Dos de los principales escenarios son el aumento de la edad de jubilación y el cambio de la fórmula de cálculo de las pensiones.
En la Ley de Seguridad Social, aprobada en 2001, se establece que cada cinco años se debe evaluar el aumento en la edad de jubilación, con base en estudios y cálculos actuariales actualizados.
Casi 21 años después, y con seis diferentes presidentes al mando, el reglamento de esa ley nunca se aprobó, ni se ha cumplido con esa revisión periódica de la edad mínima para poder solicitar una pensión al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Este 15 de febrero de 2022, durante una entrevista con Teleamazonas, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda, anunció que se están analizando varios escenarios para darle sostenibilidad al fondo de jubilación.
Esos escenarios incluyen proyecciones y cálculos que toman en cuenta, además de la edad de jubilación; los años de aportes al IESS; el recálculo de la fórmula para las pensiones y el cálculo de la contribución del Estado al IESS, que ahora sería con base a un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Cepeda, las reformas son inevitables porque, si no se aumentan sustancialmente los ingresos, en 30 años se acumulará un déficit actuarial de más de $46.000 millones. Esto haría inviable pagar las pensiones de los afiliados activos de hoy en día.
Los gastos duplican a los ingresos
Cada año, se reciben aportes por $ 2.290 millones, pero los gastos llegan a $ 4.600 millones, es decir, se genera un déficit anual de $ 2.300 millones.
Con 10 años de esperanza de vida, en comparación a lo que había en la década de 1980, las reservas del IESS, que ahora llegan a $ 5.800 millones, irán mermando de manera acelerada en los próximos años.
Cepeda recordó que el fondo de pensiones se vio afectado con la decisión, durante el gobierno de Correa, de eliminar el 40% de la contribución estatal. Esto generó un faltante de $ 5.000 millones adicionales, lo que significa que esas reservas podrían ser del doble si no se hubiera metido la mano políticamente a los recursos de la institución.
Finalmente, otro factor importante en el desfinanciamiento del fondo de pensiones es la caída en el número de afiliados. A la fecha, existen 5,72 afiliados por un jubilado, y deberían ser 8 por cada jubilado.
En este sentido, el Consejo Directivo se ha puesto de plazo hasta finales de febrero para elaborar una propuesta borrador. Esta propuesta debe convertirse en una versión en firme, luego del diálogo con varios sectores, hasta finales de marzo.
Ese documento consensuado pasará al Ejecutivo, y la meta es que posteriormente llegue como proyecto de Ley a la Asamblea.
Cepeda aseguró que en estos días se está analizando el escenario de cambiar la forma de cálculo de la pensión. El mecanismo vigente toma en cuenta el promedio de los cinco mejores años de aportación, pero se podría ampliar a diez o quince años.
Para armar las principales propuestas se están realizando una serie de corridas financieras que de dar resultados positivos podría hacer que no se requiera de otras reformas.