La propuesta gobiernista indica que no se iniciarán procedimientos penales de ninguna naturaleza por las opiniones emitidas por un medio de comunicación, periodista o comunicador que opine en contra del poder público.
Eliminar y reemplazar la actual Ley Orgánica de Comunicación (LOC), una de las promesas de campaña electoral de Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, está en marcha. El texto ya reposa en la Secretaría General de la Asamblea Nacional (AN).
El articulado fue remitido la mañana del 25 de mayo, pocas horas después que Lasso firmó el Decreto Ejecutivo que derogaba el reglamento de la LOC, el primer paso en firme para dejar de lado el cuerpo legal que está en vigencia desde el 25 de junio de 2013.
El Estado y su papel ante la actividad periodística
La actividad periodística y de comunicación no será regulada por el Estado. Así se establece en el principio 13 del proyecto de Ley de Libertad de Expresión. Esta debe regirse por estándares éticos, de autorregulación y políticas editoriales y/o informativas de cada medio de comunicación, que estarán a disposición de la ciudadanía.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, considera que esto es lo «más adecuado» y que no sea el Estado el que «controle los contenidos». Agrega que esta autorregulación requerirá de principios y mecanismos «claros».
Hace una precisión. En este sentido se debe «diferenciar» el trabajo del periodista del de los intereses «legítimos» económicos y de empresa. «Hay que volver a encontrar ese camino de acuerdos de principios para avanzar en esquemas de autorregulación», sostiene.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indica que el texto propuesto responde a la declaración de principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dice que la «ética jamás debe» imponerse desde el Estado.
Agrega que no solo los medios de comunicación deben emitir estándares de autorregulación, sino que los gremios periodísticos deben hacerlo.
La propuesta gobiernista indica que no se iniciarán procedimientos penales de ninguna naturaleza por las opiniones emitidas por un medio de comunicación, periodista o comunicador que opine contra el poder público.
Se despenaliza la responsabilidad ulterior
La responsabilidad ulterior será dirimida, de ser el caso, en el ámbito legal civil. Los medios de comunicación la asumirán solamente cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona.
Ricaurte cree que es «un gran avance» que se deje de lado el derecho penal para «perseguir periodistas», que en función de su trabajo han tenido que enfrentar procesos judiciales. «En lo civil es donde se tiene que resolver estos temas», recalca.
Alarcón indica que este aspecto no atañe únicamente a los periodistas sino que incluye a los «ciudadanos». Comenta que la despenalización de opinión y expresión ya es una realidad en Argentina. «Ir en el camino de ni siquiera ser considerada una contravención es lo correcto», finaliza. (AS)
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