Ecuador evalúa la política migratoria para población afgana

Cancillería ecuatoriana espera en los próximos días emitir su respuesta.

El análisis parte del anuncio del presidente Guillermo Lasso de que el país brindará asistencia humanitaria a afganos en coordinación con EE.UU.

El presidente Guillermo Lasso informó, mediante un comunicado, que el Gobierno ecuatoriano brindará ayuda humanitaria a familias afganas, víctimas del conflicto en su país. “Ecuador recibirá temporalmente a afganos en tránsito a Estados Unidos, como parte de un acuerdo de cooperación internacional para garantizar su seguridad y protección”, señaló el Jefe de Estado.

Varios países del mundo han abierto sus puertas a la población afgana, tras la caída de Kabul, capital de Afganistán, y el ascenso de los talibanes al poder, ocurrido el pasado 8 de agosto.

Esta asistencia humanitaria se canalizará a través de las oficinas consulares ecuatorianas con prioridad para mujeres, menores de edad y población vulnerable afgana.

Su permanencia en territorio ecuatoriano será temporal y contará con la cooperación de Estados Unidos, quien cubrirá los gastos que genere su estadía hasta que puedan ser regularizados en dicho país, precisó el comunicado.

En los próximos días, la Cancillería ecuatoriana espera tener listo el marco normativo para viabilizar el compromiso presidencial.

Para adecuar este marco normativo es necesario generar una política pública o hacer una reforma a la Ley de la Movilidad Humana con el fin de generar garantías y protección a la población afgana, explica Wilfrido Acuña, experto en movilidad humana y miembro de CARE, organización que trabaja con sectores vulnerables.

Acuña considera importante que el presidente Lasso permita el ingreso de población afgana en contexto de movilidad, pero le preocupa la capacidad de respuesta del Estado porque la movilidad no solo se resuelve con dinero, sino con políticas públicas.

Las últimas tres décadas –a criterio de Acuña – el Estado ecuatoriano ha podido reconocer el carácter de refugiado a diversas poblaciones, pero no ha logrado garantizar su protección.

Es decir, que se garantiza la visa de refugiado y la no devolución de las personas a su país de origen; pero no la protección que implica la asistencia humanitaria y el acompañamiento a la población en contexto de movilidad.

La protección significa dar garantías de economía, trabajo, educación, acceso a mejorar las condiciones de vida – dice Acuña-. No se trata solamente de darle un documento a la población afgana en el Ecuador que tiene otra cultura y otro idioma. Necesita acompañamiento”.

Y esta garantía en otras olas migratorias como la de Colombia o Venezuela, el Gobierno lo trató de cubrir con alianzas entre la cooperación internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Sin embargo, la experiencia con Venezuela evidencia que aún falta una respuesta estatal efectiva. Acuña, quien lleva trabajando cerca de 30 años con este sector de la población, advierte que la normativa actual tiene vacíos legales que afectan a las personas en contexto de movilidad.

Esto ha generado que no toda la población sea regular de los 500 mil ciudadanos venezolanos que ingresaron al país. Según Naciones Unidas – Ecuador, cerca de 217 mil personas venezolanas tiene estatutos regular y 1.000 personas más ingresan diariamente al país.

El Estado solo reconoce a 400 mil, pero qué pasa con todas las otras personas que no están regularizadas. El Estado ha dicho que está trabajando en el reglamento a las reformas de la Ley de Movilidad Humana, pero no se conoce el contenido”, enfatiza Acuña.

Del registro de 500 mil personas, solo 423 han sido reconocidos como refugiados venezolanos en el periodo 2014 a 2020; así lo registra el Colectivo Geografía Crítica en su infografía de refugiados a nivel nacional, 2020.

En Ecuador, entre 1989 y 2020, 243.974 personas pidieron refugio al Estado ecuatoriano y se reconoció a 57.138 personas como refugiadas activas, según registro del Colectivo Geografía Crítica. De este universo, 259 personas son de nacionalidad afgana.

El conflicto interno en Afganistán ha sido una constante en las razones de desplazamiento de esta población. Es así que en el país en la década de los 90, ya contábamos con 40 familias provenientes de este país, explica Acuña.

Por esa razón le preocupa que el gobierno ecuatoriano adecue su marco normativo pensando en la temporalidad, cuando se sabe que muchas de las personas pueden optar quedarse en el país, como sucedió con la población haitiana, que migró tras el terremoto de 2010.

Mario Andrés Andrade, especialista titular en movilidad humana de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, reconoce las dificultades que ha tenido el Estado; pero señala que el Gobierno actualmente tiene un sistema de registro para las personas en contexto de movilidad.

A criterio del especialista, el anuncio presidencial se puede viabilizar con la misma Ley de Movilidad bajo dos categorías: transeúntes o solicitante de protección internacional.

Transeúnte es toda persona extranjera que transita por el territorio ecuatoriano en calidad de pasajero en tránsito, tripulante de transporte internacional, trabajador migrante temporal o persona que resida en zona de frontera de conformidad con los instrumentos internacionales y las demás que establezca el reglamento de esta Ley.

El plazo máximo de permanencia para los transeúntes en el Ecuador será determinado en el reglamento de esta Ley de acuerdo a la especificidad de cada caso.

Mientras que el solicitante de protección internacional se refiere a las personas extranjeras que solicitan al Estado ecuatoriano ser reconocidas como asiladas, refugiadas o apátridas. A estas personas se les concederá una visa humanitaria hasta que cuente con una resolución en firme de su pretensión de reconocimiento de estatus de protección internacional.

Con estos dos articulados se podría legalizar el ingreso de la población afgana, explica Andrade.

Migración una forma de crecer

Las olas migratorias pueden generar rechazo en la población del país receptor. Sin embargo, Acuña dice que es necesario romper con el mito de que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo o hacer más insegura la ciudad.

El Estado ecuatoriano tiene una oportunidad de aprovechar a la población migrante y refugiada para generar planes y proyectos de reactivación económica que permitan la integración de las personas en contexto de movilidad y las nacionales.

Además, de la riqueza cultural que permite la migración, explica.

Dato:
Según el Ministerio de Gobierno, las personas que cometen más delitos son ecuatorianos en  un 93%; seguido de colombianos y venezolanos  con el 3%. Las otras nacionalidades no se identifican por su porcentaje mínimo.

 

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