Fiscalía General del Estado investiga la participación de Javier Córdova en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez escuchará los alegatos de la defensa del exfuncionario para tomar una decisión.
El fiscal general del Estado (FGE), subrogante, Wilson Toainga, emitió hoy 29 de julio de 2024, dictamen acusatorio contra Javier Córdova, exministro de Minería del gobierno del expresidente Rafael Correa, por su presunta participación como autor directo en el delito de enriquecimiento ilícito, y pidió al juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, sea llamado juicio.
En la presentación de los elementos de convicción, en medio de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal subrogante relató que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, Javier Córdova ocupó varios cargos públicos en calidad de ministro del Interior, de Recursos Naturales No renovables, y de Minería.
El presunto delito de enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279, incisos 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de la libertad de siete a diez años.
Según la teoría fiscal, durante ese periodo se habría producido un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado a través de actividades financieras como el pago de valores por parte de terceras personas a través de dinero en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documenta
Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado.
Además, versiones y el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de $224.881, el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858, más 166.476,85 (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de $1’141.669, monto que correspondería al presunto enriquecimiento ilícito. La instrucción fiscal durará noventa días.
El 10 de enero de 2024, el juez Marco Rodríguez acogió una solicitud fiscal y dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso su localización y captura. Desde entonces, también se ofició a la Interpol para que rastree su ubicación en Colombia y Estados Unidos, y ordenó la retención del dinero que mantenga el procesado en las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir y enajenar bienes inmuebles y vehículos por un monto de $1’141.669. (SC)
NOTA RELACIONADA