La reducción del déficit fiscal y la reciente renegociación de la deuda con China van en la línea de seguir accediendo a deuda barata.
Para 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso necesitará alrededor de $6.000 millones de nueva deuda para cubrir todos los gastos y deudas anteriores.
Para acceder a un monto de tal magnitud, el Gobierno debe seguir trabajando en dos frentes. Por un lado, ir bajando el déficit fiscal, que evidentemente es como un freno; pero por el otro lado, poner el acelerador en la reactivación mediante la confianza que da tener una economía seria.
Para esto, y para mantener la relación de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se han venido cumpliendo hitos como el reciente anuncio de una renegociación de la deuda china, lo cual está incluido dentro del actual acuerdo con el multilateral. Eso significa que no se destinarán alrededor de $350 millones anuales, entre 2022 y 2025, para pagar esa deuda.
Sebastián Hurtado, fundador de la consultora de riesgos Prófitas, explicó que la reducción de pagos de la deuda china es importante para las finanzas públicas ecuatorianas. Además, es una renegociación positiva porque existen crecientes demandas para un gasto y un rol más activo del Estado en medio de la crisis.
Los $350 millones que no se desembolsará cada año entre 2022 y 2025, y los 10 millones de barriles de crudo que no se entregarán al país asiático entre 2022 y 2023 (las entregas se postergan a mediano plazo), compensan en parte el aumento en el subsidio a los combustibles; y permiten seguir con el plan de llegar a un déficit fiscal de $2.200 millones hasta finales de 2022.
Además, de acuerdo con Hurtado, la renegociación, aunque no es perfecta, deja en buen rumbo los diálogos para el acuerdo comercial entre Ecuador y China. «No es fácil, pero en cualquier caso es un signo de la buena relación entre ambos países”, recalcó.
Reducir el peso de las deudas más caras, e incluso la firma de acuerdos comerciales, está dentro de las medidas que el FMI impulsa para que el Ecuador tenga más recursos y sea más competitivo.
Escenario actual
Al historial de mal pagador que tiene Ecuador se suman factores como la inestabilidad provocada por el paro de 18 días en junio de 2022 y el riesgo país, que según Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, ha subido en los últimos meses.
Sobre este escenario, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha manifestado que la única opción que queda es extender el actual, o firmar un nuevo acuerdo con el FMI, por eso bajar el déficit y renegociar la deuda china son pasos claves.
“Emitir bonos ahora, que no es parte del plan económico, implicaría salir con una tasa de hasta el 18%. Tenemos capacidad para seguir trabajando con los multilaterales. Pudiera ser una parte con el FMI. Estamos en conversaciones. Y hay otros como la CAF, el BID y el FLAR donde también podemos asegurarnos el mejor financiamiento”, dijo.
En otras palabras, las consignas repetidas por sectores de izquierda durante junio pasado, con respecto a que el FMI debe salir de Ecuador, están lejos de la planificación del actual Gobierno.
Créditos que dan alivio
Entre enero y agosto de 2022, los préstamos de los organismos multilaterales sumaron $2.202 millones. Sin esos recursos, no se habrían podido reducir los atrasos en el sector público, continuar pagando la deuda histórica con el IESS e incluso ir cubriendo deudas que vencen todos los meses.
Es decir, sin esos recursos, la falta de liquidez en la caja fiscal podría haber aumentado en casi $300 millones por mes; lo que habría provocado más restricciones y recortes.
“La gente no valora los problemas que no tiene. Si te vuelas un acuerdo con los multilaterales, eso te va a poner en serios problemas; y ahí si no vas a tener quién te preste. Es importante valorar los problemas que no tenemos. Gracias a un manejo serio, impulsado por el Presidente de la República, se genera más espacio para el gasto social”, puntualizó el Ministro de Economía. (JS)
Los atrasos se redujeron
El mejor manejo fiscal, no solo ha servido para reducir el déficit fiscal y mantener el vínculo con los organismos multilaterales, sino también para ir pagando cuentas pendientes.
Pablo Arosemena, ministro de Economía, aseveró que esas cuentas que se están honrando son de gobiernos anteriores.
Al respecto, Daniel Lemus Sares, actual viceministro de Finanzas aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que se está pagando el aporte del 40% al IESS, pero las deudas acumuladas toman más tiempo. Lo mismo sucede con las transferencias a los gobiernos locales, las cuales están al día, aunque la ejecución de municipios y prefecturas sea muy baja.
El gasto social ampliado sumará más de $13.000 millones este año; y aumentará en 2023 al igual que el pago de deudas de gobiernos anteriores, el factor de ajuste seguirá siendo la inversión en obras que tiene un presupuesto de $2.000 millones para 2022; y será del mismo monto para el próximo año.
El Gobierno busca más espacio fiscal en 2023 y 2024 para reducir más los aranceles y bajar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
Costo fiscal de las mesas de diálogo preocupa al mercado internacional
Los inversionistas internacionales tienen algunas preguntas sobre el desempeño de la economía nacional, sobre todo luego del paro de junio pasado: la principal duda es: ¿cuánto le costará al fisco los acuerdos alcanzados con el movimiento indígena en las mesas de diálogo?
“Lo interesante sería escuchar un balance de dónde están con los temas fiscales, luego de las medidas que tomaron con las protestas. El mercado está descontando como que hubiese un deterioro muy grande en la parte fiscal”, aseguró Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays.
Para contrarrestar esta incertidumbre, y a la par tratar de reducir el riesgo país que está en más de 1.500 puntos, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, está en Estados Unidos desde el pasado 19 de septiembre de 2022.
“De cara a 2023, el programa económico es trabajar hombro a hombro con los organismos multilaterales. Esa es la visión porque justamente la paralización de junio generó un aumento del riesgo país”, Pablo Arosemena, ministro de Economía