El delincuente armado de un cuchillo quiso amedrentar a la pareja de ciclistas, quienes se defendieron y evitaron el robo. El asaltante fue detenido más tarde por miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano
La inseguridad en Quito aumenta. Nuevamente las redes sociales sirvieron para denunciar mediante un video, como el sábado 9 de octubre del 2021, a una pareja de ciclistas un delincuente, armado con un cuchillo, intentaba asaltarles mientras daban un paseo en el parque Metropolitano Guanguiltagua, en el norte de Quito.
El hecho está grabado en video por uno de los ciclistas que llevaba su cámara en el casco, quien forcejea con el delincuente, por lo que el delincuente pierde el cuchillo y el ciclista empieza a amedrentarlo con el arma.
Sin embargo, el delincuente no retrocede y continúa amenazando por unos segundos. Después de ser confrontado, huye del lugar y la víctima corre tras de él hasta llegar a su bicicleta que estaba caída en el piso.
El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales, en donde la gente dejaba sus criterios y rechazaba la ola de inseguridad que vive la capital. Señalaban que este tipo de incidentes no solo ocurre en el parque Metropolitano, sino en otros como Bicentenario, antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, y en las calles.
En horas de la tarde, miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano informaron sobre la detención de la persona que aparece en el video con una camiseta a rayas blanco con rojo a la altura de la avenidas Naciones Unidas y 10 de Agosto, según consta en una publicación de la entidad de seguridad municipal, y portaba un arma blanca y cuatro teléfono celulares sobre los cuales no pudo justificar su procedencia. El delincuente fue entregado a la Policía Nacional. (RR)
La Policía no tiene cómo enfrentar a los delincuentes
La Policía Nacional no tiene las herramientas legales para sancionar el porte de armas blancas. Chile y Argentina multan económica y penalmente el porte de armas corto punzantes.
La falta de una normativa y la facilidad de obtener las denominadas armas blancas (cuchillo, navaja, puñal y otras similares) han determinado que el uso de estas aumente en el cometimiento de asaltos y robos a personas. Según estadísticas, al menos el 70% de los victimarios utiliza cuchillos.
Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 63% de los delitos se usaron armas blancas indicó el teniente coronel de la Policía Nacional, Xavier Chango, quien considera que se debería aprobar una normativa que regule el porte y tenencia de las mismas. En cuanto a delitos con armas de fuego fue del 18%; y, el 19% con armas contundentes (palos, bates, piedras).
Chango señala que cada vez hay más uso de armas blancas en los delitos que se cometen. ”Los delincuentes necesitan intimidar a la víctima y usan las armas blancas que son más fáciles de conseguir”.
Estuardo Cruz, el pasado 19 de septiembre de 2021, fue asaltado en las afueras de su casa en el sector de la Kenedy, en el norte de Quito, por dos personas que portaban cuchillos. Fue intimidado y le robaron su billetera y la computadora.
El jefe policial indica que no hay legislación que sancione el porte de arma blanca. Cuando la Policía hace operativos lo único que puede hacer es retirar los objetos pero no se puede sancionar a quien los porte.
Debate sobre una ley que controle el uso
Se espera que de aprobarse una normativa, esta permita sancionar a quién porte armas blancas sin justificación. Las sanciones serían económicas y comunitarias, a fin de evitar que esto conlleve a un mayor hacinamiento en las cárceles.
No todos están de acuerdo con que se expida una ley. El politólogo de la Universidad Central, Mario Unda, asegura que no se puede tener normativas sobre cosas específicas. “Yo no creo que se deba legislar sobre normativas puntuales, sobre temas específicos, sino hacer una mirada social más amplia del porqué de la violencia, de lo contrario, a cada momento se va a repetir y nos vamos a preocupar de una solución puntual o de otra y el origen sigue sin ser tocado”, dijo.
¿Qué se ha hecho?
Hasta que se apruebe alguna normativa se ha buscado la colaboración de los municipios, para que a través de una ordenanza se regule el porte de las armas blancas en espacios públicos.
En el caso de Quito, el año pasado, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad de la Alcaldía, trabajó en dos ordenanzas. Una que prohíba el porte de cuchillos, navajas o puñales en lugares públicos. Otra para quienes consuman estupefacientes en la vía pública; sin embargo no se han aprobado.
Por su parte, la Asamblea Nacional, en diciembre de 2019, hizo reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el artículo 83 se agregó un inciso que faculta a la Policía el retiro de armas blancas encontradas en los registros efectuados en lugares públicos, concentraciones y otros sitios.
¿Qué pasa en otros países?
Un estudio realizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), comparó la ley penal en el Ecuador con el porte ilegal y tenencia de armas blancas de Colombia, Argentina, y Chile, determinando que estos que si cuentan con una normativa jurídica donde establece un tipo de sanción penal sobre porte injustificado de armas blancas.
En el caso de Colombia, el acuerdo Distrital 517 del año 2012, explica en su artículo 1, la prohibición de venta y porte de armas. Con esta medida buscan combatir la criminalidad en entornos como Transmilenio, parques y zonas cercanas a colegios, además se prohíbe también la venta de estas armas en espacios públicos.
En Argentina la portación de un arma blanca o contundente fuera de un domicilio se sanciona con multa y arresto de hasta 10 días, salvo en el horario en que el portador las utiliza en su oficio o actividad, y siempre que no haga ostentación pública de las mismas.
En Chile se determina que, el que portare armas cortantes o punzantes en recintos de expendios de bebidas alcohólicas, que deban consumirse en el mismo local, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 1 a 4 UTM (Unidad Tributaria de Multas). (RR)
El COIP establece penas no privativas de libertad, tratamiento médico psicológico, capacitación o curso educativo, obligación de prestar servicio comunitario, entre otras.