Actualmente, los productos mineros son el cuarto rubro más exportado desde Ecuador, después del petróleo, banano y camarón.
Con la entrada en producción de los proyectos mineros Loma Larga, Curipamba y La Plata entre los años 2023 y 2024, además de la producción de las minas Fruta del Norte y Mirador y del continuo crecimiento de las actividades de pequeña minería, el Ecuador proyecta la exportación de $4.040 millones de productos de la minería en el año 2025.
Según el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón “el sector minero representa una gran oportunidad para invertir, puesto que un proyecto o mina, requiere de diversos servicios como transporte, alimentación, conectividad, entre otros”.
Hasta agosto del 2021, el sector minero legal, compuesto por pequeña, mediana y gran minería empleaba aproximadamente 50.000 trabajadores de manera directa y se proyecta que para el 2025, se alcancen más de 300.000 empleos entre directos e indirectos por esta actividad.
Por otro lado, el Viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer puntualizó que “los minerales son fundamentales para la transición energética y las nuevas tecnologías de energías limpias.
En Ecuador, el 6,93% del territorio nacional está dedicado a actividades mineras y de este porcentaje, solamente, en el 1,55% se realizan actividades de explotación”.
Oposición a la minería se radicaliza
A pesar de los planes del Gobierno, y las proyecciones de crecimiento, las actividades mineras tienen una creciente oposición de sectores sociales y ambientalistas.
No solo se han presentado demandas de inconstitucionalidad sobre el decreto 151, el cual es el pilar de la política de inversiones de la administración de Guillermo Lasso.
Además, en sectores como Pacto, al norte de Quito, las autoridades de control han sido recibidas de manera violenta por sectores cada vez más radicalmente contrarios a la actividad.
Un grupo del llamado Frente Anti Minero, según un parte policial del Distrito de Nanegal, habría agredido a funcionarios públicos de varias instituciones del Estado mientras realizaban una actividad de control minero el pasado 4 de noviembre.
El coordinador zonal norte del Ministerio de Energía, Mauricio Almeida, anunció que las entidades del Estado iniciarán acciones legales contra de los dirigentes del Frente Anti Minero.
“La furia de los antimineros se desató cuando las autoridades del Estado no pudieron comprobar que la empresa Natural Resources estaba contaminando el agua en sus actividades mineras”, dijo Almeida.
En Pacto, los grupos ambientalistas argumentan que las siete concesiones mineras (7.053 hectáreas) están provocando daños ambientales severos. (JS)
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