acaba de pedir al ministerio de Economía más recursos para cumplir con el contrato colectivo.
Esto porque otra de las irregularidades es que los contratos colectivos investigados no tienen financiamiento.
Contratos colectivos firmados sin financiamiento
Según el artículo 74 de la Ley Orgánica para las Finanzas Públicas, los contratos colectivos necesitan un dictamen favorable del ministerio de Economía, donde se establezca que todo está financiado y justificado.
Pero, en los contratos colectivos de las 4 empresas públicas se saltaron ese requisito; y para eso usaron resoluciones obtenidas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo.
Este manejo irresponsable de firmar contratos colectivos sin sustento económico es comparado por la ministra Núñez con el caso del presupuesto que exigía el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
“Wilman Terán acudió a la justicia constitucional para pedir un presupuesto de $240 millones. El ministerio de Economía planteó una acción de protección y la Corte emitió una sentencia la semana pasada diciendo que no es posible contar con un dinero que no está presupuestado y que se lo exija mediante acción de protección. Además. destituyó a los jueces por error inexcusable”, afirmó
De acuerdo con Núñez, la manipulación en la justicia, no solo en los casos de contratos colectivos, golpea el desarrollo del país.
Sin embargo, la doctora Teresa Nuques que es la juez ponente del caso del contrato colectivo de CNT, emitió un auto el día 17 de julio pasado y pidió a la empresa pública que le envíe el informe de cuánto ha costado el traslado de funcionarios de la Losep al Código de Trabajo para beneficiarse del contrato colectivo.
“Creemos que muy prontamente la Corte Constitucional emitirá la sentencia en este caso. ¿Qué es lo que podría pasar? Yo le diría que una incidencia de la sentencia que obligue a los que fueron trasladados al Código de Trabajo a regresar a la Losep”, agregó la ministra.
Núñez tiene la expectativa que la sentencia de la Corte Constitucional marque un antes y un después sobre cómo venían operando las acciones de protección en contratos colectivos.
Contratos colectivos: se premia hasta la eficiencia inexistente
En los cuatro contratos colectivos está un total de 27.815 empleados: Celec 4.463; Cnel 6.332; CNT 6.929 y Petroecuador 10.091.
Los beneficios económicos, dentro de los contratos colectivos, no pueden ser mayores a un salario básico al año ($460 actualmente)
Sin embargo, lo que realmente se paga por beneficios, que incluye lunch, transporte, pago guardería (un salario básico unificado por cada hijo de entre 5 y 7 años), altas indemnizaciones por despido, entre otros, supera con creces el límite legal, recalcó la ministra Núñez.
A eso se suman las llamadas remuneraciones variables, qué son equivalentes a un pago de utilidad o rendimiento.
“A nuestro criterio no es posible pagar utilidades en el sector público, sólo se paga en el sector privado”, acotó Núñez
El pago de la remuneración variable nació hace 15 años en la Ley Orgánica de empresas públicas, que no tiene reglamento.
Por eso, el cálculo de la remuneración variable se ha venido haciendo, de manera discrecional, por los directores de las empresas públicas.
En el sector eléctrico, que pierde anualmente $280 millones por ineficiencias, solo en Cnel se pagan $44 millones en remuneraciones variables por supuesta eficiencia.
“Nosotros nos hemos comprometido a presentar el reglamento antes de octubre de 2024 para frenar los abusos en las remuneraciones variables”, anunció Núñez.
Los contratos colectivos son el negocio millonario de la CUT
“Hay una incidencia cuando los trasladan al Código de Trabajo y les dan tutela del contrato colectivo. Esa incidencia es la obligación de afiliarse al Comité de Empresa y a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores)”.
Así, la ministra Núñez explicó como los contratos colectivos son el millonario negocio que financia a la CUT.
En el caso de Cnel, se obliga a un aporte fijo de $7,26 y del 0,5% de los ingresos. Así, según información recabada por el Ministerio de Trabajo, la CUT recaudó más de $192.000 solo en abril pasado.
Núñez dijo que esos aportes no son decididos por cada trabajador, sino que “en asamblea se decide todo”
El ingreso anual es superior a los $2,3 millones
La CUT fue formada en la época de Rafael Correa y, a criterio de la ministra de Trabajo, fue utilizada para dividir al Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
“La CUT fue formada por el señor Correa y les dio como esencia el mundo laboral del sector público. De lo que se conoce, la CUT está formando su propio partido político que es el Partido de los Trabajadores. Ojalá lo forme y ojalá sean candidatos a la Presidencia de la República y ojalá sean candidatos a todas las dignidades que en el Ecuador se dan en los procesos electorales. Ojalá”, aseveró Núñez.
Richard Gómez, que es presidente de la CUT y vocal de los trabajadores en el Consejo Directivo del IESS, ha dicho, a través de varias entrevistas radiales, que todas las declaraciones y acciones emprendidas por la ministra de Trabajo “forman parte de una campaña de desprestigio, buscando que la ciudadanía rechace no solo a los sindicatos, sino también a la gestión empresarial, como si los sindicatos estuvieran a cargo de las empresas”. (JS)