El candidato presidencial de Construye, Henry Cucalón, recientemente declaró que «Es necesario que Petroecuador muera para que la patria viva». La idea central es que el Estado se convierta en regulador y se delegue la inversión en el sector petrolero a los privados. Par eso se necesitan cambios constitucionales y legales. ¿Es posible concretar esta iniciativa?
La propuesta del candidato presidencial Henry Cucalón de eliminar Petroecuador y dar completar vía libre a la inversión privada en el sector petrolero implica una serie de cambios legales y constitucionales en Ecuador.
Concretamente, durante el último programa de Políticamente Correcto en Ecuavisa, Cucalón dijo lo siguiente: «Es necesario que Petroecuador muera para que la patria viva. El rol del Estado, y hablando en materia petrolera, va a ser totalmente con el sector privado. Yo creo en un Estado que regular, no que estrangule. Necesitamos ese petróleo explotado de forma responsable con contratos de participación, no con contratos de prestación de servicios, porque necesitamos seas inversiones para generar empleo«.
Cucalón, que es candidato de Construye, a insinuado que implementaría cambios o reformas constitucionales parciales, e incluso no descarta una consulta popular o una asamblea constituyente para cambiar la carta magna aprobada en Montecristi, durante el correísmo, en 2008.
La pregunta en este contexto es ¿Qué cambios constitucionales se necesitarían para avanzar en una iniciativa como la de eliminar Petroecuador y delegar todas las inversiones del sector petrolero al sector privado, mientras el Estado pasa a un papel de regulador?
La Constitución de Ecuador establece que el Estado es el propietario de los recursos naturales no renovables y que su gestión debe realizarse a través de empresas públicas. Para permitir la participación privada en estas áreas, sería necesario reformar los siguientes artículos:
Artículo 313: Establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar sectores estratégicos, incluyendo los recursos naturales no renovables.
Artículo 316: Dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos.
Modificar estos artículos permitiría la participación del sector privado en la exploración, explotación y comercialización de recursos naturales.
Como ya analizó LA HORA en una nota sobre el sector eléctrico (otro de los sectores donde la inversión privado solo puede entrar por excepción), la clave es eliminar el concepto de los sectores estratégicos.
Óscar Del Brutto Andrade, máster en Derecho de la Universidad de Pennsylvania y docente, cree que la Constitución de Montecristi (2008) permite que, excepcionalmente, el Estado delegue al sector privado la participación en los sectores estratégicos, dejando un “sistema legal amorfo que genera confusión y que no otorga la seguridad jurídica que necesita el inversor para arriesgar su capital”.
En otras palabras, una de las partes más perniciosas de la Constitución de Montecristi es su regulación de los sectores estratégicos y la idea de que el Estado es quien debe administrarlos y gestionarlos con poca o ninguna ayuda del sector privado.
“Debemos regresar a la libertad de la Constitución de 1998”, apuntó Del Brutto Andrade.
A parte de los cambios constitucionales, también se tienen que hacer reformas a leyes y regulaciones:
–Ley de Hidrocarburos: Esta ley regula la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Sería necesario reformarla para permitir la participación privada en todas las fases de la cadena productiva, actualmente reservadas al Estado.
–Ley de Empresas Públicas: Establece el marco para la creación y funcionamiento de empresas públicas. Su reforma permitiría la liquidación de Petroecuador y la transferencia de sus activos y operaciones al sector privado.
-Regulaciones ambientales y laborales: Sería necesario adaptar las normativas para garantizar que las empresas privadas cumplan con estándares ambientales y laborales en la explotación de recursos naturales.
En este contexto, es importante tener en cuenta que las reformas constitucionales requieren la aprobación de la Asamblea Nacional y, dependiendo de la naturaleza de los cambios, podrían necesitar la convocatoria a una consulta popular. Las reformas legales también deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, siguiendo el procedimiento legislativo establecido.
En el caso de una Asamblea Constituyente, ya no se podría hacer una con plenos poderes como en Montecristi, sino que debería ser delimitada para ciertos cambios específicos.
Todo el tema de cambios constitucionales toma tiempo y además produce impactos en la actividad económica y el entorno para hacer negocios hasta que se concreten.
En una nota reciente de LA HORA, donde se analizaron los riesgos y oportunidades de los cambios constitucionales propuestos por los candidatos punteros de la actual carrera electoral, Daniel Noboa (actual presidente) y Luisa González (correísmo), la Constitución de Montecristi, de acuerdo con un análisis de Prófitas, permitió consolidar en Ecuador un Estado todopoderoso y dominado por el poder Ejecutivo, que logró cooptar las instituciones estatales y desplegó una activa intervención en la economía.
Esto aseguró un periodo de estabilidad política y gobernabilidad sin precedentes que se extendió hasta 2017, año en que el presidente Lenín Moreno inició un atropellado proceso de desmantelamiento del “orden político correísta”, que continuó durante las administraciones de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Proceso que ha derivado en la inestabilidad política y el caos institucional que Ecuador ha vivido en los últimos años.
“En buena medida, los problemas económicos y el estancamiento de los últimos años ha tenido mucho que ver con la inestabilidad política e institucional en la que hemos vivido y que no ha permitido hacer reformas importantes para impulsar el crecimiento”, acotó Sebastián Hurtado, presidente y fundador de Prófitas.
En ese contexto, tiene sentido pensar en reformar la Constitución de 2008 para establecer una nueva institucionalidad, que permita a la economía ecuatoriana avanzar. Pero, todo depende del enfoque que tenga el nuevo presidente y de los apoyos políticos y ciudadanos que logre atraer. (JS)