FUT desempolva un proyecto de 2012 y lo vende como la alternativa a reforma laboral del Lasso

OPOSICIÓN. Los sindicatos vuelvan a salir a las calles para protestar contra el gobierno y sus reformas.
OPOSICIÓN. Los sindicatos vuelvan a salir a las calles para protestar contra el gobierno y sus reformas.

Según el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), luego de un análisis de dos años con la colaboración de profesionales de derecho y organizaciones sociales, se elaboró el proyecto de un nuevo Código Laboral que presentaron el pasado 20 de octubre 2021 en la Asamblea.

Mesías Tatamuez, dirigente sindical desde hace décadas, aseguró a varios medios de comunicación que no se consideró necesario invitar a gremios patronales, de la producción ni al Gobierno.

Además, dijo que la socialización de la iniciativa no es su responsabilidad sino del Legislativo. Por eso, el proyecto se conoce solo de manera parcial y no ha tenido un proceso transparente de elaboración, a pesar de que esas actuaciones son las que más se critican del Ejecutivo.

Sin embargo, esta propuesta, creada para oponerse a las reformas laborales del Gobierno de Guillermo Lasso, es en lo medular casi la misma que ya elaboró el FUT hace casi 10 años.

En otras palabras, en 2012 el sindicato presentó un proyecto de Código de Trabajo, el cual se puede revisar en la página web de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores (Cedocut).

En esa época ya se incluía, por ejemplo, la licencia de 3 días por matrimonio y calamidad doméstica; o el permiso para estudios en el exterior (sin perder el puesto de trabajo).

Asimismo, ya se hablaba de que el pago de los fondos de reserva se realice desde el tercer mes de trabajo y no después del primer año como establece la normativa vigente.

Antes como ahora, el FUT reconoce que no tiene estudios financieros que sustenten y determinen el impacto de este tipo de medidas.

Tampoco es una novedad la prohibición de pedir exámenes médicos, pruebas de embarazo, pruebas de VIH como requisitos para la contratación.

En donde si hay cambios (en relación de la propuesta de 2012) es en temas como el establecimiento de cupos laborales para personas trans, permiso de tres días en caso de sufrir dolores menstruales invalidantes o incapacitantes; y la ampliación de la licencia de maternidad y paternidad a 16 semanas.

Más poder a los sindicatos y rigidez laboral

Hace casi una década, el FUT proponía que el reglamento interno de trabajo sea elaborado por el empleador, pero con un fuerte poder de veto desde los sindicatos. Ahora, se busca que los sindicatos más representativos del lugar de trabajo creen ese reglamento y el Ministerio de Trabajo lo avale, sin participación del empresario.

En lo medular, es decir, en las modalidades de contratación, la propuesta es poner más candados a lo ya existente.

Antonio Viteri, economista, aseguró que se continúa con la larga tradición ecuatoriana de creer que la ley debe modelar la realidad.

“En los últimos años, y mucho más con la pandemia, las normativas deben responder a los cambios sociales y económicos; no pretender que no existen. A través de una ley no se puede decretar que todos reciban el mismo salario por hacer las mismas cosas, o que este sea equivalente al valor de la canasta básica”, puntualizó.

La flexibilización, o modalidades menos rígidas de contratación, son malas palabras para los sindicatos. Por eso, incluso en los contratos de temporada se establecen restricciones como que los mismos empleados deben ser enrolados de manera indefinida cada año. En otras palabras, siempre se trata de buscar a como dé lugar contrataciones indefinidas. (JS)

Más costo por despido

 En la legislación actual, el pago de indemnización por despido intempestivo es de tres salarios mensuales cuando la persona es desvinculada hasta los tres años de servicio, o de un salario por cada año si se pasa de ese periodo.

La propuesta de los sindicatos establece que la indemnización debe ser siempre de un salario por cada año de servicio, sin tomar en cuenta cuando se produjo la desvinculación.

En comparación con los vecinos más cercanos (Perú y Colombia), la normativa ecuatoriana establece los costos más altos de despido.

Esta realidad, sobre todo en el caso de las micro y pequeñas empresas, es un factor importante que desincentiva la creación de nuevos negocios.

Actualmente, un contrato formal de trabajo es un beneficio real para 600.000 de los más de 3 millones de ecuatorianos con $400 o más de ingresos mensuales.