La Contraloría ratificó responsabilidad civil culposa por $41´090.491,04 en 2017, en contra de la exministra del Ambiente. La exfuncionaria se defiende y reitera que no hubo perjuicio al Estado.
En noviembre de 2017 la Contraloría General del Estado estableció una glosa por responsabilidad civil culposa en contra de la ex ministra de Ambiente y actual presidenta de la agrupación política Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga.
La multa, por un monto que supera los 41 millones de dólares, se dio por la compra de 66 lotes de terreno en Guayaquil, que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Isffa), donde se construyó el parque Samanes.
Luego de tres años, no se tiene una resolución de parte de la justicia ordinaria.
La obligación civil en contra de la exfuncionaria fue ratificada por el organismo de control en marzo de 2018, luego de que se cumplieran los 60 días que se otorgó para que se presenten las pruebas de descargo y de haber negado un recurso de revisión.
La glosa corresponde al informe del examen especial No. DAPYAF-0007-2016 hecho a la compra-venta de los lotes, ejecutada por el Ministerio del Ambiente en 2010.
Según la Contraloría, la glosa fue ratificada debido a que no se ha evidenciado la compensación de fondos, entre el Ministerio de Finanzas y el Issfa, como se había recomendado en el informe.
Se pagó siete veces más
Según la Contraloría, el Ministerio del Ambiente canceló al Issfa $41.090 491,04 . Se señala que el avalúo de los terrenos, por parte del Municipio de Guayaquil,fue de $7.129.900,77. Por lo tanto, la cartera de Ambiente pagó al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas siete veces más del valor estipulado.
El 22 de noviembre de 2010 se suscribió la promesa de compra – venta, tomando en consideración el informe de avalúo No. 278, e informe técnico 160-SOT-DINAC-MVRS-2010 de la DINAC, realizado previa solicitud de la Ministra del Ambiente. Estos documentos determinaron un valor de $43´836.719,82 por los inmuebles. Al precio del contrato se incrementó el 10%, con base a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dice, “el precio que se convenga no podrá exceder del diez por ciento sobre dicho avalúo”, por lo que esta operación se realizó por el monto total de $48´220.391,81.
“Esto ocasionó que el Ministerio del Ambiente cancele al ISSFA 41´090.491,04 dólares en exceso, con relación al que correspondía cancelar conforme la normativa aplicable para este tipo de operaciones. En este sentido, debía considerarse el avalúo catastral actualizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Guayaquil”, señala la información de la Contraloría.
La justicia no avanza en el caso
El tema pasó de la Contraloría a la justicia ordinaria, sin que hasta ahora se tenga una decisión al respecto. El organismo de control en la información otorgada a este medio señala que, “al momento se espera la fecha de audiencia a juicio, en donde el Poder Judicial tiene la facultad exclusiva para emitir sentencia”.
‘No hay perjuicio’: Aguiñaga
La exministra manifestó que el tema se encuentra en ámbito judicial y que no hay ningún perjuicio al Estado. Asegura que el dinero nunca salió de las arcas fiscales.
“La compra – venta de los terrenos del Parque Samanes fue una transacción entre instituciones públicas, el dinero jamás salió de arcas estatales y no hubo perjuicio al Estado, por eso la glosa es ilegal e ilegítima y se encuentra debidamente impugnada en los tribunales”, respondió Aguinaga.
Sostiene que las acusaciones han resurgido como un “ataque troll”, luego de su pronunciamiento ante las declaraciones que el presidente Guillermo Lasso hizo sobre la Revolución Ciudadana. “Un argumento que busca silenciarme, pero que carece de veracidad”, sentenció.
Los implicados
La Contraloría General del Estado ratificó la resolución de responsabilidad civil culposa, por $41´090.491,04 en contra de Marcela Aguiñaga; Mercy Julia Borbor Córdova, exministra del Ambiente delegada. También contra Manfred Homero Altamirano, exsubsecretario de Gestión Marina y Costera; Patricia Serrano, exdirectora Nacional de Asesoría Jurídica del MAE; Paul Sotomayor, director de Avalúos y Catastros, José Noritz, exdirector General y Representante legal del ISSFA y para otros tres servidores relacionados. Se confirmaron nueve sanciones administrativas por 43.200 dólares. (RR)