La corrupción de autoridades de Gobierno y la falta de atención a necesidades básicas de los reos son los principales factores que generan violencia al interior de las cárceles y que permiten que las bandas se apoderen del control
José Antonio Pérez es Director General de Prevención y Reinserción Social de Ciudad Juárez, en México, y está a cargo del tercer sistema penitenciario más poblado de ese país, por donde pasó Joaquín Guzmán, conocido como ‘El Chapo’; y donde se encuentra el temible Miguel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Sinaloa, así como los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque Pérez es enfático en mencionar que estar a cargo de esta prisión no ha sido ‘sencillo’, explica que la corrupción de las autoridades, ligado a la mala distribución de los recursos de un país es el principal factor de hacinamiento y violencia dentro de las cárceles, no solo de México sino de América Latina.
¿Cómo se maneja un sistema penitenciario con este tipo de bandas delictivas?
Ahora vemos que las bandas son extraterritoriales como el caso del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen ramificaciones no solo en Sudamérica sino en todo el planeta.
Cuando tomamos la responsabilidad del Sistema Penitenciario de Jalisco, que es el tercero más poblado de todo México, advertimos que el factor del hacinamiento, la sobrepoblación y, sobre todo, la corrupción de la autoridad, al no atender las necesidades básicas de las personas privadas de su libertad eran los generadores del autogobierno y de la violencia al interior de las prisiones. Este fue el punto de partida para establecer una política pública en materia penitenciaria que a corto y mediano plazo nos permitiera neutralizar esa influencia fáctica de los grupos de la delincuencia al interior de las prisiones.
¿Cómo reducir la violencia dentro de prisiones con influencia de grandes cárteles?
El sistema penitenciario moderno demanda un fuerte trabajo. En Jalisco, lo primero que hicimos fue proveer servicios fundamentales de todo ser humano como salud, alimentación, trabajo, deporte e inclusive actividades lúdicas y culturales a través de una política definida y un resultado que nos ha permitido reducir la violencia en todo ser humano.
La falta de una alimentación sana, suficiente y adecuada, y sobre todo, la nula posibilidad de tener ingresos propios de forma lícita y seguir ayudando a sus familias en el exterior, hace que la mayoría de reos tengan solo dos caminos: 1) someterse al autogobierno y al liderazgo fáctico de las bandas delincuenciales (que es lo más común) o 2) correr el riesgo de ser agredido y maltratado en los motines.
Lo que pretenden las bandas criminales es crear una inestabilidad que les permita seguir controlando un mercado interno de consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, prostitución. Insisto, son aspectos que se generan por la falta de respuesta del Estado como autoridad.
¿Es posible una ‘negociación’?
Mientras las causas que generan un hecho no sean erradicadas, siempre está latente el peligro. A algunos les asusta la palabra negociar, pero yo pienso que si se debe dialogar con los grupos del interior.
Nosotros nos hemos dado cuenta que los internos se someten al autogobierno y a los líderes de pandillas al interior de las prisiones no por temor sino por necesidad y hambre que tienen ante la incapacidad del Estado y el incumplimiento.
Si el Estado deja de dar alimentos, las bandas delictivas lo suministran, pero cobran. Si el Estado no suministra actividades lúdicas, las generan las bandas delictivas. Si el Estado deja de hacer su trabajo es sustituido en el interior de las prisiones por los líderes de las bandas.
El camino, en Jalisco, ha sido que nosotros generemos empleos con una remuneración decente. Un interno puede ganar a la semana 1.000 pesos mexicanos y esto les sirve para ayudar a su familia. Entonces, probamos que cuando los internos tienen una forma de subsistir, no les importa involucrarse con las bandas.
¿Cómo influye el tema de la corrupción?
Yo creo que la corrupción del propio Estado y el no reconocer que se debe cumplir con una política y con una obligación ha evitado que el tratamiento de reinserción sea humano.
La violencia que se ha generado en las prisiones de América no solo ha sido responsabilidad de las bandas delictivas sino de la corrupción del sistema penitenciario que, por décadas se consideró la escoria de la sociedad, algo sucio, algo abandonado. Esto permitió que muchas personas corruptas lucraran con los recursos que se debieron destinar a la alimentación de los presos, a su ropa, estudios y necesidades de salud.
Los últimos enfrentamientos, en Ecuador, se debieron a una disputa del control territorial de la distribución dentro y fuera de las cárceles.
Cuando un Estado pretenda controlar la violencia y delincuencia de las calles, primero debe controlar sus prisiones. El Estado, en el caso de Ecuador, debe voltear hacia las prisiones, invertir y actuar integralmente con una política pública que cubra todas las necesidades y que permita que las prisiones dejen de ser escuelas del crimen, que dejen de ser la bolsa de trabajo de los cárteles y bandas delictivas, porque es el centro de reclutamiento ideal.
En la medida que el Gobierno de Ecuador entienda que no es una negociación oscura ni ilegal, sino un análisis real empezará a tomar el protagonismo de las necesidades de los internos y de sus familias.
Es fundamental que el poder judicial se involucre y no tenga esa torpeza y lentitud en los procesos penales.
La prisión de Jalisco es la tercera más poblada de México. ¿Cómo controlar el hacinamiento?
Voy a ser honesto, aquí todavía no alcanzamos ese objetivo. Yo he propuesto a autoridades Federales que las alternativas no deben ser la prisión preventiva.
Hay muchos delitos que no deberían esperar sus sentencias al interior de una prisión y que se debería acudir a la tecnología como los brazaletes electrónicos, por ejemplo. La reclusión domiciliaria y otros procedimientos son alternativas que la Ley permite y que son confiables.
Esto evita que las prisiones no se saturen por una razón: la mayoría de los delitos, que son patrimoniales, no son de alto impacto social por la peligrosidad de la persona pero, al ponerlos en el mismo centro donde está el Cártel de Jalisco y el Cártel de Sinaloa, les permitimos que tengan acceso al conocimiento delictivo y que se vinculen a personas que finalmente les llevan a cometer otro tipo de delitos más graves.
¿Cuáles serían las posibles soluciones a corto y mediano plazo?
La reinserción social debe ser un tema prioritario en la agenda de Seguridad Pública Nacional.
Se debe invertir en una renovación del Sistema penitenciario para que pueda haber mayor control y para que se pueda desarrollar un trabajo de reinserción integral.
Se debe convocar a las instituciones y poderes, principalmente el judicial para que entiendan que el problema de la delincuencia y las prisiones no solo es responsabilidad de la autoridad penitenciaria es un problema que ha sido generado por la corrupción de los juzgadores y fiscales, y por la mala preparación de los policías en todos los niveles.
El Estado debe entender que los Derechos Humanos no solo es un discurso sino algo que debe de existir dentro de sus políticas públicas.