Edgar Neira no descarta que el Presidente de la República acuda a la Comisión de Fiscalización

Edgar Neira, abogado del jefe de Estado recordó que el plazo de diez días para el ejercicio de la defensa empezó a correr desde el 7 de abril, y culminará el domingo 16 de abril.

Antes del domingo 16 de abril de 2023 o ese mismo día, la defensa del presidente de la República, Guillermo Lasso, entregará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un escrito donde constarán las pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político interpuesto por Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática) por el presunto delito de peculado.

Edgar Neira, abogado del jefe de Estado anunció que la estrategia de defensa está encaminada a sustentar la inexistencia de responsabilidad política y de peculado, y cómo el Gobierno actuó con diligencia cuando tuvo conocimiento (de las presuntas irregularidades en contratos firmados entre Flopec y Amazonas Tanker).

«No es como se pretende decir; no es verdad que el señor presidente de la República se cruzó de brazos y que no ha hecho absolutamente nada», afirmó.

Neira aseguró que existen muchos elementos documentales y antecedentes de cómo ocurrieron los hechos «que permitirán responder con suficiencia las acusaciones».

Añadió que, no está descartado, si así el presidente lo considera, acudir personalmente a la Comisión.

«Si lo considera, lo hará, caso contrario, él ha querido que la defensa técnica se ocupe de este tema mientras él asume su responsabilidad respecto de los temas que le preocupan como primer mandatario».

El abogado prefirió no revelar los nombres de los testigos que presentará como parte de la defensa. “Este es un asunto que está por definirse».

Neira también dejó abierta la posibilidad de que, en algún momento del proceso, se pueda acudir a la Corte Constitucional (CC) para que haya un seguimiento a su dictamen del 29 de marzo de 2023 que fijó el objeto del enjuiciamiento político circunscribiéndolo al presunto peculado por los contratos firmados en Flopec.

“Si los señores asambleístas encuentran que respecto de ese tema ya no hay pruebas, o ya no hay motivos de acusación, y quieren hurgar en otro tipo de hechos ajenos a los que ha establecido la Corte para este enjuiciamiento político, entonces, corresponderá a la defensa del presidente y a la comisión de Fiscalización establecer si la Corte debe o no dar seguimiento al dictamen que expidió; posiblemente haya una instancia ante la Corte para que se dé el seguimiento que  corresponde».

A criterio del abogado, este es un recurso con el que cuenta el presidente de la República, y cualquier ciudadano ecuatoriano para que se cumplan los dictámenes de la Corte. (SC)

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