El Consejo de la Judicatura tiene el desafío de que los jueces y quienes administran justicia deben venir de procesos rigurosos de evaluación.
La Constitución de 2008, considerada por varios juristas como extremadamente garantista, reforzó una serie de acciones para la protección de los derechos humanos, entre ellas las medidas cautelares, el habeas data y el habeas corpus.
Estas pueden ser conocidas y resueltas por cualquier juez en el territorio nacional; acciones que deberían proteger a los ciudadanos ante posibles violaciones a los derechos humanos, pero en Ecuador, han sido utilizadas de forma antojadiza, sistemática y arbitraria.
En los últimos meses el uso de esa figura legal ha sido cuestionado porque ha fomentado la impunidad en casos de evidente corrupción pública.
Evasión de procedimientos
Aunque los jueces, al conceder cualquiera de estas medidas ayudan a evadir los procesos judiciales, no pueden ser enjuiciados por prevaricato. Están exentos por decisión de una sentencia de 2011 dictada por la Corte Constitucional (CC) en la gestión de Patricio Pazmiño, y ratificada en 2018 por el entonces presidente de la CC, Alfredo Ruiz.
En el ámbito administrativo, los jueces también están relativamente blindados ya que por una resolución de la CC, el Consejo de la Judicatura (CJ) solo puede sancionar por error inexcusable o dolo, siempre y cuando un juez superior considere que así ha ocurrido.
Entonces, ¿cómo encaminar a la Justicia a un futuro donde se garantice el debido proceso y no se ponga en entredicho a los operadores de la administración? Constitucionalistas, abogados y catedráticos plantean alternativas.
Para el constitucionalista Stalin Raza, es necesario emprender en reformas legales urgentes que lleven a precisar -no limitar- cuáles son los alcances y requisitos de estas garantías.
Se debe ir más allá
Pero este no es el único problema que acarrea la Justicia. Raza considera que una reforma también debe apuntar a eliminar la bicefalía que hay entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Corte Constitucional. Para él, solo debería existir una Corte Suprema de Justicia que se encargue del control constitucional, que conozca los casos de fuero donde se resuelven los juicios penales de los funcionarios públicos de alta jerarquía como Presidente, asambleístas o ministros.
La Justicia debe descentralizarse para que los recursos de casación los resuelvan las cortes distritales. Los jueces especializados deben conocer casos de garantías jurisdiccionales para que no se repitan los problemas por la manipulación que jueces de cantones o provincias ejecutan en sus fallos. El Consejo de la Judicatura debe ocuparse de la capacitación a través del mecanismo de ‘Escuela Judicial’.
La ética judicial Xavier Palacios, abogado, dice que para elevar la profesionalización se debe emprender de “manera objetiva” en el proyecto de la Escuela de la Función Judicial, para mejorar y fortalecer los criterios técnicos
Los magistrados deben aprender a sancionar a los jueces inferiores o superiores cuando evidencian abusos del derecho. “Si estas acciones no son corregidas, los jueces inferiores piensan que tienen un cheque en blanco para hacer lo que bien les parezca”, señala.
Desde la academia, Dayana León, docente universitaria, destaca la importancia de que se instaure un sistema de justicia “real”, con valores éticos, que se sustente en la verdad. y que responda a las necesidades del ciudadano común. Además, de ser el caso, se garantice una reparación integral de quienes se consideren víctimas y responder a los principios de igualdad y no discriminación.
También recomienda una capacitación de calidad y permanente a todos los operadores de Justicia, y que se mejore la calidad del trabajo de los jueces no solo en cuanto remuneración, sino a las condiciones laborales, incluyendo protección contra presiones y amenazas.
Falta de independencia judicial
Lolo Miño, constitucionalista, cree que la situación de la Justicia es preocupante desde varias aristas. La primera relacionada con la falta de independencia que se evidencia por la injerencia de otros poderes públicos en sus decisiones, especialmente aquellas que tienen contenido político.
La jurista señala un problema que afecta a la Justicia desde hace tres décadas. Las denuncias de injerencias llegan por la intervención de políticos en fallos en asuntos penales, civiles y tributarios. Antes la Corte Suprema, y hoy llamada Corte Nacional, el máximo tribunal de Justicia del país, se ha visto involucrada en escándalos por supuestas ‘metidas de mano’.
Pero también, recuerda Miño, la creciente ola de corrupción en el interior del sistema que da como resultado decisiones contrarias a derecho.
No es un problema de fácil solución, pues es parte de una cultura política enraizada desde hace décadas por controlar la Justicia como forma de vigilar las decisiones importantes del país.
El deterioro judicial se podría superar con concursos que sean “verdaderamente” de méritos y oposición. Si bien estos son procesos públicos, aún están revestidos de opacidad y de falta de rigor técnico por lo que muchas veces -no siempre- no van los mejores. (SC)
12,16% de calificación
La Función Judicial tiene apenas un 12,16% de calificación positiva. Esta evaluación corresponde a la encuesta de la firma Click Report del 12 al 14 de agosto de 2022. Francis Romero, director de la firma, alerta que la Justicia es una de las instituciones que más se ha desprestigiado. Se debe a que no tiene un norte.
Hay fallos “escalofriantes” y “nada objetivos”, a pesar que este debe ser el equilibrio que requiere el Estado para que la crisis de delincuencia e inseguridad empiece a disminuir.
“Es necesario transparentar y digitalizar la Justicia para que el ciudadano común pueda fiscalizar de manera sencilla y directa el trabajo de los jueces”.
Lolo Miño, constitucionalista