El país debe aprovechar sus recursos naturales para crecer y desarrollarse. Cerrar la puerta a actividades económicas lícitas generará pérdidas y menos espacio para gasto público.
El 20 de agosto de 2023, día de las elecciones anticipadas, los ecuatorianos también deberán decidir sobre una consulta popular para cerrar la explotación en el bloque petrolero ITT. Adicionalmente, los quiteños tendrán otra consulta sobre prohibir la minería en el Chocó Andino.
A continuación, aclaramos cinco mitos del discurso a favor de cerrar la puerta a esas dos actividades:
MITO 1: El petróleo y la minería no han sacado al país de la pobreza y no tiene sentido la explotación
Falso: El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, explicó que el petróleo sí provocó un cambio profundo en la economía y las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Ecuador, incluyendo la Capital, era mucho más pobre y tenía menos infraestructura entre la década de 1950 y 1970. “Quito era un pueblo. La pobreza y la falta de electrificación y comunicaciones eran mayores en las provincias. Decir que el crudo no ha aportado nada es un error de generaciones que solo vieron el Ecuador petrolero y no saben cómo era antes”, dijo
Benalcázar reconoce que ha habido corrupción, y que una parte de la riqueza se ha mal utilizado, pero en lugar de prohibir la explotación, se debería buscar eficiencia en el gasto e inversión públicas.
“No puedes culpar a la industria petrolera, o minera de que los recursos no lleguen a la gente. Los esfuerzos deben estar encaminados a la transparencia, y que el dinero que por ley se destina a la Amazonía se invierta y gaste bien”, puntualizó Benalcázar.
El 60% de las regalías deben volver a la Amazonía y el 10% de los ingresos petroleros financian a los gobiernos locales y las universidades. El dinero del crudo y la minería fluye todos los días y se debe invertir bien.
MITO 2: Dejar de explotar el ITT solo generará una pérdida de ingresos estatales de $178 millones anuales
Colectivos que se autodenominan «ambientalistas», como Yasunidos, menosprecian la pérdida económica, pero la realidad es que, solo en los últimos dos años, la renta petrolera (descontados gastos) fue de $930 millones en 2021 y $1.170 millones en 2022.
El costo de cada barril extraído promedia $15,31. En una proyección conservadora, asumiendo que no se invierte más, se generarían $13.800 millones hasta 2043.
La pérdida anual que generará la consulta por el ITT, será de $690 millones de dólares.
Pero, si se suman los gastos de cierre y la inversión desperdiciada, la pérdida total -que se traducirá en menos inversión pública y sectores prioritarios-, será de $16.470 millones en 20 años. Es decir, de dejarían de percibir hasta $823 millones de dólares cada año.
La pregunta es si el país está dispuesto a cortar más de $800 millones anuales de gasto estatal.
Si se examinan las operaciones de todo el sector público no financiero, en 2022, los ingresos por petróleo sumaron un total de $16.815 millones (exportaciones y venta doméstica). El dinero que llega al Presupuesto General del Estado (PGE), conocido como renta petrolera, es lo que queda luego de transferir a gobiernos locales, universidades, importaciones, entre otros.
Esto quiere decir que la pérdida para el país va mucho más allá de la renta petrolera.
MITO 3: No existe riesgo de demandas porque los contratos en el ITT vencen en 2023
Otro argumento a favor del sí en la consulta antipetrolera es que no pasa nada porque se dará un plazo de un año para desmontar la operación y «los contratos vigentes con proveedores se terminan en 2023».
Aunque sí hay algunos contratos que vencen en 2023, muchos otros como aquellos de perforación de pozos, reacondicionamiento de torres, servicios de transporte, entre otros, duran hasta 2025 y 2026.
Petroecuador ha firmado 74 contratos por un total de $1.171 millones para el ITT. La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y su Comisión de Petróleo-Competro, concuerda en que cerrar operaciones provocaría inseguridad jurídica y riesgo de demandas.
De acuerdo con Benalcázar, la inestabilidad y el manejo político ha hecho que solo empresas de segundo orden inviertan en el sector petrolero. El cierre del ITT ahonda el problema.
Lo mismo puede pasar en minería. Actualmente, tenemos en Ecuador invierten empresas de clase mundial, que operan con estándares ambientales más rigurosos que todas las operaciones de minería ilegal que tolera el Estado con complicidad de amplios actores políticos, porque el potencial es grande, pero la prohibición de la actividad en Quito puede terminar con eso.
Críticos de la consulta para prohibir la minería formal y legal en Quito, se preguntan por qué no hay un esfuerzo por limitar la tala forestal de maderas nobles, la minería ilegal y el tráfico de animales exóticos y salvajes, lo cual haría mucho más por preservar la biodiversidad del chocó andino que la prohibición de la operación de empresas que proveen empleo formal, pagan impuestos y regalías, y se someten a los controles ambientales que imponga el Estado.
MITO 4: Las pérdidas se pueden compensar imponiendo «impuestos a los ricos»
Según Wilma Salgado, una de las asesoras económicas de Yasunidos, el Estado mantiene beneficios tributarios (exenciones o exoneraciones) por $6.388 millones. Esa es una verdad a medias. Es correcto que el Estado deja de cobrar IVA y otorga ciertos estímulos tributarios, pero esas exenciones y exoneraciones incluyen alimentos básicos, medicinas y servicios de salud con tarifa 0%, devoluciones de impuestos y otro tipo de estímulos fiscales para empresas pequeñas, medianas y grandes, entre otros.
Reducir el ingreso petrolero, haría más difícil para el Estado sostener el subsidio a los combustibles, y ya se vio el resultado de esa medida en el paro de octubre de 2019: tres semanas de paralización social, con escuelas cerradas, con pérdidas millonarias para comerciantes, agricultores y empresarios, por igual, con muertos, heridos y absurda destrucción del patrimonio de Quito y la infraestructura vial.
Carlos Romero, economista y consultor empresarial, aseguró que no todo beneficia a los “ricos”, y aunque se pueden revisar para quitar ineficiencias, el efecto neto solo sería sacar de un bolsillo para poner en otro.
«El ITT aportó el último año más de $1.200 millones en ingresos por exportaciones.»
«No todo eso va a la renta petrolera que recibe el Estado. Se genera liquidez interna y se financia las importaciones, incluida la de los combustibles”, aseveró.
Cortar este flujo de divisas sería un atentado directo al esquema de dolarización, como afirman economistas como Walter Spurrier, y volvería insostenible el subsidio a los combustibles.
Opciones como la emisión de bonos azules, como la reciente operación que generará recursos para las islas Galápagos, en el mejor de los casos permitiría obtener, por una sola vez, entre $1.200 y $1.300 millones, es decir, el equivalente a un solo año de operación del ITT.
5 El ITT ha devastado el Yasuní y la minería solo genera destrucción
Benalcázar explicó que las actividades como el petróleo y los minerales desde comienzos de 1990 están sujetas a los más altos estándares ambientales y sociales.
Una concesión minera puede tener hasta 5.000 hectáreas para estudios preliminares o exploración, luego de 8 años, el concesionario debe devolver al Estado todas las áreas que no son de interés y focalizar sus esfuerzos en menos de 100 hectáreas.
Lo mismo sucede en un bloque petrolero, la concesión puede ser hasta de 200.000 hectáreas, pero el desarrollo se focaliza en mucho menos. En el ITT, en siete años, se han intervenido 80 hectáreas, pese a tener permiso ambiental para 300. “Intervenir en 80 hectáreas frente a más de 1 millón de hectáreas que constituyen el Parque Nacional Yasuní, para beneficio de 18 millones de ecuatorianos, sí se justifica”, concluyó Benalcázar. (JS)
Si Ecuador ya no explota el ITT ni produce minerales, el mundo no dejará de consumir 100 millones de barriles diarios de crudo y 23 billones de toneladas de minerales.
Un petrolero logró la delimitación de la zona intangible del Yasuní
En una columna de opinión, Carlos Andrés Vera, cineasta ecuatoriano, contó que fue un petrolero ecuatoriano, que en un momento fue alto directivo de la empresa Encana, quien le contó sobre los pueblos no contactados en el Yasuní.
Entre 2005 y 2006, Fernando Benalcázar, como uno de los principales directivos a cargo del bloque 17, hizo todas las gestiones para que la ministra de Ambiente de la época, Ana Albán, otros funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil conocieran la realidad de los indígenas de la zona.
Esas gestiones lograron que se delimite la zona intangible del Yasuní en 2006 y que incluso Encana devolviera el 53% del bloque 17 al Estado.
Esto demuestra que ser petrolero y tener responsabilidad social y ambiental no es incompatible; y que se puede llegar a consensos entre la industria y los ambientalistas antes de prohibir la actividad.
Vera resaltó que Benalcázar, como ecuatoriano y ejecutivo de la industria petrolera, “ha hecho más por el Yasuní y los pueblos ocultos que la mayoría de los activistas ambientales que conozco”.