Guillermo Lasso busca resolver la situación carcelaria repitiendo las mismas medidas

El presidente Guillemos Lasso anunció que no le temblará la mano para enfrentar a las mafias. Dictó cuatro medidas similares a las adoptadas por los anteriores gobiernos.

Con tres horas de retraso, el presidente Guillermo Lasso inició la rueda de prensa la tarde de este jueves 22 de julio en la ciudad de Latacunga. En su intervención envió un mensaje a las mafias que operan en las cárceles y que al momento han dejado al menos 22 muertos, 41 heridos y recapturados.

El presidente Lasso dijo que no será tibio como el anterior gobierno y aseguró que las mafias “se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados, vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de derecho y garantizar los derechos humanos carcelarios”.

Las crisis en el sistema penitenciario es una deuda del Estado ecuatoriano, que se activa cada vez que hay una masacre. El número de homicidios se ha triplicado en los últimos tres años.

En 2019 se registraron 32 homicidios, pero en el 2021 la cifra se incrementó a 98 en el mes de junio. A esto se suman las 22 muertes ocurridas la tarde y noche del 21 de julio.

Un problema histórico

Ecuador desde la década de los 70 empezó a crear una institucionalidad para el sistema penitenciario. Sin embargo, cincuenta años después está aún no está lista. Las últimas acciones fueron en 2006, cuando la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las cárceles, pero un año después se creó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que proponía cambiar el sistema penitenciario.

Esta cartera de Estado tenía como política pública la construcción de cárceles, la contratación de personal, el equipamiento para la seguridad, la clasificación de la población internada, el régimen de visitas, entre otros aspectos.

En el 2015 se inauguraron los tres Centros de Rehabilitación Social  (CRS) en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, esto en medio de críticas  y cuestionamientos. Jorge Núñez, director de Kaleidos – Centro de Etnografía Interdisciplinaria y miembro de la Alianza contra las Prisiones, explica que la sociedad civil se opuso a este sistema penitenciario porque se la diseñó con una idea caduca de rehabilitación y no se pensó en formas de justicia alternativa ni formas en que las personas privadas de la libertad regresen a la sociedad.

“Construyeron cárceles gigantescas aisladas de la sociedad, sin servicios básicos y desmovilizaron a los comités de internos -dice Núñez-. Con ello se desmovilizó la representación y la capacidad de que tenían los internos de reclamar a las autoridades. Es por eso que ahora hay un montón de bandas delincuenciales y el Estado (los reconoce cuando) legitimó la conversación con ellos”.

Secretarías y Ministerios

Y este problema no es de ahora, sino desde la implementación del nuevo sistema penitenciario en el 2015. Tres años después, el Ministerio de Justicia fue eliminado por el expresidente Lenin Moreno por razones de austeridad, aseguró.

Ese mismo año se creó la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snaie), pero ninguna de estas dos entidades se ha hecho cargo del sistema carcelario hasta ahora.

Edmundo Moncayo, exdirector  general del Snaie cesado por el presidente Lasso la tarde de este jueves 22 de julio,  dijo ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional que no tiene competencia para crear políticas públicas, solo que la Snaie es un órgano ejecutor. Mientras que la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, mediante un oficio dirigido a esta Comisión aseguró no tener competencia en el tema carcelario.

 Falta de acción del Gobierno

El Reglamento de Sistema Nacional de Rehabilitación Social  aprobado en 2020 establece que el Directorio de Organismo Técnico conformado por ocho instituciones del Estado ejerce la rectoría, regulación y planificación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Sin embargo, este Directorio no se ha podido reunir por falta de una o un delegado del presidente Guillermo Lasso.

Moncayo dice que ha enviado dos cartas, pero ninguna ha tenido respuesta. La mañana de este jueves 22 de julio, la Comisión de Soberanía exhortó al Primer Mandatario a designar al titular para esta entidad, sin embargo hasta el momento no lo ha hecho.

Para Jorge Núñez este no es un problema de ahora sino de los tres últimos gobiernos. “No hay una visión de política carcelaria que nos permita tener unos centros de reclusión medianamente acorde con la situación de estos países, lo que tenemos es espacios de confinamiento de la pobreza”

Además, agregó que los estados de excepción de los últimos años no resolvieron la situación y que incluso hay tres resoluciones jurídicas que obligan al Estado a dar respuesta inmediata, pero hasta el momento no lo ha hecho. (MC)

Medidas dictadas

 El presidente Guillermo Lasso declaró cuatro medidas: estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos para reestablecer el orden. Dos, se estableció un control militar en el acceso del filtro 1 y un control policial en el filtro 2 y 3 de todos los centros carcelarios. Tres, se destituyó al general Edmundo Moncayo como director del Snaie. Cuatro se nombró al coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo Montalvo, como el nuevo director de esta cartera de Estado.

Propuesta de la sociedad civil

 La Alianza contra las Prisiones plantea varias opciones para resolver la situación: reducción de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento; fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores públicos del sistema nacional de rehabilitación; mejoramiento de la infraestructura y el acceso a servicios básicos; respeto de garantías básicas al interior de los centros de privación de libertad; yesto.

Estructura carcelaria

 En el país existen 35 centros de Rehabilitación Social con capacidad para 30 mil personas a nivel nacional, pero hasta el momento están privados de su libertad 39. 150 personas. Es decir que hay una sobrepoblación de casi 10 mil personas, lo que causa un 29.7% de hacinamiento.

 Tanto Núñez como Moncayo coinciden en que una de las razones del hacinamiento es el uso indiscriminado de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y aprobado por los jueces. Además, dice Núñez de la criminalización de la pobreza de la gente joven y pobre.

 De las cerca de 40 mil personas detenidas, el 70% son jóvenes con educación básica  en un 47%; bachillerato con 41% y solo el 3% tiene educación superior.

 Presupuesto

 En 2011, el sistema penitenciario contaba con $109 millones  para una población 16.704 personas privadas de la libertad, pero ese presupuesto a 2021 se ha reducido notoriamente y se ha aumentado la población carcelaria. Ahora el sistema cuenta con $99.5 millones  para una población de cerca de 40  mil detenidos. La mayor parte del presupuesto se va en salarios, 44 millones  y 5 millones en servicios básicos.