A partir del 28 de diciembre de 2023, cuando el CNE adoptó esta decisión, corre un plazo de diez días para que la organización política presente las pruebas de descargo.
En un oficio de dos páginas enviado hoy, 3 de enero de 2024, por la asambleísta Gissella Molina (Movimiento Gente Buena-Fuerza de Valientes) a la titular del ente electoral, Diana Atamaint, le pide que informe el destino que tendrán las firmas del Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático, MOVER (antes Alianza País, fundado en 2006 por el expresidente Rafael Correa), y qué garantías existen de que no serán endosadas a futuras tiendas políticas en proceso de creación.
El pedido de Molina se produce una semana después de que el pleno del CNE inició el proceso de cancelación de MOVER tras acoger un informe de la dirección de Asesoría Jurídica en torno a que no alcanzó al menos el 4% de votos en las dos últimas elecciones, y no consiguió un alcalde ni un escaño en la Asamblea.
Gisella Molina opina que la intención sería dar de baja al movimiento MOVER para que las aproximadamente 1.500.000 firmas de sus adherentes sean trasferidas al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
A partir del 28 de diciembre de 2023, cuando el CNE adoptó esta decisión, debía correr un plazo de diez días (desde la notificación) para que la organización política presente al Consejo Electoral las pruebas de descargo para evitar la eliminación definitiva. (SC)