El mecanismo de estado de excepción no lleva al control del problema, sino a dar golpes de efecto.
Los atentados con artefactos explosivos como el que se registró en el barrio Cristo del Consuelo, en Guayaquil, empezaron a alertar y preocupar a los ecuatorianos desde 2021. A las 03:22 del 8 de octubre de ese año, grupos delincuenciales lanzaron explosivos al cuartel de Policía de San Lorenzo, Esmeraldas.
La detonación no derivó en daños personales, sino materiales como la caída de una pared del cerramiento del Comando.
El 29 de mayo de 2022, un coche bomba explotó en los exteriores de un cuartel de la Policía en Guayaquil, causando daños materiales.
Un episodio similar ocurrió el 25 de abril de este año, cuando un vehículo que había sido abandonado en las afueras de la cárcel La Roca (Guayaquil), explotó, sin víctimas que lamentar.
El escenario cambió este 14 de agosto último, cuando un atentado, calificado por el Gobierno como “terrorista” dejó cinco personas fallecidas, 16 heridas y cuantiosos daños materiales en el barrio Cristo del Consuelo, en Guayaquil.
El uso de explosivos y coches bomba significan una escalada del crimen organizado en Ecuador. Pero ¿por qué ocurre y cómo se puede controlar? ¿Cuál debe ser el papel de los estamentos de inteligencia?
El análisis de Daniel Pontón, sociólogo y experto en política pública y seguridad, le llevó a afirmar que el debilitamiento del sistema de inteligencia estatal provoca una limitada capacidad de reacción frente a los últimos ataques terroristas, y que podrían empezar a escalar, ya no solo con coches bomba en lugares periféricos o frente a estaciones de Policía, sino en zonas céntricas, instituciones del Estado o incluso atentados a políticos, alertó.
“Estamos en un momento muy grave porque ya hay víctimas”, advirtió Pontón, quien considera que el Estado debe modificar destrezas de inteligencia para combatir el narcoterrorismo que es distinto al terrorismo tradicional, el cual tiene fines ideológicos y políticos. El otro concepto, en cambio, tiene que ver con los intereses del crimen organizado.
Dijo que es necesario que el Estado asigne un presupuesto importante para reactivar las capacidades de la inteligencia militar y policial, que lo lleve a tener información anticipada.
El eje también debe enfocarse a la contrainteligencia para evitar o saber si existe el fenómeno de la cooptación por parte del narcotráfico a los servicios de inteligencia o fuerzas del órden público.
También se deben generar mecanismos para obtener información oportuna y que esta no sea usada por los grupos criminales. Cree que, en este momento, los antisociales se están adelantando y mantienen la proactividad frente a un Estado que actúa a destiempo.
También dejó claro que la disputa de estos grupos es un claro mensaje político al Gobierno a través de la violencia.
Inteligencia estratégica
Pontón subrayó que el Estado debe actuar de manera inteligente para debilitarlos moral y económicamente. ¿Cómo lograrlo? “Se necesita una inteligencia estratégica, más que operativa”, dijo.
Afirmó que el Estado no cuenta con inteligencia estratégica porque no tiene capacidad de anticiparse a eventos relacionados con el delito. El Estado actúa de forma reactiva con un mecanismo del estado de excepción que no lleva al control del problema, sino a dar golpes de efecto.
Juan Salguero, oficial del Ejército en servicio pasivo, responsabilizó al régimen de Rafael Correa de haber desarmado el sistema de inteligencia, y haber creado, en su reemplazo un aparataje para controlar a políticos opositores en desmedro de un control del crimen.
Coincidió con Pontón en que se debe asignar un “importante presupuesto” para reactivar la inteligencia y la contrainteligencia. Sin presupuesto, la secretaría de Inteligencia tampoco tiene gran capacidad de reacción.
Casas de Seguridad
Fuentes militares detallaron que antes del régimen correísta, en el país existían “Casas de Seguridad” y se “montaban fachadas” donde trabajaban agentes encubiertos que se infiltraron en distintas organizaciones para conocer de antemano sus estrategias. “Para disimular, teníamos que pagar arriendo, pero los presupuestos se fueron eliminando y ya no había posibilidades para pagar la gasolina o el mantenimiento de los vehículos”, contó la fuente consultada.
En el correísmo también se desmanteló la Comunidad de Inteligencia integrada por policías y militares que se reunían de manera periódica para intercambiar información de los agentes que trabajan encubiertos.
La Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) creada en la administración correísta se conformó por personas afines al régimen que sesgaba la información con fines distintos a la seguridad interna. (SC)
“Atado a una captura”
Iván Correa, secretario de la Administración Pública, dijo que los hechos ocurridos en el barrio Cristo del Consuelo están atados “seguramente” a una captura de un cuarto de tonelada de cocaína. Cuando esto sucede, las bandas criminales se enfrentan.
Aseguró que el Gobierno seguirá trabajando porque es un flagelo que no puede seguir ocurriendo en Ecuador. Según el funcionario, la inteligencia está activada; una demostración de ello son las 300 toneladas de droga incautadas en el último año. Añadió que también se trabaja en la desarticulación de las bandas criminales.
300 toneladas de droga han sido incautadas durante la administración de Guillermo Lasso