Guía penitenciaria intentó meter marihuana a la cárcel

La mujer trabajaba en la cárcel 1 del Guayas, más conocida como Penitenciaría del Litoral.
La mujer trabajaba en la cárcel 1 del Guayas, más conocida como Penitenciaría del Litoral.

Fiscalía General del Estado detalló que se le dictó prisión preventiva. Carmen Viviana E. Z. podría pasar hasta siete años en la cárcel. 

Nerviosa se puso una agente de seguridad de la Penitenciaria del Litoral cuando integrantes de la Policía Nacional le dijeron que debían realizarle un registro corporal. La mujer dijo que tenía que trasladarse con suma urgencia a realizar el conteo físico de las personas privadas de libertad (PPL) del pabellón 8.

Sin embargo, durante una inspección más minuciosa, personal policial detectó que la ahora procesada llevaba adherido a su cuerpo (en la cintura y en uno de los bolsillos de su uniforme) dos bolsas pequeñas con 325 y 153 gramos de una sustancia vegetal verdosa (marihuana).

Personal policial procedió a la detención de la funcionaria, trasladándola a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, donde se le practicaron las pruebas de valoración médica, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales de turno.

Prisión preventiva

En la audiencia de flagrancia, desarrollada la tarde del 28 de diciembre en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Roberto Franco López presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión, el informe y parte de novedades, la prueba de identificación preliminar homologada, el acta de verificación y pesaje de la droga, las versiones de la procesada y otras evidencias que fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Antinarcóticos.

El juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Carmen Viviana E. Z. y emitió la boleta constitucional de detención.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal c (alta escala) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de alcaloides, con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (AVV)

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