La economía popular y solidaria es una tercera vía de desarrollo; pero es vista erróneamente como un sector de pobres para pobres

PERSONAJE. Hernández aboga por una mirada más realista y práctica sobre el sector.
PERSONAJE. Hernández aboga por una mirada más realista y práctica sobre el sector.

El cooperativismo y la asociatividad tienen un enorme potencial en Ecuador, pero no se legisla para impulsarlos ni facilitarlos. Se necesita una visión más realista sobre el sector. 

Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, explicó que el sector de la Economía Popular y Solidaria es malentendido, e incluso subvalorado en Ecuador.

Durante una entrevista con LA HORA, Hernández recalcó que no es una actividad de pobres, sino una tercera vía que, a través del cooperativismo y la asociatividad tiene más potencial e importancia de lo que se cree.

La Superintendenta lamentó que se acumulen innumerables propuestas para reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, pero sin tomar en cuenta la realidad y las cifras del sector.

P. ¿La Economía Popular y Solidaria es una actividad solo de pobres y de la ruralidad? ¿Es equivocada esa visión sobre el sector?

Esta no es una economía de pobres para pobres. Más bien es la tercera vía, a través de un modo distinto de gestionar la economía. No tiene nada que ver ni con pobreza, ni con miseria, ni con ruralidad. Sus principios se basan en las personas sobre el capital, la equidad de género y la responsabilidad social y ambiental. Esto no significa que tengamos que tratar al sector como si tuvieran deficiencias y la muestra es que las cooperativas y las mutualistas representan un tercio del sistema financiero nacional.

P. Si el cooperativismo y la asociatividad son tan importantes para el desarrollo del país, ¿Por qué no se facilita y fomenta la Economía Popular y Solidaria?

Uno de los principales problemas es que se legisla sin sustento en la realidad y las cifras del sector. Al momento tenemos varios textos de reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, pero ninguno parte de un análisis en el que se hayan requerido datos o información a la Superintendencia. Según nuestro análisis, las reformas presentadas no tienen impacto en el sector o, en su defecto, generan distorsiones. Esta desconexión ya la vimos en la Ley de Emprendimiento, en la cual se dan facilidades para la creación de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS); pero no se crearon mecanismos específicos para la Economía Popular y Solidaria. No es lo mismo establecer normas para un artesano, o un emprendedor, que para una asociación de sastres que se unen para aportar trabajo a un proyecto específico como, por ejemplo, proveer insumos para una institución del Estado.

P. ¿Quiénes conforman la Economía Popular y Solidaria y cuáles son las principales reformas que se necesitan?

Con corte a noviembre de 2022, el sector tiene 16.300 participantes. De ese total, 13.000 son asociaciones de todo tipo; 2.600 son cooperativas que producen bienes o brindan servicios; y 453 son cooperativas de ahorro y crédito, y mutualistas. Desde la Superintendencia hemos identificado tres reformas claves, que no están incluidas en las propuestas presentadas, pero que sí tendrían un impacto real para el sector. En primer lugar, se deben establecer reglas diferentes para el gobierno corporativo de cada tipo de participante de la Economía Popular y Solidaria. La conformación de las asambleas y de los espacios de gestión es muy distinta para una cooperativa de transporte o de producción con entre 10 y 100 socios; que para una cooperativa de ahorro y crédito con 1 millón de socios.

P. ¿Esta falta de reglas claras sobre la gobernanza profundiza los problemas de resolución de conflictos que tiene el sector?

Sí, si no existen buenos mecanismos internos de gestión, eso luego escala a conflictos entre los socios. El problema es que la Superintendencia es un controlador, no es un comisario. Nosotros gestionamos denuncias y reclamos. Pero, siguiendo todos los pasos de la ley, nos demoramos más de mes y medio en una denuncia, o más de 15 días en un reclamo. La mediación es una alternativa, sin embargo, tampoco es inmediata. Se necesita una instancia que trabaje en resolución de conflictos y tenga presupuesto para esta tarea. Esta es la segunda reforma clave. A esto se suma que la instancia que debe regular al sector (Ministerio de Inclusión Económica y Social) no ha cumplido ese papel en los últimos tres años.

P. Las organizaciones no financieras de la Economía Popular y Solidaria han crecido más del 183% en 10 años ¿Por qué eso se ha vuelto otro problema y necesita una reforma urgente?

Tenemos un índice de crecimiento muy fuerte de las entidades no financieras (de 5.600 a 15.900 en 10 años), pero ese crecimiento coincide con temas específicos. Por ejemplo, va a salir a concurso un contrato de limpieza en un hospital y crecen enormemente las constituciones de asociaciones de limpieza; pero solo una obtiene el contrato. El resto de las asociaciones se quedan abandonadas. Si los socios se unen para poder trabajar, al no poder hacerlo se separan. Pero, la ley obliga a que la asociación quede vigente obligatoriamente por dos años; y mientras tanto tienen que cumplir con todas las obligaciones con el SRI, u otras instituciones, aunque no produzcan nada. Además, los socios no pueden ser parte de otra asociación mientras no se liquide la anterior. Así, se acumulan sanciones y responsabilidades. Durante los últimos cuatro años hemos pedido que se pueda liquidar de manera sumaria, sin ningún trámite, cualquier asociación que no esté produciendo ni proveyendo servicios. (JS)

La Economía Popular y Solidaria involucra, entre socios y clientes, a más de 6,6 millones de ecuatorianos. Esto representa 56,3% de la población adulta del país.

Cada entidad tiene cifras diferentes del sector

Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, considera que otro gran problema es que, mientras la dependencia a su cargo tiene un catastro con más de 13.000 asociaciones y cooperativas no financieras; la entidad que por ley debería fomentar la producción del sector tiene registradas menos del 25% de esa cifra.

El Instituto de Economía Popular tiene menos de 3.000 organizaciones en su radar, con lo que la mayoría del sector se queda fuera de cualquier tipo de apoyo o incentivo.