El SNAI dice que los internos tienen derecho a la salud, a acceder a la información, a recibir visitas de amigos o familiares, etc.
El libreto utilizado es bastante similar. Jorge Glas, exvicepresidente de la República; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, ambos procesados en el caso ‘Sobornos 2012-2016’; Daniel Salcedo, acusado por presuntos actos de corrupción en hospitales públicos, y Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del correísmo, han logrado dejar la prisión argumentando afectaciones a su salud.
Las razones para que la Justicia les abra las puertas de las cárceles ha dejado una serie de perlas que compiten entre sí por el puesto a la más original.
En una de las audiencias de habeas corpus, en diciembre de 2021, antes de que Glas recibiera el beneficio de la prelibertad, declaró que “estaba en un estado lamentable mental y depresivo, que no quería seguir viviendo y que por sus múltiples dolencias tomaba 14 pastillas psiquiátricas” al día, entre antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos.
Sin embargo, cientos de privados de la libertad también padecerían las mismas enfermedades o las consideradas catastróficas e “incurables” y aunque habrían solicitado el recurso de habeas corpus, en múltiples ocasiones se les ha negado.
Para cuidar de su familia
Para lograr obtener un arresto domiciliario, en julio de 2019, Alexis Mera apeló la prisión preventiva en su contra en el caso Sobornos. Argumentó que necesitaba trabajar para pagar las empleadas para su madre de 82 años, que necesita cuidados especiales, y que su hermano, con discapacidad del 50%, sobreviviente de un cáncer de pulmón, también dependía económicamente de él. Al final, el juez decidió que el exfuncionario del régimen de Rafael Correa abandonara la Cárcel 4 de Quito.
Más problemas de salud
Pablo Romero dejó la cárcel el 22 de marzo de 2023, donde cumplía una sentencia de 9 años, luego de beneficiarse de una medida cautelar otorgada por el juez Jhon Rodríguez, de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, en Guayas.
El 21 de marzo, Rodríguez dispuso su libertad después de que su defensa argumentó que su cliente tiene problemas de salud y que para resolverlos necesitaba de ciertos equipos y medicinas que no existen en la cárcel.
Sin embargo, fuentes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) precisaron que los internos tienen derecho a acceder a la información, a recibir visitas, a la salud. Estos son derechos que el Estado tiene que otorgar.
Romero fue sentenciado por un tribunal penal de la CNJ en febrero de 2020, luego de ser extraditado de España por los cargos del secuestro al político Fernando Balda. Eventualmente podría cumplir el resto de la pena en su domicilio y sin grillete electrónico.
En un comunicado, el SNAI señaló, el miércoles 22 de marzo de 2023, que está a la espera que el juez se pronuncie por la apelación que presentó y pidió que se considere que al procesado se le coloque el dispositivo de vigilancia electrónica.
En 2020, acusado por corrupción en hospitales públicos, Luigi García, el entonces abogado de Daniel Salcedo, dijo que su defendido atravesaba por un grave estado de salud y que no podía hablar. Ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado intentaba tomar su versión dentro de la indagación de presunta corrupción en el hospital del IESS en Guayaquil. (SC)
‘Ya existen antecedentes’
El político Fernando Balda, en una entrevista desde Panamá, afirmó que no cree que Pablo Romero regrese a prisión. Agregó que “es muy posible que se fugue a Venezuela, México, Argentina, Cuba o Bolivia, donde les permiten moverse con impunidad”.
Frente a la eventualidad de que otro juez revoque la medida cautelar que dejó libre al exsecretario de Inteligencia, “¿ustedes creen que se va a dejar arrestar otra vez?”, cuestionó Balda.
Recordó que ya existen antecedentes. Relató que cuando Romero debió someterse en España a un régimen de prisión preventiva tras ser capturado por la Interpol, debía presentarse periódicamente en un juzgado mientras se resolvía su extradición, y empezó a organizar un plan de fuga. Dijo que esto está documentado después de que hizo públicos unos audios entre Romero y Rafael Correa, donde se revelaba que estaba organizando su evasión a la Justicia.
Pablo Romero estuvo recluido en la cárcel de El Inca, en Quito. Ingresó a ese lugar el 21 de febrero de 2020, al ser extraditado desde Madrid, España. Posteriormente, fue trasladado a la Cárcel 4, en el norte de Quito.