La aplicación de la Ley de Datos Personales permitirá que las personas puedan exigir que se elimine su información de bases para ventas.
En promedio, un ecuatoriano puede ser contactado hasta seis veces al día por una misma empresa para venderle un producto o servicio. En dos años, con la aplicación de la Ley Orgánica de Datos Personales, la meta es que ese bombardeo comercial baje a uno o dos contactos al mes.
Francisco Maestre, director de Consultoría y Tecnología de Opinno Ecuador, explicó que la normativa, que entró en vigor desde el 26 de mayo de 2021, es en muchos puntos un “calco” de la que opera desde hace años en la Unión Europea.
“Ecuador está sustituyendo una ley desfasada que databa de 1999. El periodo de transición de dos años es necesario porque las empresas deben hacer inversiones tecnológicas y cambios profundos en sus estrategias de marketing”, dijo
Actualmente, más de un 60% de la actividad comercial que realizan las empresas se basa en una sobresaturación a las personas a través de correos electrónicos y llamadas.
“Desde que estoy en Ecuador recibo 40 a 50 correos diarios entre todas las empresas que tienen mi data. Cuando entre en plena vigencia la ley, la persona tendrá derecho a exigir que no le envíen más comunicaciones comerciales”, acotó Maestre.
Nueva realidad
Hasta el 26 de mayo de 2023, las empresas deberán hacer cambios tecnológicos como modificar sus portales digitales para cumplir con nuevas políticas de manejo de datos; además tendrán que mejorar sus sistemas de seguridad y encriptación de la información.
Sin embargo, la mayor transformación es que tendrán que hacer campañas de marketing más curadas, mucho más específicas.
En otras palabras, ya no tendrán cabida las campañas genéricas para toda su base de datos, sino solo a los que saben que les va a interesar.
Belén Rivera, ingeniera y desarrolladora de procesos digitales, comentó que cualquier persona tendrá derecho a oponerse a que se use su información y también podrá exigir que la entreguen en máximo de 15 días.
“Se podrá rechazar que se utilice con fines comerciales parte o la totalidad de la información. Además, el consentimiento de los clientes ya no será general, sino específico”, acotó.
Ya no se podrá preguntar solo si o no está de acuerdo con que una empresa y terceros hagan uso de los datos para fines comerciales, sino que se deberá aclarar para qué tipo de productos y servicios se está pidiendo el permiso; e incluso para qué empresas en concreto.
“Las empresas deberán tener una serie de datos probatorios de que se hizo el tratamiento adecuado y real de consentimiento. Si no tienen pruebas inequívocas, están obligadas a destruir toda la información”, aseveró Maestre.
La última palabra es la que vale
Otra de las ventajas que tendrán los clientes es que, aunque hayan dado el consentimiento de utilización de su información personal, en cualquier momento pueden pedir que se elimine sus registros y no les contacten para fines comerciales.
Así, se aplica el concepto de que la última palabra es la que vale y las empresas deben establecer un procedimiento simple y rápido para solicitar esa eliminación. “Tanto el consentimiento como el pedido de borrar la información deben ser procesos igual de claros y sin trabas”, puntualizó Rivera.
La ley establece que, por incumplimientos graves y repetidos, las multas serán de hasta el 0,7% de la facturación. En Europa, esas multas pueden superar 600.000 euros.
“En cinco años, cuando las empresas ya estén acostumbradas, se puede entrar a un nivel más punitivo en Ecuador”, aseguró Maestre. (JS)
En España, cuando se aplicó la Ley, las empresas tuvieron que volver a pedir autorización a sus clientes, esto redujo hasta el 70% de las bases de datos.
Llamadas comerciales continúan sin control
El 20 de febrero de 2020, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) expidió una resolución que obligaba a la identificación de todas las llamadas relacionadas con ventas, finanzas, turismo y proselitismo.
Sin embargo, esa resolución no se cumple y los ciudadanos siguen siendo contactados con fines comerciales a través de números desconocidos.
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Roberto, que es trabajador de un call center, comentó que en muchos casos les obligan a utilizar sus teléfonos particulares u otros no registrados para saltarse la identificación y tener más oportunidades de hablar con los clientes.
Hasta abril 2021, las operadoras Movistar, CNT y Claro tenían plazo para implementar lo dispuesto, pero Arcotel no informa sobre el estado del proceso ni el nivel de cumplimiento.