Los internos de los centros penitenciarios del país pasan días sin agua ni comida. A esto se suma la falta de atención psicológica por el encierro y el brote de enfermedades.
‘Condiciones terribles y violación de Derechos Humanos permanente’, así calificó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, a la situación que viven las personas privadas de la libertad (PPL) en las cárceles del país.
Problemas de accesos a servicios básicos (agua, luz), infraestructura inadecuada, insuficiente acceso a salud física y mental, y precarias condiciones de vida fueron algunos de los aspectos que se determinaron en el informe de la Comisión de Seguridad, que conoció ayer (17 de noviembre) la Asamblea Nacional.
Entre lágrimas e impotencia, Carmen (nombre protegido) prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias. Cuenta que su hijo, de 24 años, se encuentra en la Penitenciaría del Litoral, pabellón 2, desde abril de 2021.
Ella relata que desde que ocurrió la ‘masacre’ (viernes 12 de noviembre) su hijo no ha recibido alimentación. “Recién ayer de noche me llamó del celular de un amigo a decir que les habían dado algo de comer”, dice Carmen al relatar las situaciones precarias en las que vive su hijo en una celda de 16 integrantes.
Para José Antonio Pérez, director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco- México, es fundamental que el Estado negocie y empiece invirtiendo en “los servicios fundamentales de todo ser humano: salud, alimentación, trabajo, deporte, actividades lúdicas y culturales”, como medida para reducir el nivel de violencia que se ha evidenciado en el país en los últimos meses.
Según un informe del Observatorio de Gasto Público, en 2020 el Estado destinó un presupuesto de $40’257.403 para la alimentación de 38.967 personas privadas de libertad.
Para este 2021, el presupuesto de alimentación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), bordea los $41’093.068, según información de la Fundación Dignidad, encargada de la promoción de derechos de las personas en contextos de encierro. Este monto se destinará a una población carcelaria de 37.324 PPL.
Más inversión
Desde el Gobierno se han anunciado montos de inversión en el sistema penitenciario. Por ejemplo, en agosto de este año, el entonces director y ahora encargado del SNAI, Fausto Cobo, anunció la inversión de $75 millones para la reestructuración del sistema penitenciario, en los próximos 4 años.
Este monto, señaló, se invertirá en el control y vigilancia, infraestructura, tecnología y talento humano.
En octubre se anunció más inversión pero, esta vez para reducir el hacinamiento. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, mencionó que se invertirán de $3 a $5 millones para disminuir la violencia y el hacinamiento en los centros de reclusión social.
La voz desde los Derechos Humanos
Para Vianca Gavilanes, coordinadora de la Fundación Dignidad, el Gobierno debería priorizar su inversión en mejorar la calidad de vida de los reclusos, para ella esta es la raíz del problema.
“Los centros de privación más poblados son los que no cuentan con una planificación arquitectónica. Nosotros hemos podido evidenciar que, desde su construcción, no se coordinó con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gad’s) la dotación de agua potable, por ejemplo”.
A esto se suma que, cuando suceden ‘masacres’, como la última de noviembre, que dejó 62 PPL fallecidos, se suspenden los servicios de los economatos, las visitas y, por ende, el ingreso de kits de aseo.
Frente a esto, Gavilanes resalta que, luego del último enfrentamiento entre reos, en la cárcel de Cotopaxi, que dejó ocho PPL muertos, los reclusos “estuvieron encerrados tres semanas sin bañarse, ni lavarse los dientes, ni salir de su celda”, una situación que califica como inhumana.
Añade que si el Estado invertiría en estas necesidades básicas rompería con la estructura económica ilegal de las cárceles porque, así, quienes no están alineados a delitos como narcotráfico o delincuencia organizada -que son la mayoría-, no les haría falta tantas cosas como ahora.
“Todo se cortaría si el Estado cumpliera con sus obligaciones mínimas de atención en todas las normas e incluso en recomendaciones a nivel internacional”, detalla.
Asistencia psicológica: un tema urgente y prioritario
“A mi hijo le están torturando psicológicamente. En esta última ‘matanza’ José (nombre protegido) me dijo: ‘mami vi cómo le degollaron a un compañero y cómo mataron a otros en mis narices’”, dice Carmen con indignación, mientras relata todo lo que su hijo vivió la noche y madrugada del 13 de noviembre.
Para Vianca Gavilánes, la falta de asistencia psicológica, de talleres y horas al aire libre son producto de la violencia y represión.
Ella añade que desde la Fundación Dignidad se han hecho más de 37 exhortos para atención básica como vestimenta, salud física y mental y alimentación. Denuncia que desde octubre, los PPL no tienen una alimentación adecuada.
Desde la opinión de la abogada y docente, Elsa Guerra, las medidas del Presidente se han planteado desde una mirada securitista, lo cual “pone sobre la mesa la existencia de un sistema de corrupción pero no visibiliza ni toma acciones para comprender que las muertes son de carácter estructural”.
“Los pocos servicios que tienen los internos están monopolizados por los grupos de poder”, Vianca Gavilánes, coordinadora de la Fundación Dignidad.
“Cuando mi hijo entró a prisión tuve que pagar $200 por la celda, más un porcentaje para el que manda”, Madre de un PPL de la Penitenciaría del Litoral.
En la Penitenciaría del Litoral es común el brote de enfermedades como tuberculosis, por la falta de asistencia médica y sanitaria.