Fernando Muñoz asumió la presidencia del TCE el 7 de junio de 2022, y estaba previsto que su función finalice en mayo de 2025. Minutos previos a que los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma, y Guillermo Ortega, resuelvan su remoción, Muñoz anticipó, en una rueda de prensa, lo que iba a ocurrir. Denunció que, en medio del proceso electoral para los comicios del 9 de febrero de 2025, hay intereses para tomarse el Tribunal.
En una incidentada sesión de hoy, 12 de agosto de 2024, Fernando Muñoz, que ejerció la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desde el 7 de junio de 2022, fue destituido del cargo por una mayoría de jueces con el argumento de un presunto incumplimiento de funciones en el ámbito administrativo.
Minutos previos a que los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma, y Guillermo Ortega, resuelvan la remoción de Muñoz, el entonces presidente del organismo anticipó, en una rueda de prensa, lo que iba a ocurrir.
Denunció que, en medio del proceso electoral para los comicios del 9 de febrero de 2025, hay intereses para tomarse el Tribunal; máximo árbitro jurisdiccional en época de elecciones.
«Quien quiera controlar el organismo es para direccionarlo en otro sentido o para manipular resultados; controlar las instituciones lleva a favorecer criterios; (las organizaciones políticas) iniciaron los procesos de democracia interna, luego vendrá la inscripción de candidaturas, elecciones, proclamación de resultados, impugnaciones», recordó Muñoz.
Luego, en una breve sesión del pleno, los jueces de mayoría designaron como presidenta a la jueza Ivonne Coloma, que hasta hace poco se desempeñó como vicepresidenta. El magistrado Ángel Torres, es el actual segundo al mando del Tribunal Contencioso. Para justificar legalmente la remoción, los jueces se ampararon en el Código Orgánico Administrativo.
Fernando Muñoz dejó la presidencia calificando la decisión de la mayoría de «abusiva e ilegal», y reprochando la actuación de sus colegas a quienes los señaló como «un grupo de amigos que no tienen facultad para destituir, ni remover a nadie; la remoción no tiene base legal y está en contra de la Constitución».
Señaló que las únicas funciones del Estado que pueden controlar la gestión del presidente del TCE, es la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. «Los jueces, según el Código de la Democracia están para administrar justicia, dictar sentencias y acudir a las sesiones», señaló Muñoz.
El entonces presidente del Tribunal informó, incluso, que durante su gestión convocó en mayo a un concurso para designar conjueces ocasionales, y alertó que, para tomar una decisión final para la conformación del banco de elegibles, los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega, no acudieron por cinco ocasiones sin ninguna justificación.
Ivonne Coloma justificó la decisión de removerlo del cargo. Dijo que los proyectos de sesiones del TCE están entrampados, y hay desfaces en el trámite de causas. Agregó que el TCE no cuenta con mantenimiento de su parque automotor. (SC)