Ecuador destina cerca de $10.000 millones anuales en subsidios que alimentan el consumo de los más privilegiados, frenan el crecimiento y amenazan la estabilidad de la dolarización.
Ecuador arrastra una paradoja económica explosiva: entrega cerca de $10.000 millones anuales en subsidios, pero no tiene cómo pagar proveedores a tiempo, cómo sostener el sistema de pensiones ni cómo atraer inversión para crecer.
Esta es una de las principales advertencias que lanzó el economista Alberto Dahik, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE) de la Universidad (UEES), en una conferencia realizada en Quito sobre las reformas estructurales que el país necesita con urgencia.
“El 83% de la deuda adquirida por Ecuador entre 2010 y 2023 se ha usado para subsidiar, no para invertir”, advirtió Dahik, quien calificó esta política como “inmoral” y “regresiva”, pues beneficia desproporcionadamente a las clases más acomodadas del país.
Según cifras del Banco Central citadas por el exvicepresidente, Ecuador gastó $54.000 millones en subsidios a los combustibles entre 2010 y 2023, mientras su deuda pública creció en ese mismo periodo de menos de $20.000 a $65.000 millones. “Estamos felices porque estamos dolarizados, pero sin reformas esa dolarización se va a caer”, sentenció.
¿De dónde salen los $10.000 millones anuales en subsidios en Ecuador?
Aunque existen subsidios que tiene más sentido y son más eficientes como el bono de desarrollo humano, y otras ayudas directas, que suman $1.300 millones al año, los dos grandes subsidios que drenan las finanzas públicas son:
- Combustibles: cerca de $3.800 millones al año, de los cuales una gran parte termina beneficiando al contrabando, narcotráfico, empresas y clases medias-altas. Un ejemplo gráfico: en Perú un cilindro de gas cuesta $16; en Ecuador, menos de $2.
- Sistema de pensiones del IESS: alrededor de $3.300 millones, que crecen exponencialmente. El Estado cubre el 40% de las pensiones sin tener fondos para ello, además de pagar enfermedades catastróficas de los afiliados y los gastos médicos de los jubilados. Esto último ha generado una deuda de más de $5.000 millones solo con el IESS.
“Tenemos un sistema que premia a quienes más tienen. Los subsidios a pensiones y combustibles no solo no reducen la pobreza, sino que la perpetúan”, denunció Dahik.
Se deja de invertir en mejorar servicios públicos para cubrir subsidios
El problema no solo es cuánto se gasta, sino cómo se financia ese gasto en subsidios. Para sostener este esquema, el Estado ha abusado de mecanismos como los convenios de liquidez, que ya representan $3.000 millones al año. Estos acuerdos consisten en que el Ministerio de Economía les exige a instituciones públicas —como superintendencias, empresas públicas y otras instancias— entregar su liquidez a cambio de una promesa de devolución futura. Pero esa liquidez, que debería destinarse a tecnología, inversión y mejoramiento de servicios públicos termina financiando subsidios.
Además, se perpetúa la emisión de Cetes (certificados de tesorería), deuda interna que el Estado debería amortizar cada año, pero que ya se ha convertido en financiamiento estructural, superando los $2.000 millones anuales. De acuerdo con Dahik, entre los principales compradores de Cetes están los bancos privados. Es decir, se quita liquidez a la economía privada y productiva para cubrir subsidios.
¿Es malo tener déficit fiscal?
Dahik aclara que el problema no es el déficit en sí, sino la calidad del mismo. Tener déficit para construir un canal como el de Panamá puede ser positivo. Pero si el déficit se va en sostener precios artificialmente bajos de gasolina o en pensiones insostenibles, se convierte en un ancla que arrastra a toda la economía.
Este tipo de gasto impide que el Estado invierta en salud, educación, carreteras o tecnología. “No hay cómo crecer sin inversión, y nadie invierte si el Estado gasta en subsidios ineficientes”, sentenció.
Un sistema de pensiones del IESS en quiebra
Uno de los datos más graves presentados por Dahik fue el del déficit actuarial del fondo de pensiones del IESS: 135% del PIB, según un estudio certificado por el Banco Mundial. A diciembre de 2024, ese fondo tenía apenas $11 millones en liquidez, pese a que necesita $500 millones mensuales para pagar pensiones.
Incluso si el Estado pudiera pagar el 40% que le corresponde —lo cual no puede—, el sistema seguiría siendo inviable por razones demográficas y estructurales: hace 50 años había ocho aportantes por cada jubilado; en 2040 habrá solo tres.
La bomba económica en Ecuador está activada
Dahik concluye que el modelo actual subsidia el consumo en vez de la producción, impide la formación de capital, deprime la inversión, erosiona la competitividad y pone en riesgo la dolarización misma.
“La gente no quiere oír hablar de reformas, pero sin reformas estructurales vamos directo a un colapso. No hay empleo sin inversión, y no hay inversión con subsidios irracionales. Ecuador no puede seguir siendo el país más generoso en subsidios, mientras se hunde su economía”, advirtió.
La advertencia está lanzada. La bomba fiscal ya está activada. Y el reloj corre.
Como reseñó LA HORA, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de estimar en 1,7% el crecimiento económico de Ecuador para 2025; mientras la ministra de Economía, Sahira Moya, viajó a Washington en busca de apoyo financiero.
Esto describe la situación de una economía que necesita cambios estructurales si quiere salir del pozo. (JS)