Analistas coinciden en que se debe pensar en que ciertos articulados se incluyan en otras leyes.
Luego de firmado el Decreto Ejecutivo N° 32, el presidente Guillermo Lasso cumplió con parte de una de sus promesas de campaña, eliminar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada durante el régimen de Rafael Correa, el 25 de junio de 2013.
Ismael Quintana, experto constitucionalista, explica que el camino jurídico escogido por Lasso es el correcto. Apartarse de la propuesta original de no contar con una Ley de Comunicación es un acierto puesto que iba en contra del mandato constitucional de contar con un cuerpo legal de este tipo. «Sustituirla es lo correcto. Constitucionalmente él no puede derogar leyes», acota.
La actual LOC estará en vigencia hasta que el texto aprobado por la Asamblea sea sancionado por el actual mandatario. Una vez publicada en el Registro Oficial se eliminará finalmente el texto cuya vigencia actual es de 7 años.
Desde su punto de vista, todo lo que tenga que ver con la protección de derechos desprendidos del ejercicio de la libertad de expresión; fortalecimiento del reparto equitativo de frecuencias; pautaje y publicidad de producción local; incluir los códigos deontológicos; y los principios de transparencia, interculturalidad, transparencia y democratización de la comunicación, son temas que «no están en discusión y deberían mantenerse».
Finalmente, Quintana, considera que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, debe «existir» para regular contenidos encaminados a proteger el interés superior de niños y adolescentes.
Un reglamento sin utilidad
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, considera que esta primera acción de Guillermo Lasso es un «mensaje muy potente» que lo distancia de Correa y Moreno.
Considera que en términos reales el reglamento que quedó sin efecto «ya no tenía, en la práctica, ninguna función» debido a que este correspondía a la LOC del 2013 que quedó sin utilidad con las reformas del 2019. Dice que «esa es una deuda de Lenín Moreno».
Guillermo Lasso anunció la tarde del 24 de mayo que remitirá a la Asamblea Nacional (AN) un nuevo texto que se denominará Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Para Ricaurte, esta tiene que ser una «ley marco» que deje de lado los errores de la técnica parlamentaria «correísta» que «trataba de abarcar todos los ámbitos de la comunicación» en un solo texto.
La nueva propuesta debe ser de garantía, promoción y defensa de la libertad de expresión en «términos muy amplios». Precisa que temas como la asignación de frecuencias debería estar en la Ley de Telecomunicación; la promoción de la producción nacional sonora y audiovisual, en la Ley de Cultura.
Plantea que una Ley de Medios Públicos es imperativa para que quede claro que estos estarán al «servicio de los ciudadanos y no del gobierno de turno».
No todo es malo en la actual normativa
Cristian Carrasco, presidente (e) de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), considera que de la actual Ley de Comunicación hay aspectos «interesantes» que deben mantenerse. Apunta que la repartición adecuada de frecuencias y la no monopolización de los medios de comunicación, son parte de «algunos elementos» que se deben «recuperar» y mantener en la nueva propuesta.
Cree que es «importante» el paso dado por el actual mandatario. Anota que se debe revisar la Ley de Seguridad Pública y del Estado en lo referente a la catalogación de la información reservada y dejar claro los parámetros para que sea determinada de tal manera y no quede a una libre interpretación. «Estos elementos deben ser tomados en los procesos de cambios que se pretenden hacer para garantizar el ejercicio profesional», dice.
Desde el gremio periodístico al que representa organizará un equipo para que trabaje con la Asamblea como una «veeduría» o «aportantes» del proceso de construcción y debate de la ley. (AS)
En la presidencia de Lenín Moreno, la actual Ley de Comunicación fue reformada el 20 de febrero de 2019.