El país espera que el multilateral desembolse un total de $1.700 millones en 2022; y se extienda el vínculo hasta mediados de 2023. Una delegación ecuatoriana viajó en días pasados a Washington.
Entre el 18 y 22 de abril, una delegación de funcionarios ecuatorianos, entre los que estuvieron incluidos el ministro de Economía, Simón Cueva, y el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, participó de varias citas en Washington, Estados Unidos. Entre los encuentros más importantes estuvieron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
A la delegación nacional se unió Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, con el fin de presentar la idea de una de estabilidad política y reforzar el mensaje de que el Gobierno de Guillermo Lasso necesita un espacio de flexibilidad para utilizar una parte de los mayores ingresos petroleros y tributarios en algo más que solo reducir el déficit fiscal y pagar la deuda pública.
En medio de la revisión de los avances del acuerdo de financiamiento entre Ecuador y el FMI, la delegación ecuatoriana ha buscado desde el primer momento mostrar que se está actuando con responsabilidad, pero que si esa mejor salud en las cuentas estatales no se refleja en la calles, la situación de gobernabilidad se pondrá cuesta arriba.
Una de las reuniones más relevantes, en donde también participó Jiménez, fue con el Ilan Goldfajn, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.
De la conclusión exitosa de la actual revisión, y de que se despejen las dudas sobre el manejo económico de los próximos meses, depende, según Fausto Ortiz (exministro de Economía), que llegue un desembolso un total de $1.700 millones durante 2022. Los primeros $700 millones se esperaban, en primera instancia, a finales de 2021, pero los retrasos en el inicio de la revisión, y luego los aplazamientos para su conclusión, han trastocado los plazos previstos.
Según las autoridades ecuatorianas, se espera que toque quede finiquitado hasta finales de este mes de abril. Además de la flexibilidad en el gasto, también se está negociando la posibilidad de que el acuerdo de financiamiento con el FMI no termine en 2022, sino que se alargue al menos seis meses más hasta mediados de 2023.
Esa extensión podría venir de la mano de más financiamiento para el país. Dicho financiamiento adicional es decisivo porque, aunque el déficit fiscal se reduzca de $3.800 millones a $1.500 millones hasta finales de este año, todavía quedan muchas necesidades por cubrir en medio de la crisis económica.
Un espaldarazo adicional del FMI, luego de que ese multilateral proyectó a la baja el crecimiento económico para Ecuador en 2022, será de gran ayuda para el actual Gobierno, el cual está perdiendo impulso para atraer inversiones debido a las dificultades para conseguir apoyo político interno para concretar reformas estructurales. (JS)