El Estado se reducirá del 36% al 32% del PIB hasta 2025

El presidente Lasso tiene un reto económico difícil de cara a los próximos 4 años
El presidente Lasso tiene un reto económico difícil de cara a los próximos cuatro años.

El Gobierno establece el ajuste como una de sus principales prioridades dentro de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la carta de intención, firmada por el ministro de Economía, Simón Cueva, y el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, con el FMI, una de las principales prioridades económicas del Gobierno es reducir el tamaño del Estado del 36% al 32% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2025.

La administración Lasso le apuesta a la inversión privada como la única salida a los problemas de empleo en el país. Sin embargo, no se ve una política clara para reducir costos financieros nui tasas de interés.

A continuación se detallan 10 claves de la carta de intención firmada por Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1.- Cuatro decretos para atraer inversiones.- El Gobierno asegura que, a través de los decretos ejecutivos 68, 95, 123 y 151, ya se está allanando el camino para que exista más inversión privada en los sectores mineros y petroleros, además de más flexibilidad laboral y competitividad.

2.- El 80% de los más pobres con bonos y ayudas sociales. Desde julio de 2020 a abril de 2021 se incluyó en el registro y las ayudas a 443.619 nuevos beneficiarios de bonos y ayudas sociales. Hasta diciembre 2021, se incluirán al menos 181.981 más. El objetivo es que el 80% de los ecuatorianos en los tres segmentos más bajos de ingresos (hasta $1.600 al año) reciban transferencias directas del Estado. Actualmente, ya se invierten más de $1.600 millones al año en esas ayudas.

3.- Más de $1.000 millones de gasto adicional para 2021. A pesar de que el Gobierno está comprometido con reducir el déficit fiscal, las condiciones actuales exigen un incremento de $1.020 millones en los gastos estales en comparación a 2020. Ese aumento tiene varias fuentes de los recursos, pero el 55% está relacionado con inversiones en salud y educación.

4.- Reducción del tamaño del estado.- La administración de Guillermo Lasso ha establecido como meta, dentro de al carta de intención con el FMI, reducir el tamaño del sector público del 36% al 32% del Producto Interno Bruto (PIB). Para lograr ese objetivo, se busca liquidar y vender más empresas y dependencias públicas (todavía no hay una lista definida); y reducir el gasto total en $3.500 millones hasta 2025.

5.- Aumento del 1,5% del PIB en la recaudación de impuestos. El Gobierno busca recaudar $700 millones con la reducción de las deducciones de gastos personales y eliminación de exenciones de pago para empresas. Otros $300 millones vendrían de medidas de lucha contra la evasión y mejores controles a grandes contribuyentes. Finalmente, $500 millones adicionales viene de fuentes temporales y permanentes: impuesto al patrimonio para personas y empresas (2022 y 2023) y regularización de activos en exterior que no están declarados.

6.- Mayor ajuste en compras pública. En el actual periodo presidencial, se busca reducir el gasto en salarios en $1.200 millones; mientras las compras públicas caerán en $1.500 millones. Solo los gastos sociales y otros como seguridad social se incrementarán en $1.000 millones.

Según el plan del Gobierno de Lasso, alrededor de $600 millones se conseguirán con la estandarización, modernización y simplificación de los procesos de compras públicas. Otros $900 millones llegarán por el fortalecimiento del sistema nacional de contratación y relaciones más cercanas y transparentes con proveedores.

7.- No hay meta de reducción de tasas de interés. Dentro de la carta de intención, el Gobierno espera que que se apruebe la nueva metodología de cálculo de las tasas de intereses dos meses después de que se posesionen los nuevos miembros de las Juntas Monetarias y Financieras. La conformación de esas juntas está detenida luego de que la Asamblea rechazara las ternas propuestas por el Ejecutivo.

Sin embargo, no se establecen metas sobre reducción de costos financieros y tasas, solo objetivos generales como aumentar la competencia, promover la inclusión financiera y tener un sistema más técnico de fijación de tasas de interés.

8.- Impulso a los pagos electrónicos. El Gobierno resalta la eliminación del costo por recibir transferencias de otros bancos; pero no se prevén más cambios en el tema del valor de los servicios financieros. Sin embargo, se prevé que desde enero de 2022 entrará en vigencia la disposición de que todos los pagos de servicios públicos que sean mayores a $76 se realicen solo por vías electrónicas.

9.- Auditoría de bancos y petroleras públicas. Hasta mediados de 2022, las autoridades nacionales se han comprometido ha publicar los resultados de auditorías integrales de los bancos públicos, además de Petroecuador y Petroamazonas (antes de la fusión de las petroleras estatales). Se estima que todavía se debe develar las pérdidas reales por malos manejos, corrupción e ineficiencia. La oferta de campaña de entregar créditos al 1% y a 30 años para sectores como el agrícola no se podrá efectuar mientras no se sepa la real situación de Banecuador, CFN y Banco del Estado. El Gobierno de Lasso busca fusionar Banecuador y CFN.

10.- La ley de Oportunidades es la única apuesta para generar empleo. Todos los planes del ejecutivo para crear 2 millones de nuevos empleos de calidad hasta 2025 pasan por la Ley de Oportunidades. El Gobierno no tiene plan B para esa iniciativa. Dentro de la carta de intención se asegura que se busca incrementar la flexibilidad en las relaciones laborales; reducir la rigidez en los contratos temporales o a medio tiempo; e incluir políticas de economía violeta (más empleo femenino).

La administración de Lasso considera que la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en 2020, es un ejemplo de que la flexibilidad redujo el impacto de la crisis. Así, se resalta que se salvaron 74.000 empleos y se crearon 240.000 adicionales con esa normativa. (JS)

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