Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dice que los grupos delictivos del mundo buscan impunidad. Por otro lado, afirma que está a favor de la consulta popular.
El accionar del sistema de justicia ha sido cuestionado por diferentes procesos en los que se han observado irregularidades y desde el Ejecutivo se buscan cambios a través de una consulta popular.
Por ejemplo, LA HORA publicó que tres casos que involucran a funcionarios del anterior gobierno se ventilan en las cortes sin que todavía existan sanciones en firme. También recogió casos de jueces que actúan fuera de su jurisdicción y con sus decisiones han favorecido a empresas.
A esto se suma la polémica por la destitución de 26 jueces por parte del Consejo de la Judicatura (CJ) que ahora tienen que ser compensados tras un fallo de la Corte Constitucional.
Ante estos problemas, LA HORA entrevistó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para conocer su posición.
Se anuncia una consulta popular en la que se incluirían temas de justicia. ¿Apoyaría esta iniciativa?
En el respeto de la independencia judicial, como una oportunidad de reformar el diseño institucional y legal y en aras de mejorar el sistema de justicia, por supuesto que estoy de acuerdo. Me sumo a esa propuesta e invito a dialogar, debatir la propuesta.
¿Qué temas deben incluirse?
Debe discutir cómo se encuentra el ámbito de competencias y siempre cuidar, sobre todo, el ámbito jurisdiccional que es la esencia de la función judicial. Por eso, por ejemplo, yo he planteado que la Corte Nacional vuelva a ser Corte Suprema de Justicia y ojalá incluso que para dar una respuesta con mayor prontitud y eficiencia volvamos a tener 31 magistrados y no 21 como tenemos actualmente.
¿Entonces el Consejo de la Judicatura ya no tendría cabida, no existiría?
Creo que lo que queda claro es que un Consejo de la Judicatura, como en otros países, en la medida es que su responsabilidad sea lo administrativo y financiero. Porque justamente la idea es que no pueda, una institución ajena a lo jurisdiccional, entrar en ese ámbito de competencias.
En la mayoría de casos de jueces sancionados por la Judicatura se aplicó la figura de error inexcusable. ¿Qué opina de esta figura?
Ha habido cientos de sanciones. Los jueces podemos cometer errores y pueden ser graves, que es el concepto del error inexcusable. La discusión no es esa. Si no, ¿cuál es el mecanismo con el que se debe sancionar? En lo personal creo que la defensa de la independencia judicial implica dos cosas: que no se entrometa otro órgano distinto a lo jurisdiccional a calificar si es que hay error inexcusable. Y también que, si está en manos de los jueces, nunca signifique espíritu de cuerpo o encubrimiento.
Tras la sentencia de la Corte Constitucional, que no permite aplicar estas figuras, qué pasa con casos como el de la jueza en Santa Elena que decidió ir en contra de la decisión de la ANT y restablecer frecuencias suspendidas a buses de transporte ¿Quién actúa ahí? ¿Quién los sanciona?
La verdad es que ahí tenemos limitaciones ambas instituciones. Por eso es que este aspecto tiene que desarrollarse de mejor manera.
¿Qué aspecto?
El problema es el siguiente. Un juez puede llegar a declarar un error inexcusable solamente en la medida en que esté en su conocimiento o haya una denuncia. Solo ahí un juez superior puede declarar un error inexcusable del inferior. Entonces, existen tantos casos en el país y no necesariamente dependen del pleno de la Corte resolver el error inexcusable. Una propuesta de reforma podría ser que la Corte Nacional o quién sabe si una Corte Suprema deba tener una sala especializada para conocer este ámbito de competencias.
En junio de 2021 usted hablaba de falta de presupuesto, ¿qué pasa con el déficit de jueces, cuánto dinero requiere la justicia?
Existe una reducción del presupuesto en aproximadamente un 25%. Si queremos un sistema de justicia eficiente se requiere un diseño institucional y procesal adecuado, recursos tecnológicos y económicos en general, recursos humanos capacitados.
¿No los hay?
En la parte tecnológica, tenemos el equipo informático de la función judicial con obsolescencia de más de una década; no tenemos el equipo tecnológico para hacer con eficiencia las audiencias Zoom, no tenemos implementado el expediente electrónico en el país. Y por otra parte, ya en el ámbito del número de jueces, no es el suficiente para dar una respuesta.
¿Qué hacer para evitar que la corrupción se filtre al sistema de justicia? Hay jueces de provincias que se inmiscuyen en casos fuera de su jurisdicción. Una jueza de Los Ríos ha resuelto acciones de procesos de fotomultas que se llevan a cabo en Loja y Ambato.
Hay cosas que podemos hacer y otras que necesitamos reformas legales. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones del país es lo que tiene que ver con lo que se denomina garantías jurisdiccionales. Me refiero al habeas corpus, la acción de protección (que lo entrega cualquier juez) ¿Cuál es el planteamiento? Deberían existir jueces especializados y específicos conociendo esas materias. Eso, por ejemplo, implica un cambio en la parte normativa.
Vivimos una ola de violencia, que también afecta a los jueces. Algunos tienen protección policial. ¿Cómo evitar que el narcotráfico incline la balanza de la justicia a su favor?
La delincuencia organizada en el mundo aspira a controlar las esferas políticas y judiciales para lograr impunidad. Lo que debe existir es un sistema de justicia fuerte que proteja, resguarde al sistema de justicia para que los jueces se mantengan imparciales. Adicionalmente cuando se detecte corrupción, se sancionará de manera oportuna.
Pero también se requiere protección para unos jueces, porque las mafias no perdonan
Debe haber un fortalecimiento de la institucionalidad y respaldo a los jueces para que tengan la serenidad de resolver en contra de quien fuera necesario en derecho. (DP)