sábado, noviembre 27, 2021
País El bono azul: la grieta entre ambientalistas y pescadores

El bono azul: la grieta entre ambientalistas y pescadores

Canjear bonos a cambio de ampliar la Reserva Marina de Galápagos no significa vender territorio, explican expertos, quienes afirman que solo el 3,8% de la pesca se vería afectada. El sector pesquero está en contra de la propuesta

Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, tendrá que tomar una de las decisiones más complicadas desde que asumió el cargo, en octubre de 2020. Aceptar o declinar el bono azul.

El 2 de febrero de 2021, la compañía privada The Ocean Finance Company (OFC), a través del consultor Robert Weary, de The Nature Conservancy (TNC), propuso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Gobierno nacional recomprar bonos de deuda a favor de un fideicomiso en Estados Unidos, con la condición  de ampliar y administrar la reserva marítima  del Parque Nacional Galápagos.

El documento fue enviado por el ambientalista chileno Max Bello, quien aseguró que están en la fase de negociación inicial. La oferta ha causado reacciones en los sectores pesqueros y ambientalistas.

El MEF opina que es una propuesta razonable y viable desde el punto de vista financiero. Sin embargo, hay varios aspectos legales y administrativos de la transacción que se están evaluando jurídicamente.

Para llevar a cabo este proceso se requiere de la voluntad y el apoyo de varias entidades públicas y la empresa privada, para lograr acuerdos en temas relacionados con la conservación marina de las Islas Galápagos.

El camino para la ejecución

El equipo del ministro Pozo explicó a La Hora que la figura es lograr el canje de una porción de la deuda externa, en condiciones que permitirían un ahorro importante en el pago del capital e intereses. A cambio, el país debería comprometerse a incrementar el área de Reserva Marina de Galápagos y en el caso de que se logre la operación, se emitirían más detalles técnicos y financieros.

El economista Roque Sevilla dijo que el mecanismo es un canje de aporte, no de compra y que la solicitud está respaldada por tres fundaciones: Pew Research Center (PEW), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Nature Conservancy (TNC).

El proceso de las entidades sería pedir un crédito a la banca internacional y con eso comprar el equivalente a $1.000 millones de la deuda externa ecuatoriana, que con el tiempo se depreció y hoy se valora en $600 millones. Con esto, el país tendría liquidez inmediata y las fundaciones recibirían los intereses y el capital de los papeles que vencen en 2030. Con esos rendimientos se financiaría la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos.

Eliecer Cruz, vocero de Más Galápagos (iniciativa ciudadana para la protección y conservación de la Reserva Marina de Galápagos), explicó que en ningún momento se trata de que una organización internacional maneje las islas o tenga que ver con el área económica exclusiva Insular. Dijo que es una réplica de lo que se hizo en los años ochenta: cambio de deuda por naturaleza.

“Esos fondos sirvieron para financiar a Fundación Natura, para que esta institución distribuya esa cantidad a las diferentes áreas protegidas del Ecuador, incluyendo a la Amazonía. Entonces, hay que preguntarse: ‘¿El Ecuador perdió soberanía en ese canje de deuda?’.”

Fuego cruzado en la región insular

Giansandro Perotti, vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP),  considera que la solicitud es una decisión arbitraria y cree que es equivalente a vender la soberanía nacional a una compañía extranjera, porque existen comisiones internacionales que intervienen en la región insular. “El 95% del área marina, o más, están de una u otra manera reguladas por el gobierno nacional, bajo las directrices de organizaciones regionales, como por ejemplo la del atún, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Iattc)”.

Sin embargo, Cruz explicó que el objetivo es tener una pesca sostenible con el canje que se está planteando.  “Desde que se creó la reserva marina en 1998, los pesqueros industriales dicen que miles de ecuatorianos se van a quedar sin empleo y que Ecuador dejará de exportar atún a otros países. En esa época eran 45 barcos atuneros, hoy se han ampliado a 115. Cuando se creó  la reserva  había una flota pequeña  hoy no sólo  ha crecido en número, sino también en capacidad de extracción. Ya no sacan 200 o 300 toneladas, sino 1.200 y 2.000 toneladas”.

Por su parte, Roque Sevilla, afirmó que la flota pesquera ecuatoriana captura en la zona sur occidental de las islas Galápagos y si se amplía el área marítima sólo afectaría al 3,8% de la pesca en esa zona. Sin embargo, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo que sería más. “Quieren cerrar una zona de 435 mil kilómetros cuadrados y dicen que solo va afectar el 3%, eso no es verdad”.

Ambos sectores coinciden con que la escuadra pesquera nacional es la más grande de la región y pesca el 83% en el Océano Pacífico en toda su extensión y únicamente el 18% en la zona económica exclusiva insular.

Regulaciones de pesca

Alejandro Moya, abogado especialista en derecho marítimo, explicó que la flota pesquera ecuatoriana posee entre 115 y 120 embarcaciones tecnificadas, que ejecutan una pesca altamente efectiva de un porcentaje de accidentalidad mínimo, no menos del 1%, y dentro de ese valor las especies protegidas no llegan ni a la mitad.

Mientras que el director de la  empresa Tuna Conservation  Group, (Tunacons), Guillermo Morán, afirmó que existen regulaciones sobre la pesca de los plantados y que esas normas las emite la Comisión Latinoamericana de Atún Tropical; estas reglas ponen límites para los dispositivos de los barcos. “Por ejemplo, se promueve la recolección de estas estructuras ante la veda, no sembrar este sistema de captura antes de los quince días de la prohibición para evitar el esfuerzo de pesca”, dijo el especialista. (AL)

¿Qué son los bonos azules?

El objetivo es preservar y proteger los océanos. La primera emisión de bonos azules fue para salvar a las Islas Seychelles, un archipiélago de 115 ínsulas que están bordeadas por coral. El 90% de los arrecifes de coral en el mundo estarán en peligro de extinción en 2030, según datos de Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Esta emisión contó con la ayuda de inversionistas, como el Banco Mundial y su Fondo para el Medio Ambiente.

The Nature Conservancy (TNC) ideó los bonos azules para la conservación y busca los fondos públicos, y el capital comercial para reestructurar la deuda soberana de la nación, lo que lleva a tener menores tasas de interés y periodos de pago más largos.

Galápagos tiene 40 millas de reserva marina y aguas interiores.
El valor de esa operación representaría el 1,6%, aproximadamente, de la deuda pública total del país, que asciende a $60.000 millones.

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