El sistema ‘esconde’ la violencia de género

LEY. Desde 2018 el femicidio está penado con hasta 26 años de cárcel.
LEY. Desde 2018 el femicidio está penado con hasta 26 años de cárcel.

En lo que va de 2021 se han registrado 14 femicidios. El 2020 cerró con 118 muertes. El proceso de denuncia sigue siendo ineficaz.

El 4 de enero un hombre asesinó a su esposa, en Manabí. La noticia corrió como el primer femicidio de 2021, “porque nada nos asegura que no haya más”, dice Ángela Inti, activista feminista.

Desde agosto de 2014, el femicidio está penado con hasta 26 años de cárcel. Desde entonces han ocurrido 748 asesinatos de este tipo, lo que ha provocado que cerca de 999 niños queden huérfanos.

La tipificación dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) no es la única que norma este delito. En 2018, la Asamblea aprobó la ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

La justicia no ayuda

Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, dice que el acceso a la justicia presenta nudos críticos, que truncan los derechos a la restitución y la reparación de las mujeres vulneradas.

 Con esto concuerda Alison Vásconez, oficial de programas de ONU Mujeres Ecuador, quien señala que la ley no ha tenido los recursos necesarios para generar un plan integral de prevención y apoyo para mujeres víctimas de violencia. También indica que hace falta preparación para que al momento de hacer una denuncia, no se caiga en revictimizar a las afectadas.

“Pasa por lo recursos, pero también por la falta de capacitación en el sistema de justicia, para que sepan que se trata de casos de violencia de género, que no los disfracen”, dice Vásconez.

Rueda cita el ejemplo de una mujer a la que dieron acompañamiento. Quiso desertar de la denuncia, cuando después de dos días no conseguía culminar el proceso, porque la enviaban de un sitio a otro; incluso le pedían que vuelva a su casa y recoja pruebas.

Virginia Gómez de la Torre, de la fundación Desafío, califica al Estado como cómplice del avance de la violencia contra la mujer. Si no hay apoyo, lo que hace el Estado “es esconder o querer tapar la verdadera realidad”.

Menos presupuesto

La activista detalló que en lugar de potenciar las leyes, con la creación de protocolos y estrategias para erradicar la violencia y judicializar, se recortó el presupuesto de varias instituciones gubernamentales cuyo trabajo es proteger a mujeres vulnerables.

Por ejemplo, el Servicio de Protección Integral, con 46 puntos de atención a nivel nacional, tuvo un recorte de presupuesto de 5,4 millones de dólares a 4,7 millones.

La recomendación de Vásconez es que el Estado declare en emergencia la violencia de género, lo que obligaría a entregar recursos. (AVV)