Entre los puntos críticos está la banca pública, el sistema de contrataciones y Petroecuador. La calidad del gasto público es uno de los principales problemas.
Ecuador tiene un problema serio en sus cuentas públicas. Cada mes faltan alrededor de $400 millones para pagar todas las obligaciones y cuentas. Por eso, uno de los retos más importantes del Gobierno de Guillermo Lasso es identificar dónde existe malgasto o gasto público improductivo para que los escasos recursos se destinen a donde mayor valor agregado le aportan a los ciudadanos.
Este 2021 cerrará con un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de alrededor de $4.000 millones; y existen entidades públicas que han aportado menos de lo esperado, o incluso han producido pérdidas para el país.
A continuación se detallan cinco ejemplos de ese tipo de instituciones:
Corporación Financiera Nacional (CFNI)
Esta institución financiera pública, junto a Banecuador deben liderar uno de los proyectos estrellas del actual Gobierno: créditos al 1% a un plazo de hasta 30 años. Sin embargo, más de una década de malos manejos deja saldos en rojos para la CFN.
Las pérdidas ascienden a $ 415 millones este año. Una de las principales causas de esta realidad son las decisiones políticas, y no técnicas, en temas como la concesión de crédito y manejo de cartera. Hasta octubre de este año, la morosidad llegó al 25,45%; mientras en el porcentaje en el sistema financiero privado no supera el 4%.
Además, como ha ocurrido durante mucho tiempo en las empresas públicas, los estados financieros y económicos de la institución son poco confiables y hay grandes vacíos sobre los costos operativos.
Incluso, las actuales autoridades ha reconocido que en los últimos años se presentaron supuestas utilidades y buenos resultados; pero a costa de incluir información incompleta y no transparentar el mal manejo de la cartera.
Esta situación se repite en otras instituciones como Banco Pacífico, que obtuvo ganancias más altas a través de provisionar menos reservas sobre su cartera vencida.
Banecuador
Hasta febrero 2022, esta institución financiera pública debe fusionarse con la CFN; pero se repiten los mismo problemas de mal manejo, politización y pérdidas.
Al cierre de este año, el saldo en rojo llega a los $118,8 millones este 2021. En 2020, la pérdida registrada alcanzó los $38,6 millones.
En general, la banca pública está llena de manejos irregulares; y además, no ha cumplido con su principal función de entregar la mayor cantidad créditos, en las mejores condiciones posibles, a los productores y emprendedores más pequeños.
Así, por ejemplo, solo el 10% de los pequeños y medianos agricultores a lo largo de todo el país han conseguido financiamiento para impulsar sus actividades.
Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)
Cada año, las compras públicas fraudulentas le cuestan a Ecuador alrededor de $1.500 millones en pérdidas. Si bien el Sercop no hace directamente los contratos para obras o adquisición de bienes y servicios, si es la entidad que regula y controla todos los procesos.
Sin embargo, aunque la cifra de pérdidas ha sido reconocida por funcionarios de alto nivel como el ministro de Producción, Julio José Prado, no se ha establecido ninguna hoja de ruta para atacar el problema.
Los procesos de contratación son engorrosos y lentos, incluso con declaratoria de emergencia se demoran más de tres meses aunque tengan que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de medicinas en la red de salud pública.
Cuando llegó a la presidencia Guillermo Lasso, la ineficiencia del sistema se vio reflejado en que habían más de 1.200 procesos represados de compras de medicamentos.
Ya sean estas demoras, como también los vacíos en la ley que permiten que los contratos queden en pocas manos, generan millonarias pérdidas diarias y mala calidad en los servicios públicos.
Petroecuador
La falta de acciones eficaces y a tiempo, frente a los problemas de erosión regresiva en el Río Coca y sus afluentes, provocó que se tuviera que paralizar completamente las operaciones del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Las advertencias de que podría haber nuevas afectaciones a las tuberías estaban a la vista de todos, pero no se hizo nada hasta que ocurrió el desastre. El resultado es que la producción petrolera cierra 2021 con una caída de más del 80%, lo que representa ingresos perdidos por, al menos, $600 millones.
Asimismo, Petroecuador ha quedado debiendo en su proceso de optimización empresarial. No se cumplió con el ofrecimiento de que los gerentes de área sean designados a través de concurso de méritos; además, tampoco se avanzó en el proceso de modernización, lo que incluye su transformación en una empresa por acciones y la evaluación técnica de cuál es el tamaño optimo de nómina luego de la fusión con Petroamazonas.
Por otra parte, la petrolera pública, junto con el ministerio de Energía, no ha cumplido con la reglamentación para que se fije una ruta clara hacia el mejoramiento de la calidad de los combustibles.
Actualmente, las gasolinas y el diésel que se venden en el país no superan los estándares Euro II, cuando el promedio en la región en Euro IV; y en los países más desarrollados se llega al Euro VII.
El resultado es más contaminación, más enfermedades, menor oferta de autos, y pérdidas económicas.
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
Luego de un hackeo masivo a sus sistemas, que nunca fue completamente aclarado en sus circunstancias y consecuencias económicas y operativas, CNT fue declarada en emergencia institucional.
A pesar de ser considerada una de las joyas de la corona dentro de las empresas públicas, las autoridades tuvieron que reconocer que ni siquiera se tiene sustentos fiables del sistema de compras, facturación y cyberseguridad.
En otras palabras, aunque ha reportado ganancias en los últimos años, una auditoría integral podría revelar que esos aparentes buenos números encubren múltiples ineficiencias y despilfarros.
Uno de las principales metas de esa declaratoria de emergencia es precisamente transparentar de una vez por todas la real situación de la empresa.
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