A pesar de que esos combustibles tienen precios congelados desde octubre de 2021, la dirigencia indígena se empecina en esa exigencia.
Aunque la dirigencia del movimiento indígena haya repetido en múltiples ocasiones que solo depondrá las manifestaciones y cierres de vías cuando el Gobierno acoja todos los 10 puntos de su listado de peticiones, la realidad es que el primero de esos puntos es el que les interesa por encima de todo.
Ante cuestionamientos sobre si las medidas anunciadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, eran un buen punto de partida para sentarse a dialogar y dejar de paralizar el país, Lourdes Tibán, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Mulalillo y exasambleísta por Pachakutik, minimizó esas medidas. Incluso aseguró que no sirven de nada mientras no se cumpla con la exigencia de reducir el precio de la gasolina extra y el diésel.
“La primera respuesta, la más fuerte tiene que ser el punto número uno. Ahí dice no subir la gasolina y hay un planteamiento. El problema es que el Gobierno no hizo caso después de los diálogos que tuvimos el año pasado. Son términos de fondo y no de forma. Lo otro es de forma. ¿Quién utiliza urea en Cotopaxi? No todos los productores utilizan urea, no se sienten identificados con esos insumos”, dijo durante una entrevista en Ecuavisa
En otras palabras, para el movimiento indígena temas como el subsidio al precio de la urea, más recursos para préstamos con interés a la mitad desde Banecuador, aumento del Bondo de Desarrollo Humano o el incremento al doble en el presupuesto para la educación intercultural carecen de valor.
Como en octubre de 2019, solo quieren que se baje el precio de los combustibles. En concreto, en el primer punto de sus pedidos se exige la reducción del precio del galón de diésel de $1,90 a $1,50. En el caso de la gasolina extra, la caída sería del $2,55 a $2,10 por galón.
Una exigencia cara y poco efectiva
La reducción de los precios de la gasolina extra y el diésel representarían al menos $2.000 millones más de gasto en subsidio a los combustibles. Con eso, el gasto total en ese subsidio no sería menor a los $5.000 millones durante 2022.
Ese monto es 48% más de lo que está presupuestado para salud pública en todo el año;2,63 veces más que los $1.900 millones destinados a bonos y ayudas sociales; o 10 veces más que lo entregado en créditos agrícolas a través de Banecuador durante este año.
Ramiro Burbano, economista e investigador de desarrollo social, explicó que el pedido del movimiento indígena no tiene pies ni cabeza. Además, es ineficiente y costoso.
“Los precios de esos combustibles están congelados desde octubre de 2021 y ya generaban un fuerte gasto en subsidios de $3.000 millones antes de las exigencias de reducirlos más. Estudios de varios organismos internacionales apuntan a que ese gasto beneficia hasta cuatro veces más a los sectores de más ingresos”, puntualizó.
Además, Burbano recordó que, en octubre de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno llegó a ofrecer al movimiento indígena que la mayoría de lo ahorrado por la eliminación de los subsidios vaya a un fondo de apoyo al agro. Ese fondo incluso iba a ser administrado por las propias comunidades; pero la respuesta fue que se quería el subsidio.
“La intención antes como ahora es completamente política. Cómo se puede generar un diálogo real con ese nivel de dogmatismo”, añadió Burbano.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, recalcó que, de la misma manera que se exigen gasolinas más baratas, se debería aportar soluciones para las fuentes de financiamiento del mayor gasto público.
“Ya se debería estar haciendo un proyecto de Ley para financiar el subsidio de los combustibles que este año ya se presupuestaba en $3.000 millones y subiría a $5.000 millones si se bajan los actuales precios de diésel y extra. ¿Se mojan el poncho en la Asamblea?”, afirmó.
De acuerdo con Ortiz, el sacrificio fiscal necesario para cumplir con la exigencia del movimiento indígena es equivalente a aumentar la tasa de IVA que se cobra en el país entre 6 y 10 puntos.
Si no se toman ese tipo de medidas, lo único que queda es destinar más del esfuerzo de las personas y empresas que contribuyen al fisco a un solo fin; mientras por el otro lado aumentan los pedidos de más gastos para seguridad, salud, educación, bienestar social, entre otros.
Por eso, el ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró, durante una entrevista con LA HORA, que bajar los precios de la extra y el diésel es “insostenible socialmente e injusto socialmente”. (JS)
Producción en cifras
- Entre 2014 y 2021, el Estado gastó un total de $22.000 millones en subsidios a los combustibles. Eso se sumó directo al déficit fiscal y es parte de las razones de fondo del alto endeudamiento público.
- En promedio, el costo por galón de la gasolina extra está en $4,50 en América Latina. Es decir, 78% más caro que el $2,55 por galón en Ecuador.
- Ell costo del galón de diésel es de $3,87 en América Latina. Estoes casi 104% más costoso que el $1,9 por galón en Ecuador.
Reducir el precio de la gasolina súper y el diésel se comería completamente los $1.200 millones de ingresos extras por los altos precios del barril de crudo en 2022.