Patricio Pazmiño, con 37 años de experiencia como policía, compareció ante la Asamblea. Expuso cifras y dijo cuáles son las fallas del sistema penitenciario.
Con chaqueta negro, camisa blanca y corbata roja, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño compareció, ante el Pleno virtual 695 de la Asamblea Nacional, para informar sobre el estado de los Centros de Privación de Libertad del Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional.
Desde que inició su intervención, apoyado por apuntes en un cuaderno, hojas sueltas y una carpeta, Pazmiño demostró que sería una presentación técnica sobre el crimen organizado y la dinámica, las funciones de la Policía Nacional y una revisión del sistema penitenciario del país.
Antes de empezar con las cifras, Pazmiño expresó que más que hablar como un ministro de Gobierno iba a emitir su criterio como policía con 37 años de experiencia de haber servido a la institución y, especialmente, en la investigación del crimen organizado.
Minutos después, el funcionario citó esta frase: “El estallido de violencia criminal en las cárceles es el problema o es el síntoma de un problema mayor”, dijo que era de un especialista en política pública y análisis político, pero no dio el nombre. “Coincido con él: es el síntoma de un problema mayor y ese problema se llama: crimen organizado que azota al mundo sobre todo América Latina”.
Las cifras del sistema
Enseguida pasó a la presentación y explicó los conceptos del sistema delincuencial para que la ciudadanía sepa cómo es su dinámica.
En la segunda y la tercera parte, se dedicó a decir que la población carcelaria se ha triplicado y por eso las prisiones se han convertido en ‘mega centros’ carcelarios, donde se atomizado la cantidad de las personas privadas de la libertad (PPL), ya que por esa circunstancia ha incrementado la violencia y los amotinamientos en todos los centros carcelarios del país.
“Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en este momento existen 38.693 PPL, de estos, el 93% son varones y el 7%, mujeres; la mayoría ciudadanos ecuatorianos, que son el 92% de la población carcelaria. Los delitos por los que están más procesados son: drogas (27%), crímenes contra la propiedad (26%), abuso contra la integridad sexual y reproductiva (16%), atentar contra la vida (13%), y por organización ilícita y delincuencia organizada (4%)”.
Dentro de esas cifras también afirmó que existen 23.196 sentenciados, 14.377 procesados y 460 por contravención.
Además, indicó que los polos críticos de la crisis penitenciaria son los ‘mega centros’ carcelarios, la tecnología obsoleta y deteriorada y la falta de institucionalización en el sistema.
“En la actualidad hay 1.460 guías penitenciarios, cuando deberían existir 3.800 sólo dedicados a los PPL, sin contar las otras actividades y arrestos domiciliarios que carece esta institución”. El funcionario también recalcó que la Policía Nacional contribuye con 1.750 servidores dentro de todos los centros de detención del país y 1.239 para arrestos domiciliarios.
Al finalizar su presentación, Pazmiño insistió en que debería crearse una policía penitenciaria a imagen y semejanza de la Policía Nacional. “La seguridad de este sistema debería contar con un centro de capacitación”.
La Comisión en blanco
La legisladora Lourdes Cuesta, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador, informó que la comitiva solicitó una reunión el viernes pasado y un informe sobre la situación carcelaria del país a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y delegada del Ejecutivo, Johanna Pesántez; al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; y al, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Edmundo Moncayo, para presidir el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social.
Pero todas las autoridades no asistieron y justificaron la falta. Después, el presidente de la Comisión, el asambleísta José Serrano, indicó que se cite de nuevo a los funcionarios para el sábado 26 de febrero, pero la noche del viernes, según Cuesta, los miembros de la junta recibieron un email indicando que por razones de carácter estrictamente personales y de seguridad del legislador que dirige la comisión se suspendía la reunión.
“Mandaron una justificación y dejaron a la Comisión en blanco. Los funcionarios están mal acostumbrados porque se hacen requerimientos de información y simplemente no entregan. Las comisiones sirven para eso porque en las reuniones del Pleno no existe la oportunidad de preguntar o contradecir cierto tipo de información”, explicó la asambleísta.
“Yo respondo por lo que le corresponde al Ministerio de Gobierno y lo que tiene que ver con mi parte de la Policía Nacional del Ecuador”.