Funcionarios de justicia están bajo amenazas y poca protección

JUSTICIA. En Ecuador hay más de 400 jueces y 845 agentes fiscales.
JUSTICIA. En Ecuador hay más de 400 jueces y 845 agentes fiscales.

Al menos seis han sido asesinados y otros dos han sido víctimas de tentativas. Los casos de protección duran seis meses.

Luego del asesinato del fiscal Édgar Escobar, a plena luz del día, en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, se han hecho más evidentes las amenazas y atentados a los que están expuestos los servidores judiciales en el país como jueces, fiscales, peritos y guardias de cárceles.

Según un informe policial, de estos servidores siete han sido asesinados, en lo que va de 2022 (ver recuadro).

Cuando un funcionario, por ejemplo, un fiscal es amenazado debe llenar un formulario en la página web del Consejo de la Judicatura,

en el caso de guías penitenciarios u otros servidores se debe solicitar la protección desde Talento Humano o a la Dirección del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El pedido pasa a la Policía, donde se evalúa el nivel de amenaza. Cuando se determina la necesidad de protección se asignan grupos de élite y se recomienda a la persona que está bajo amenaza tomar medidas de autoprotección.

Solicitudes de seguridad

La seguridad puede durar seis meses y extenderse de ser necesario. Esto, sin embargo, es considerado insuficiente, por lo que los funcionarios han solicitado tomar nuevas medidas para resguardar su integridad.

 La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) emitió una lista con solicitudes para poder ejercer con seguridad sus  funciones. “Los jueces hacemos mucho más que emitir sentencia, hasta ponemos de nuestro bolsillo para cubrir la carencia de suministro y todos los días exponemos nuestra vida, sobre todo quienes trabajamos en materia penal porque laboramos en unidades judiciales inseguras”, denunció Heidy Borja, presidenta de Asociación Ecuatoriana de Magistrados-núcleo Guayas.

Agregó que están exigiendo las “condiciones mínimas de seguridad” y que su labor no puede costarles la vida.

Entre las peticiones está la de implementar anillos de seguridad en el perímetro de las unidades judiciales donde se estén tramitando casos relacionados con el crimen organizado.

También piden un circuito de videovigilancia en las unidades judiciales, con conexión directa al ECU 911; resguardo policial en las unidades judiciales, con la obligatoriedad de que los policías revisen y registren a los usuarios, e implementar detectores de metales y tecnologías para la detección de artefactos explosivos.

También piden que las puertas de las unidades judiciales tengan salidas distintas para usuarios y funcionarios, que el informe de perfil de análisis de riesgos se tramite en un plazo máximo de 24 horas y que los funcionarios reciban instrucción sobre situaciones de riesgos, iniciando con los jueces penales, con un curso que se llame Seguridad institucional y autoprotección.

Borja señaló que hay 475 jueces (a escala nacional), que ejercen su función en materia penal, de estos 75 están en Guayas.

Pero, según informes de perfil, solo uno reporta alto nivel de riesgo.

Jessica Cañadas, parte del equipo jurídico de la Asociación, detalló que para que un magistrado obtenga una medida de protección, debe cumplir con una serie de requisitos: Llenar el formulario del Consejo de la Judicatura, para que luego pase al Ministerio del Interior y que este disponga a la unidad especializada de la Policía que haga una evaluación de riesgo.

La necesidad– dijo Cañadas– es que hasta que les provean un dispositivo de seguridad permanente, deben disponer uno temporal con la coordinación directa del solicitante y la subdirección a cargo.

“Se requiere una normativa actual y eficaz para que haga frente a la situación de desprotección que vivimos a escala nacional y que ha traído como resultado una aterradora inseguridad a todos los funcionarios judiciales”, agregó. (AVV)

Asesinatos y tentativas a servidores judiciales

30/ 1/ 2022: Manabí, asesinato a guía penitenciario.

8/3/ 2022: Esmeraldas, asesinato a un guía penitenciario.

30/ 4/ 2022: Guayaquil, asesinato a un guía penitenciario.

5/5/2022: Santo Domingo, tentativa de asesinato a un fiscal.

25/5/2022: Manabí, asesinato a una fiscal.

25/5/2022: Manabí, asesinato a un asistente fiscal.

15/8/2022: Babahoyo, asesinato a un fiscal.

19/9/2022: Guayaquil, asesinato fiscal.

19/9/2022: Sucumbios, tentativa de asesinato a un juez.

 Fuente: Policía Nacional- LA HORA

En lo que va de 2022 se ha registrado el doble de muertes de funcionarios judiciales, que en años pasados. 
 A nivel nacional, 21 fiscales y 13 jueces tienen medidas de protección.