La Comisión de Garantías Constitucionales generó un documento con suposiciones y no aportó evidencias sobre las supuestas vinculaciones del presidente con paraísos fiscales.
El ministerio de Gobierno, el gabinete presidencial y la bancada de CREO han salido a rechazar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers y las supuestas vinculaciones del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales.
En ese informe, aprobado por los seis votos de mayoría conformada por correístas y Pachakutik, se enuncia que el primer mandatario incumplió la Ley del Pacto ético de 2017, pero no aportan evidencia de pruebe que mantiene actualmente, o tenía dentro de su patrimonio al momento de candidatizarse, empresas offshore.
Asimismo, la prueba madre de la supuesta evasión es que existe una diferencia entre los pagos de impuestos de Lasso como persona natural equivalentes al 34,48% de sus ingresos; mientras el Banco de Guayaquil, en promedio, tributa un poco más 3% sobre los suyos.
“Eso es perfectamente normal, según Gonzalo Beltrán, abogado tributario, y poner sospechas sobre eso solo demuestra la ignorancia de los asambleístas que avalaron el informe.
“Los mismos registros públicos del SRI establecen que, entre 2002 y 2020, Lasso pagó $17’805.250,12 en impuesto a la renta; es decir, un promedio de casi $900.000 anuales”, acotó.
A través de un comunicado oficial, el ministerio de Gobierno aseguró que se pretende dar un golpe de Estado sin argumentos e incumpliendo la ley.
“La resolución del informe propone al pleno de la Asamblea la inconstitucionalidad e ilegal destitución del presidente de la República. No causa sorpresa y se podía advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática señalada con absoluta nitidez por el pueblo en las urnas”, puntualizó esa instancia del Ejecutivo.
Asimismo, la bancada legislativa de CREO y el gabinete ministerial aseguraron que quien debe auditar el patrimonio del presidente, y establecer si hay irregularidades o evasión, es la Contraloría General del Estado.
“Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que deseche este informe por absurdo, inconsistente y solamente útil para los intereses desestabilizadores y golpistas. También valoramos la posición de varios sectores políticos, que a pesar de estar opuestos a la línea del Gobierno. no están dispuestos a prestarse al resquebrajamiento democrático del país”, expresaron los ministros de Lasso.
Luego de dar a conocer la postura del Gobierno, el Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado en el que aclaró que si bien se encuentra en oposición y no respaldará el aumento de impuesto, tampoco respalda un supuesto complot para destituir al Presidente.
“Continuaremos rebatiendo calumnias, insultos y disparates. Pero sin que aquello signifique apoyar la destitución de un Presidente de la República, al margen de la Constitución y la ley”, dijo el PSC.