La información en tiempo real reduce el riesgo de facturas fantasmas y detecta a quienes facturan por debajo de sus ingresos.
Desde el 29 de noviembre de 2022 regirá la obligación de facturación electrónica para todos los contribuyentes; solo con la excepción de los negocios populares con menos de $20.000 de ingresos al año.
Por eso, cada vez más se despiertan las inquietudes sobre su real impacto en temas como la evasión de impuestos; además de sus limitaciones y puntos ciegos en un país con alta informalidad y grandes vacíos en conectividad.
El primer escollo es que, con cada vez menos plazo para su implementación, menos del 30% de los contribuyentes han adoptado la facturación electrónica.
Esto, sin embargo, no preocupa a Roberto Álvarez, abogado tributario, porque explicó que el proceso está ligado a un efecto en cadena en el que mientras más pymes y grandes empresas facturen electrónicamente, cada vez más personas naturales se verán obligadas a hacer lo mismo. De lo contrario se perderán negocios, oportunidades laborales y de consumo.
“Si no lo hago tengo una gran desventaja. La adopción de la factura electrónica se vuelve una necesidad. Además, si tengo un teléfono inteligente y una conexión a Internet, ya no existe excusa”, dijo.
Sin embargo, matizó que uno de los principales puntos ciegos son los sectores rurales más pobres, donde hay mala conexión a Internet. Por eso, en primera instancia, se dejó de lado a los negocios populares. En este punto, el esfuerzo debe ir de la mano con el Ministerio de Telecomunicaciones y las operadoras privadas para que las brechas se cierren.
Cascabel a la evasión
Ya existen experiencias en otros países de la región como Colombia, Chile y Brasil, en los que la facturación electrónica si ha tenido un impacto importante en reducir las declaraciones fraudulentas y la evasión fiscal.
Javier Bustos, abogado tributario y docente universitario, puntualizó que con la facturación física existe un amplio campo de acción para que los contribuyentes reduzcan sus ingresos.
“Se encuentran casos, por ejemplo, en donde para reducir la utilidad, y declarar menos de renta, se busca quien le dé una factura con fecha del año anterior para bajar los ingresos. Esto es posible porque el papel aguanta todo. Ahora, con la facturación electrónica, ya no se podrá sacar una factura con fecha de hace un año”, puntualizó.
Además, y mucho más importante, se puede reducir drásticamente el riesgo de facturas y empresas fantasmas.
El sistema, de manera automática, emitirá alertas cuando un contribuyente facture muy por encima de su perfil financiero habitual. Es decir, cuando, por ejemplo, un carpintero o un conserje genere ventas de miles de dólares o haga supuestas compras de edificios u otros bienes de valor considerable.
Actualmente, esas alertas se concretaban hasta 3 o 4 años después de que se hicieron las operaciones irregulares, cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) hace auditorías y controles in situ. Así, la lista de las empresas y facturas fantasmas de 2016 recién se emitió en 2019.
Perfil del contribuyente
Con la facturación electrónica, el SRI tendrá información de primera mano, pero eso, según Eduardo Domínguez, experto en ciberseguridad, también genera una preocupación sobre cómo se utilizará esa información.
“Las autoridades sabrán qué enfermedades padezco, cuáles son mis principales consumos, dónde he comido el último fin de semana, qué servicios he contratado. La ley ampara la confidencialidad de la información tributaria, pero se deben implementar soluciones tecnológicas eficientes para salvaguardar toda esa información, que no se filtre o mal utilice. El país, precisamente, está en la transición para aplicar toda una nueva normativa sobre protección de datos”, aseveró.
Por su parte, Bustos recalcó que el SRI podrá hacer todo un perfil completo de cada contribuyente. Esto va en la línea de las últimas declaraciones de Francisco Briones, director de la administración tributaria, sobre que “hay empresarios, políticos, deportistas, ‘influencers’, personajes de televisión, contribuyentes que no están pagando lo que deben pagar”.
De acuerdo con Bustos, con la facturación electrónica se podrá ver si cierta persona, con una actividad conocida, no ha facturado nada de ingresos en los últimos tres meses, a pesar de que realiza compras, viajes y altos consumos.
“Se puede llegar a tener curvas de consumo diarias de los contribuyentes e ir controlando la evasión. Encontrar inconsistencias entre el comportamiento de consumo y la facturación de ingresos. E incluso hacer mapas de pagos de impuestos en todo el país y ver dónde hay huecos”, añadió.
Además, según el mismo Briones, existen actividades económicas que han sido poco controladas, a las que se puede monitorear de mejor manera con más información en tiempo real.
Todo esto solo será posible si el SRI desarrolló un algoritmo que permita procesar la enorme cantidad de información que se generará a través de la facturación electrónica.
“El problema es no tener el algoritmo porque toda la data será inútil. La tecnología es parecida a cómo procesan la información Google, Facebook, y otras redes sociales”, acotó. (JS)
Negocios populares tendrán obligación en el mediano plazo
Aunque en primera instancia se dejó fuera a los negocios populares, en uno o dos años más, la obligación de facturación electrónica deberá ser general.
Pero incluso antes de esa obligación, se proyecta que muchos negocios populares comiencen a adoptar el sistema por necesidad, debido a que cada vez una mayor parte de los sectores productivos y económicos tendrá que facturar electrónicamente para cualquier actividad o incluso trámite.
Mientras se produce esta transición, cuyo fin último es ampliar la base de contribuyentes, una tarea inmediata del SRI debe ser filtrar si todos los que están considerados negocios populares lo son realmente.
Se debe hacer operativos, barridos, matrices de riesgo para ir evaluando la calidad de la información.
$1.000 millones más de recaudación por procesos de control
A través de la facturación electrónica y otros mecanismos, el Gobierno espera impulsar la recaudación sin aumentar los impuestos.
La meta es que, hasta 2023, se logre duplicar lo que se recauda mediante procesos de control. Actualmente el 7% (unos $1.000 millones) de todo lo que se recauda se puede atribuir a ese tipo de procesos.
Así, lo que se busca es llevar ese 7% de $1.000 a $2.000 millones. Esto sería un salto cualitativo porque no dependerá de contribuciones especiales sino de una mejor estructura tributaria que da menos espacio a la evasión.
En los últimos meses, en el contexto del pago de las contribuciones temporales sobre el patrimonio, saltaron las alarmas porque el pago en Quito es cuatro veces mayor que en Guayaquil. Ese tipo de inconsistencias se quieren analizar con mejores procesos de control.