El director del SRI y presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana ha ofrecido reducir el contrabando, algo que se promete pero no suele cumplirse.
El flamante Director del Servicio de Rentas Internas, SRI, y Presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, Alberto Cárdenas, en sus declaraciones al asumir estas funciones anunció que su gestión se halla comprometida a reducir el contrabando en las aduanas. Cuando menos, el nuevo funcionario no ha prometido “eliminar” el contrabando, tal como sus antecesores lo han ofrecido al posesionarse, algo que ni de lejos ha tenido cumplimiento por una serie de razones que conviene analizar.
En el Ecuador, desde tiempos inmemoriales, las recaudaciones aduaneras y los sistemas para su cobro han sido parte del botín político. Una de las áreas más apetecidas para su control ha sido evidentemente el sector aduanero, desde el cual se puede favorecer a los círculos de partidarios de un régimen, y eventualmente sancionar a los desafectos. Aparte de generar sustanciosas ganancias, generalmente ilícitas, a la red de funcionarios principales, lo cual también beneficia a subalternos y empleados inferiores. Este penoso panorama, mezcla del clientelismo y la corrupción más rampante, no ha variado en lo sustancial.
En el Ecuador, de unos años a esta parte, se han ensayado diversos correctivos a las anomalías en las Aduanas, bien sea modificando leyes o reformando el orgánico funcional de la entidad. Inclusive por varias ocasiones se puso a militares en servicio activo al frente de las aduanas y sus respectivos distritos, en la creencia de que iban a eliminar el contrabando y una serie de inmoralidades paralelas. No ha sucedido así. Cierto es que paulatinamente las recaudaciones aduaneras han ido mejorando, pero también las evasiones, muchas veces apadrinadas soterradamente por políticos o círculos de poder.
Actualmente, sectores empresariales se hallan empeñados en moralizar las aduanas. Difícil tarea, en la medida en que el ilícito aduanero no es cometido únicamente por la vía de funcionarios corruptos, sino posee la contrapartida de elementos inescrupulosos de empresas y comercios mayoristas, sin contar aquellos de la denominada “economía informal” que son sin duda los principales evasores de las aduanas.
Por ello, es de esperar que, cuando menos, el proceso moralizador en la CAE reciba un impulso sustancial para disminuir las multimillonarias pérdidas del fisco.