Para dar luz verde a la derogatoria del decreto de estado de excepción se requieren al menos 70 votos en la Asamblea.
Lo que pase hoy en la Asamblea dirigida por el presidente de la nueva mayoría opositora al Gobierno, Virgilio Saquicela, será clave esta semana. En ese espacio se puede derogar el decreto de estado de excepción, que permite controlar los actos vandálicos durante las protestas, o se puede abrir un nuevo espacio para el diálogo.
Aunque lo que sucederá en el Legislativo aún es incierto, el fin de semana ya se lanzaron las cartas para un posible entendimiento entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que desde el 13 de junio de 2022 mantiene vigente una movilización indefinida a escala nacional.
Si bien, el sábado 18 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó para una sesión del pleno en la que se prevé se analizará un pedido para derogar el decreto de estado de excepción suscrito en el Ejecutivo, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que en la misma sesión plenaria se debata un punto sobre el cual se buscará convocar al presidente de la República, Guillermo Lasso, a los líderes de la marcha, encabezados por Leonidas Iza, y a los diferentes titulares de los poderes de Estado para que se sienten en la mesa de dialogar.
Saquicela espera que, «a más tardar», este martes 21 de junio las partes involucradas se sienten a buscar soluciones para que la reactivación continue.
«No queremos que la capital de los ecuatorianos ni el país se convulsione, por lo que todos quienes tienen que ver con la paralización y reclamo, fundamentalmente el Ejecutivo, deben tomar las mejores decisiones”, subrayó.
Un paso pasitivo
La decisión que este sábado tomó el presidente de la República, Guillermo Lasso, de firmar el Decreto Ejecutivo 456 con el que se oficializaron los lineamientos para la adopción de políticas públicas ante el incremento del costo de la vida tras la pandemia por COVID-19 y la crisis de logística internacional, no fue del todo indiferente para la Conaie.
En la orden ejecutiva suscrita por el primer mandatario se dispuso que a partir del 1 de julio, el ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), empiece a implementar un subsidio del 50% del precio de la urea para pequeños y medianos agricultores. Además, el Ministro de Inclusión Económica y Social pondrá en ejecución el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) a USD 55, y el directorio del BanEcuador deberá instrumentalizar la reducción de la tasa de interés del 10 % al 5% para los créditos vigentes con dicha entidad por montos de hasta USD 3.000; y la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por montos de hasta USD 3.000.
La conaie responde
“Por más mínimos que sean, estos resultados son muy importantes porque han sido fruto de la lucha sostenida y que en un año de diálogo no tuvimos resultados”, destacó el presidente de la Conaie, Leonidaz Iza, quién aclaró que están a la espera de que se resuelvan otros temas que ayudarán a “paliar la pobreza”. Mencionó por ejemplo la reducción del precio del diésel y la gasolina, y pidió al jefe de Estado que se emita un documento “con su firma y rúbrica” en el que se garantice la no privatización de los sectores estratégicos.
Mecanismo articulador
¿Cómo canalizar un mecanismo de diálogo? La respuesta vino de Dayana León, analista política y docente universitaria. Ella cree que el Ejecutivo debería coordinar con instituciones de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, que mantiene una relación directa con las organizaciones indígenas, campesinas. Desde ese ámbito, la Defensoría e incluso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrían jugar un papel importante en el impasse. La coordinación entre la administración pública es un principio constitucional. (SC)
Artículo 166 de la Constitución
Mireya Pazmiño (Pachakutik), fue quien solicitó la revocatoria del decreto 455 con el cual el Ejecutivo ordenó el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Argumentó que el artículo 9 del decreto impide la libertad de comunicación, a pesar de que poco después -en horas de la madrugada- el numeral fue eliminado. El constitucionalista Esteban Ron, comentó sobre la facultad que tiene la Asamblea para derogar integral o parcialmente el decreto pues están amparados en el artículo 166 de la Constitución que señala que “si las circunstancias lo justifican la Asamblea podrá revocar el decreto en cualquier tiempo sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional”.
Alcalde advierte de responsabilidades
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, emitió una carta a la Asamblea Nacional en la que responsabilizó a los legisladores que voten a favor de la revocatoria del estado de excepción, sobre las consecuencias para la «paz y seguridad» de los habitantes de la capital ecuatoriana.
«Podría llevarnos a un escenario similar o de mayor magnitud al que vivimos en octubre de 2019. Espero que los asambleístas actúen con coherencia y en favor de la capital de todos», señaló.
La Junta de Política y Regulación Financiera deberá establecer una tasa de interés máxima para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcrédito al 5% anual y hasta 10 años.
La Ministra de Educación deberá gestionar el aumento del presupuesto asignado a la secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.