A pesar de los esfuerzos de la actual administración, se necesita más deuda. La situación fiscal sigue siendo compleja y el FMI se perfila otra vez como salvador.
A pesar de que el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha repetido en múltiples ocasiones que todos los gastos y las cuentas por pagar (servicio de la deuda pública) están completamente financiados dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, hay alertas de que eso dista de la realidad.
Calificadoras de riesgo y bancos de inversión como Fitch Ratings calculan que al Gobierno de Guillermo Lasso le faltarán al menos $1.000 millones de ingresos para cubrir todo lo presupuestado.
Esto se debe a que, según esas instituciones internacionales, se sobreestimaron los ingresos proyectados por venta o concesión de activos públicos. Tampoco se tomó en cuenta el alto riesgo país (más de 1.600 puntos actualmente), lo que cierra la posibilidad de emitir bonos de deuda externa.
Así, las necesidades de financiamiento o de nueva deuda realmente serían de un poco más de $8.000 millones, en lugar de $7.000 millones, como se estableció en el presupuesto estatal para 2023.
En este escenario, la principal pregunta es de dónde se obtendrán los $1.000 millones adicionales que se necesitan para cubrir unos gastos que parecen casi imposibles de recortar.
¿FMI otra vez al rescate?
José Rivera, investigador en temas de inversiones y Country Manager del bróker Libertex, recalcó que una nueva emisión de bonos sería perjudicial para el Ecuador, debido a que se tendrían que pagar altas tasas de interés (entre 15% y 18%).
Sin embargo, la reputación que se ha ganado el Gobierno de Lasso como buen pagador y responsable en el manejo fiscal, podría facilitar que se abran más líneas de crédito con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Aunque el Gobierno no lo ha reconocido abiertamente, Ecuador podría aplicar al programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RST por sus siglas en inglés) del FMI y acceder a una línea de crédito de entre $690 millones y $1.300 millones.
El problema, según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, es que un nuevo acuerdo con el organismo internacional se volvería una camisa de fuerza y no se podría aflojar un poco el gasto como varios sectores políticos y sociales le exigen a la administración de Lasso.
Además, del acuerdo pasado, que se cerró con éxito en diciembre de 2022, quedan pendientes temas complejos como la auditoría a los balances de Petroecuador, reformas en el sistema de contratación pública, entre otros.
¿Reducir el gasto?
La otra opción, para evitar más deuda de la ya presupuestada o reducir su monto, sería que el Gobierno implemente un real proceso de optimización del gasto público, o de reducción de “Estado obeso”, como ha dicho en anteriores ocasiones el exministro de economía, Mauricio Pozo.
Sin embargo, lejos de las promesas del presupuesto base cero y la eliminación de gastos improductivos, en los últimos días se han acumulado anuncios de más gasto público.
Lasso, durante un mensaje a la nación, aseguró que se contratarán 5.000 nuevos maestros en dos años y el presupuesto del sector, junto con el de todas las áreas sociales, sumará al menos $15.000 millones al año.
Por otro lado, en una rueda de prensa conjunta, el ministro Arosemena, y el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, también anunciaron que el presupuesto de obra pública aumentará de $400 millones a $1.000 millones en 2023.
Ese aumento es de más del 100% con respecto al presupuesto tramitado en la Asamblea, a pesar de que la ley solo permite reajustes de máximo 5%.
El exministro Pozo ha cuestionado que se siga cayendo en el error de que todo se soluciona con más dinero, cuando el real problema estructural es la mala ejecución y gestión.
“Estado obeso produce incentivos perversos. Se generan requisitos y tramitología para proyectos y pagos como medio para justificar la burocracia. Si no se soluciona la obesidad estatal, no se podrá mejorar la gestión”, puntualizó.
Arosemena está consciente que en “el 99,9% de las veces los retrasos y la mala ejecución en obra pública tienen que ver con ineficiencia y corrupción”, pero el Gobierno parece desbordado ante el reto de controlar los mandos medios y tomar las riendas de la administración pública. (JS)
Bajar el riesgo país ofreciendo mejores servicios públicos
José Rivera, investigador en temas de inversiones y Country Manager del bróker Libertex, explicó que, antes de gastar más en obras, el Gobierno debería trabajar en mejorar la provisión de servicios públicos como la forma más efectiva de generar más apoyo social, bajar las tensiones y enfrentar las amenazas de desestabilización.
Es decir, asegurarse de que el proceso es ágil para sacar pasaporte; que exista la provisión suficiente de medicinas y una buena atención en los hospitales y centros de salud públicos; que la tramitología estatal no complique a los ciudadanos y a los empresarios, entre otros.
“Si se hacen las cosas bien en cuanto a mejores
servicios públicos, y se buscan consensos para reformas necesarias como la laboral, el Gobierno podría superar las amenazas de desestabilización y a finales de 2023 cerrar con entre 1.000 y 1.200 puntos de riesgo país”, dijo.
El Gobierno de Lasso ha tenido éxito en bajar el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento, pero lo ha hecho a costa de reducir al mínimo el gasto en obra pública.
La eficiencia todavía es un tema pendiente, y podría hacer que se retroceda en parte de lo alcanzado.
El problema es que la administración de Lasso está más pendiente de apagar incendios, e incluso bajar el tono de las protestas sociales, con promesas de más gastos antes que controlar la mala gestión y ejecución.