La denuncia fue realizada por Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. Ya se abrió la indagación previa. (Actualizada el 14 de noviembre a las 12:00)
La difusión de supuestos mensajes del que sería el celular del asesinado Fernando Villavicencio ha provocado no solo que se agiten las redes sociales, sino una denuncia penal para saber quién o quiénes fueron los que divulgaron información reservada.
Este Diario accedió a la denuncia penal de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio. El pasado ocho de noviembre ingresó el escrito en la Fiscalía General del Estado. Esto para que las autoridades den con los autores y cómplices de la filtración del supuesto contenido del teléfono celular de Fernando Villavicencio. «Supuesto» porque Sarauz pone en duda que el contenido sea igual al que debe tener el FBI.
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En la denuncia, ella y su abogado, Hugo Espín, aunque no señalan a los presuntos autores del delito, menciona varios nombres al detallar, el que sería, el camino que recorrió el teléfono hasta llegar a la filtración.
En la denuncia se asegura que Christian Zurita y Cristiana Solorzano habrían hecho dos copas del teléfono ”sin autorización» (algo que ha sido negado por Zurita). Una de ellas habría ido al FBI. Pero esto luego de que el teléfono pasó, al parecer el mismo día del asesinado de Villavicencio, el 9 de agosto del 2023, de manos de policias a las de César Gonzaga, quien se desempeñaba como “chofer”. En otras versiones del caso, él habría sido el jefe de seguridad de la campaña del candidato asesinado.
Ella señala que “sin justificación alguna, se excluyó de la cadena de custodia dicho aparato telefónico (el día del asesinato) y fue entregado a una tercera persona por la Policía”, que sería Gonzaga.
Gonzaga es la persona que habría entregado el celular a la hija de Villavicencio, Amanda. Y ella, a su vez a Christian Zurita.
“Estos elementos son de trascendental importancia para establecer la veracidad o no de los chats de mensajería WhatsApp que se encuentran circulando por medios de comunicación y que Christan Zurita ha reconocido como ciertos”, dice el escrito de seis páginas.
Menciona que los archivos fueron presentado en la red social X por la candidata del correísmo Priscila Schettini, quien aseguró en una entrevista que serían los mensajes del teléfono. Ella lo hizo un día antes, dice Sarauz, que el medio La Posta. Y relata algunas de las acciones de Andersson Boscán y Mónica Velazquez al difundir el supuesto contenido, desde el 7 de noviembre pasado y desde Canadá.
Recuerda que la Fiscalía, que tiene una copia del contenido, aseguró que el teléfono está en poder el FBI.
Sarauz quiere que se investigue todo. De hecho, cree que se ha configurado el delito de circulación de información restringida (art.180 del COIP) que sanciona a las personas que difunden información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista de la ley, o sobre de niños, niñas u adolescentes que vulneren sus derechos.
El celular de Villavicencio es parte de una indagación reservada sobre los autores intelectuales de su asesinato, esto a más de la investigación que no ha sido cerrada por el FBI.
La sanción para los culpables, en caso de que la Justicia hallé las pruebas suficientes, es de uno a tres años de prisión.
La Fiscalía abrió una indagación previa y ya han dado paso a algunos pedidos de diligencias
La Fiscalía ya abrió una indagación previa a raíz de la denuncia de Verónica Sarauz. Este Diario supo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción está a cargo del caso. Sarauz pidió a la Fiscalía rendir una versión y será recibida la próxima semana.
Además, requirió a la Policía u otras unidades especializadas que determinen “todos los portales digitales desde los cuales desde el 7 de noviembre se pretenden difundir los supuestos chats que se atribuyen a Fernando Villavicencio”.
También, que rindan las versiones las personas que pudieran tener conocimiento del hecho que se investiga y “esclarecerse la forma en que se produjo la difusión de información personal y reservada”.
Incluso los policías que estuvieron el día del asesinato. También, pedirá que se incluyan videos de la Clínica de la Mujer, el día del asesinato. (DLH)
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