La Fiscal General aseguró que el proceso contra el Defensor del Pueblo es por presunto abuso sexual y no por el informe del paro de octubre 2019.
El martes (31 de agosto 2021), durante su comparecencia por el juicio político en su contra, el defensor del pueblo Freddy Carrión aseguró que el proceso penal que se le sigue es consecuencia de persecución política.
“Que María Paula Romo y la fiscal Diana Salazar se mantenía en contacto y disponían lo que se inicie o no en cuanto materia penal. A tal punto que yo era el objetivo para bajarme. Textualmente me dijo: hay que bajársele al Defensor del Pueblo porque no le vamos a perdonar que haya puesta una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el Presidente y los ministros”, aseguró.
Hoy, 1 de septiembre de 2021, la fiscal General Diana Salazar rechazó esas afirmaciones y afirmó que Carrión está procesado por presunto abuso sexual y no por el informe que presentó sobre las protestas de octubre 2019.
Según la funcionaria, la Fiscalía tuvo una actuación independiente y apegada a la ley durante y después esas protestas. Además, aseguró que la teoría de la persecución política se termina de desvanecer con el hecho de que las tres personas que elaboraron el informe presentado por el Defensor del Pueblo no están involucradas en ninguna investigación penal.
Ellas son Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Javier Zavala Egas. «La Fiscalía colaboró con información para los miembros de la comisión siempre que fue requerida», añadió Salazar.
Con respecto al proceso por abuso sexual, la Fiscal aseguró que existen 36 evidencias contra Carrión; añadió que no se pueden develar porque tiene reserva mientras no se llegue a juicio.
«No se persigue personas, sino delitos«, añadió. Uno de los principales de elementos de convicción es el testimonio del ex ministro de salud, Mauro Falconí, cuya pareja sería la victima del ataque sexual del defensor del pueblo.
Salazar puntualizó que se le notificaron sobre los hechos a las 09:00 del día del incidente (16 de mayo 2021), a pesar de que la Policía tuvo un primer reporte a las 00:20. En ese primer reporte ya se habla de violencia sexual.
El juicio político en la Asamblea se basa en que Carrión incumplió el toque de queda y utilizó ilegalmente bienes públicos para llegar a la casa del exministro Falconí durante ese día.
La Fiscal aclaró que el Defensor del Pueblo no tiene un proceso penal abierto por esos temas, pero están incluidos como elementos de convicción en el juicio por presunta violencia sexual.
Dinero encontrado es parte de otra investigación
En la comparecencia del 1 de septiembre 2021, se enunciaron varias dudas sobre la procedencia de $46.570 encontrados en la casa del exministro Falconí, cuando se realizaron los peritajes por el delito de presunto abuso sexual.
Al respecto, Salazar afirmó que el dinero se encontró dividido en dos partes, tanto en el dormitorio principal como en otro aledaño.
La fiscal aseguró que esa evidencia se encuentra en custodia porque es parte de otra investigación, la cual se estaba llevando a cabo desde tiempo antes.
En concreto, la investigación tiene que ver con un posible peculado en un contrato de pruebas rápidas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
El presidente de la comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, insinúo que la contratación está ligada a los escándalos de corrupción en el municipio de Quito; pero Salazar dijo que no puede confirmar ni negar esa afirmación mientras no se llegue al juicio. (JS)
DATO.- Freddy Carrión se encuentra en prisión preventiva desde el 17 de mayo 2021
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