Casi $51 de cada $100 que se necesitan para cubrir el déficit fiscal, pagar vencimiento de deuda anterior, o incluso hacer obra pública, vendrá de financistas nacionales.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha reconocido que para 2023 se tendrán necesidades de financiamiento, o de nueva deuda pública, por un total de $7.577 millones.
Ese dinero es indispensable tanto para cubrir el déficit fiscal (más gastos que ingresos), pagar vencimientos de deuda anterior e incluso financiar parte de la inversión estatal.
El 50,71% de la nueva deuda, lo que representa $7.844 millones, vendrá de fuentes internas, es decir, de la colocación de bonos del Estado en el mercado nacional.
El Gobierno de Guillermo Lasso prevé que la situación internacional será compleja durante el próximo año, con aumentos en las tasas de interés y menores flujos de capitales.
Por eso, se apunta a reducir la dependencia del financiamiento de los organismos multilaterales a través del desarrollo del mercado de valores doméstico.
Una de las ventajas es que los bonos de deuda colocados en el país, y que compran instituciones públicas como el Biess o inversionistas privados, tiene una tasa de interés fija; mientras las colocaciones son en su mayoría a una tasa de interés variable.
Más inversionistas internos
En enero de 2022, el exministro de Economía, Simón Cueva, ya apuntó a que la estrategia del Gobierno es colocar un número creciente de bonos estatales con actores como el sistema financiero ecuatoriano.
En otras palabras, uno de los objetivos es que los bancos privados se conviertan en una importante fuente de recursos, con condiciones favorables y a plazos cada vez más largos.
Normalmente, la deuda interna en promedio tiene plazos de vencimiento de menos de 4 años; mientras que la deuda interna tiene de 8 años y más.
En este sentido, el objetivo es buscar más participación de bancos, cooperativas, casas de valores, Instituciones de seguridad social públicas, instituciones que tengan cuenta corriente en el BCE, empresas, entre otras.
Gerardo Beltrán, economista y experto en mercados de capitales, comentó que el Gobierno apunta a impulsar el mercado de valores nacional para que el Estado tenga fuentes más baratas de financiamiento. También para que las empresas y los emprendedores encuentren inversionistas.
Dentro de la documentación entregada a la Asamblea, junto con el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, el Ministerio de Economía detalla que ese objetivo se logrará a través de subastas públicas “regulares, estandarizadas y con información previa difundida al mercado”.
Mediante esas subastas, se colocarán bonos del Estado a más plazo y menor tasa de interés para que lo compren instituciones como el Biess o inversionistas privados como bancos comerciales y de inversión, fondo de ahorro y jubilación privados, entre otros nuevos jugadores.
“Los pagos de la deuda interna siempre se dan de forma puntual. Incluso al IESS, donde se pueden retrasar otro tipo de transferencias, resulta rentable y segura la inversión en bonos estatales. Con otros prestamistas como el FMI cada vez tendremos menos espacio, por lo que apuntalar el mercado interno es importante. En el presupuesto de 2023 no se proyecta recursos de ese multilateral”, puntualizó Beltrán.
Además, aunque el Gobierno deja abierta la oportunidad de emitir bonos externos, el riesgo país, el mal historial de pagos del Ecuador, y la desaceleración económica mundial, juegan en contra. (JS)
¿Cómo se usará la nueva deuda para 2023?
Según el Plan Anual de Endeudamiento, incluido con la documentación entregada a la Asamblea desde el Ministerio de Economía, los $7.577 millones de nueva deuda se usarán de la siguiente manera:
$4.600 millones irán a pagar vencimientos de deudas anteriores. Así, un poco más de $2.892 millones irá a cubrir pagos de obligaciones internas; mientras que $1.707 millones servirán para vencimientos de deuda externa.
Una parte importante de los vencimientos de la deuda interna del próximo año corresponde a bonos entregados en dación en pago a los jubilados del sector público y a contratistas públicos como pago de las obras realizadas.
En estos casos, no existe posibilidad de renovación de las inversiones y se debe pagar el total del capital.
Para el Plan Anual de Inversiones (PAl) 2023, se prevé una necesidad de financiamiento con endeudamiento por $1.651 millones. En otras palabras, el 88% de los $1.871 millones presupuestado para inversión estatal se deben cubrir con deuda.
Por eso, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha señalado que cada dólar adicional en obra pública, por encima de lo presupuestado, iría directo al déficit fiscal y a más endeudamiento.
“En el país no sobra, sino que falta el dinero para las múltiples necesidades. El Gobierno apunta a bajar poco a poco el déficit fiscal, pero sin descuidar el gasto social”, puntualizó.
El resto del endeudamiento para el próximo año irá para cubrir al menos una parte del déficit fiscal y lo que no alcance se sumará a los atrasos estructurales en el presupuesto estatal.
Con corte a agosto de 2022, el saldo de la deuda pública suma $73.114 millones: deuda externa por $46.905 y deuda interna por $26.209 millones.
Fuentes de endeudamiento interno y externos durante 2023 |
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| USD millones | |
| Fuente | Monto |
| Colocación bonos del Estado (mercado interno) | 3.844 |
| Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | 690 |
| Corporación Andina de Fomento (CAF) | 650 |
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 859 |
| Agencia Francesa de Desarrollo | 100 |
| Agencia de Cooperación Internacional de Japón | 150 |
| Fondo Latinoamericano de Reservas | 500 |
| Bancos y bonos internacionales | 784 |