Los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno maquillaron las cifras para seguir endeudándose sin control de la Asamblea o de cualquier otra instancia. La deuda pública superó el 40% del PIB desde 2017.
La Contraloría General del Estado examinó el endeudamiento público
desde enero de 2014 a septiembre de 2020. Una de las principales conclusiones del informe resultante es que en 2017 se superó el límite legal del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).
En los últimos meses de Rafael Correa, en medio de la campaña electoral, se apretó el acelerador del gasto para mantener el capital político del partido de Gobierno. Como resultado, ya antes de entregar el mando, se llegó a acumular deuda por más de $40.000 millones. Esa escalada continuó con Lenín Moreno, y, en octubre de 2017 se firmó un contrato de financiamiento con Goldman Sachs International por $500 millones.
En esa fecha, el endeudamiento público ya sumaba el 48,41% del PIB, es decir, más de $48.000 millones. Sin embargo, para concretar ese contrato se elaboró un informe donde se sacaba del registro a la deuda interna. Con eso, el monto bajaba a $34.974 millones, lo que representaba el 34,77% del PIB.
#BOLETÍN I #CGE examinó las operaciones de endeudamiento público efectuadas entre enero de 2014 y septiembre de 2020.
????Nota completa https://t.co/T5KbN6odbx
????Link al informe https://t.co/gBZhaKbJN9 pic.twitter.com/6KKtSIBxg1— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) November 4, 2021
A través de esta maniobra, la Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros, como departamento dentro del Ministerio de Economía, logró engañar a los acreedores externos y a los instancias de control dentro del Ecuador.
Así, el Gobierno pudo seguir endeudándose sin solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional, ni preparar el Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal, dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
Todo lo actuado se sustentó en el Decreto Ejecutivo 1218, correspondiente a octubre de 2016. En ese documento, se estableció, entre otros aspectos, que la relación deuda/PIB se determinaría utilizando los Estados Consolidados de la Deuda Pública.
Esto originó que no se tomen en cuenta todas las obligaciones y se saque de los registros $15.801 millones. Para los auditores de la Contraloría, el uso de los Estados Consolidados de deuda no está previsto en ningún cuerpo legal y se contrapone a la práctica histórica del Ministerio de Economía. En otras palabras, se vulneró la ley para evitar que se controle el creciente endeudamiento público.
Desde marzo 2017 a julio 2021, la deuda pública ha pasado de $48.637,43 millones a $63.091,40 millones. A partir de las reformas al Coplafip, que se hayan hecho desde 2018, se mantuvo el límite del 40% del PIB; pero se legalizó poder sobrepasarlo debido a la situación de falta de recursos en la caja fiscal.
De acuerdo con el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el programa de ajuste gradual del gasto ($3.500 millones en cuatro años) permita que se baje la deuda a menos del 50% del PIB en 2025. La meta de volver al 40% del PIB quedaría para 2032. (JS)
DATO: Cada año, el país paga más de $2.500 millones solo en intereses del endeudamiento público