Las estimaciones sobre la evasión de impuestos sobreestiman el problema y pierden de vista los costos de cobrar todo sobre los sectores de menores ingresos y las microempresas.
Durante el reciente debate en la Asamblea, que desembocó en la derogatoria de la reforma tributaria de Lasso, legisladores de UNES, Pachakutik, socialcristianos, entre otros repitieron que la solución a la falta de recursos fiscales está en cobrar a los evasores.
En todos los casos se citó la estimación de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que asegura que la evasión de impuestos, a través de la economía sumergida, suma alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) o más de $7.000 millones al año.
Si se recaudaran esos miles de millones, que según los asambleístas salen principalmente de la evasión de grandes empresas y bancos, se tendría dinero suficiente para cubrir las necesidades del país.
La legisladora correísta Viviana Veloz llegó a decir que el cobro a los evasores es mejor que meterle la mano al bolsillo a las clases media y baja y a las microempresas con la reforma tributaria.
Sin embargo, estas argumentaciones se basan en una estimación que tiene varios puntos oscuros, según Andrés Pacheco, economista e investigador en temas tributarios. “La mayoría de los cálculos sobre la economía sumergida están mal. Los impuestos evadidos por la economía sumergida son más bajos de lo que se dice. Además, esta economía sumergida, que no es más que la suma de las actividades que buscan pagar poco o nada de impuestos al fisco, es un síntoma y no la causa de los problemas económicos de un país como Ecuador”, puntualizó.
Lejos de la realidad
Frecuentemente se dice que el tipo de fraude fiscal provoca que los gobiernos de todo el mundo pierdan millones de dólares en ingresos, los cuales podrían destinarse a hospitales, carreteras u otras obras.
Es decir, que si no existiera la economía sumergida los problemas financieros de países como Ecuador se solucionarían.
Pero, las estimaciones de la Cepal sobredimensionan el problema y no toman en cuenta sus causas. Eso podría provocar que los mayores perjudicados no sean las grandes empresas o fortunas, sino los sectores más pobres, de trabajadores autónomos y de microempresas.
En términos generales, existen tres formas de medir la economía sumergida. La primera es con encuestas, es decir, se le pregunta a la gente que cantidad de dinero defraudan al fisco.
La segunda son las estimaciones indirectas, es decir, buscar pistas de la economía sumergida y estimar qué tan grande puede ser.
La tercera, que es en la que se basa la estimación de la Cepal, es una combinación de las anteriores y se conoce como el Múltiples Indicadores Múltiples Causas.
Todos estos métodos, de acuerdo con Pacheco, llegan a la cifra mágica de que la economía sumergida, en un país como Ecuador, representa alrededor del 17% y 18% del PIB.
“A ese porcentaje se le multiplica por el pago medio de impuestos por persona y sale los miles de millones de supuesto perjuicio al fisco. Sin embargo, los mismos creadores de la metodología han aceptado, hace mucho tiempo, que las estimaciones están sobreestimadas en al menos un 40%”, recalcó.
Mirada a fondo
Cuando se habla de economía sumergida se suele culpar a las grandes empresas de ser las causantes. Pero, según un estudio de la Unión Europea, el dinero de las grandes empresas oculto en paraísos offshore a escala mundial solo representa el 0,33% del PIB.
Entonces, ¿dónde se registra la mayor parte de la evasión de impuestos? Todas las evidencias internacionales apuntan a que la evasión y el fraude tributario se da sobre todo en las micro y pequeñas empresas y en los trabajadores autónomos o independientes.
Asimismo, todo apunta a que entre más bajo sea el Índice de Desarrollo Humano, más alto será el porcentaje de economía sumergida en un país.
Lorena Carillo, economista y docente, aseveró que “la economía sumergida es un fenómeno fuertemente relacionado con la pobreza, es decir, una especie de alivio para una sociedad con bajos recursos”.
Impuestos e informalidad
Si se corrigen las estimaciones poco claras, el porcentaje de la economía sumergida cae al 11%; pero, además, se debe tomar en cuenta que si se declararan y pagaran todos los ingresos que ahora están ocultos, mucha gente preferiría dejar de trabajar o trabajar menos.
En otras palabras, más impuestos supone menos ingresos, y eso puede ser un desincentivo para amplios sectores de una economía ecuatoriana que ya es altamente informal.
Un estudio de Raj Chetty, investigador de Harvard, ha establecido que, por cada 1% de más de cobro de impuestos, las personas podrían reducir sus horas de trabajo en hasta un 1%.
Esto quiere decir, según Pacheco, que la lucha contra la evasión de impuestos está bien, pero se debe tomar en cuenta que no se puede cobrar todo porque el perjuicio para el país en términos de más informalidad y menos actividades económicas sería mayor.
Así, al final, el porcentaje de la evasión que se podría cobrar se reduce en un 79%. Es decir, se pasa del 7% del PIB de la famosa estimación de Cepal al 1,47% o alrededor de $1.140 millones al año.
Este monto le sirve a un Estado donde faltan ingresos, pero no soluciona todos los problemas como dicen los políticos.
Por ejemplo, para 2023 se proyecta un déficit fiscal de $2.600 millones y necesidades de financiamiento de $7.500 millones, tanto para pagar deudas como para hacer algo de obra pública. Solo en sueldos y subsidios se deberá gastar más de $17.000 millones. (JS)
La economía sumergida no incluye al narcotráfico y otros delitos relacionados.
El SRI trabaja en su propia estimación de la evasión de impuestos
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, ha recalcado que las estimaciones de evasión de impuestos de organismos como la Cepal no son del todo confiables.
Por eso, desde el SRI se trabaja en hacer cálculos propios que ayuden a establecer en qué terreno realmente se está pisando y poder tomar acciones más efectivas.
Para 2023, Briones ya ha anunciado que, luego de que se cierre la ventana para regularizar activos del exterior, y con ayuda del intercambio de información con países como EE.UU. y Panamá, se intensificarán los controles en el pago de impuesto a la renta de las personas.
El Gobierno también debería apuntar a reducir los costos para la formalización de los negocios (esto incluye dejar de tomar decisiones políticas en temas como el salario básico), reducir trámites y propiciar la competencia en sectores como el financiero.