El Gobierno de Daniel Noboa no desistirá en la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda y dispuso la suspensión de la Ley. La Presidencia presentará argumentos.
El Gobierno de Noboa reaccionó contra la Corte Constitucional (CC) en un comunicado emitido la noche del 20 de diciembre de 2024.
El Primer Tribunal de Sala de Admisión de la CC admitió a trámite la demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, a la que el Gobierno llama “Ley Antipillos”.
La demanda fue presentada el 18 de diciembre por Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. La Sala consideró que existen elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia para otorgar la medida cautelar de suspensión de la Ley hasta que la CC se pronuncie sobre la existencia o no de una inconstitucionalidad por la forma.
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Gobierno cuestiona la suspensión de la Ley
El Ministerio de Gobierno señaló en el comunicado que “la Ley Antipillos es una herramienta esencial para combatir y ahogar el financiamiento del crimen organizado y que, hace algunas semanas atrás, los pillos y sus aliados buscaron sepultarla”.
El Tribunal de la Sala de Admisión de la CC que conoció la demanda de Veloz está conformado por los jueces constitucionales Karla Andrade, Daniela Salazar y Jhoel Escudero.
La decisión de estos jueces de suspender la aplicación de la Ley “pone en una peligrosa pausa un instrumento clave en esta lucha”, según el Gobierno, que lanzó la responsabilidad del problema de carácter jurídico y constitucional a la Asamblea Nacional.
“En lugar de respetar los procedimientos establecidos, se optó por un camino que puso en riesgo la vigencia de una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado, lo que obligó al Gobierno a corregir y enmendar un proceso que debió haberse llevado a cabo conforme al marco constitucional”.
Insistencia en la vigencia de la Ley
El Gobierno aseguró que presentará ante la CC “todos los argumentos necesarios para que este caso sea evaluado con imparcialidad y en el marco del respeto a la independencia de funciones”.
Además, hizo un llamado a la CC para que considere la trascendencia de la “Ley Antipillos” y su impacto en la seguridad de los ciudadanos.
El Tribunal ordenó en su decisión que, a partir de la notificación, la Presidencia de la República y la Procuraduría del Estado tendrán un término de tres días para que intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad del acto impugnado.
A la Asamblea Nacional también se ordenó que, en el término de tres días contados a partir de la notificación, remita el expediente con los informes y demás documentos relacionados con el acto impugnado. (KSQ)
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