Más de $15 millones de nueva deuda pública al día se necesitaron en los primeros 8 meses de 2022 para cubrir los gastos del presupuesto estatal

Gestión. El presidente de la República, Guillermo Lasso administra un Estado con graves problemas estructurales.
Gestión. El presidente de la República, Guillermo Lasso administra un Estado con graves problemas estructurales.

Durante la época correísta, la deuda pública se incrementó a un ritmo de más del 12%, pero la mayoría se malgastó.

Entre enero y agosto de 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso tuvo que levantar $3.655 millones de nueva deuda pública, solo para cubrir gastos y necesidades mínimas del presupuesto de este año.

Eso quiere decir, que pese a la reducción del déficit fiscal y que hay más ingresos petroleros y tributarios, todavía se necesita más de $15 millones diarios adicionales de endeudamiento para cerrar las cuentas públicas.

Según el ministro de Economía, Pablo Arosemena, la situación es igual a la de una persona que vive pagando el mínimo de su tarjeta de crédito, y se sigue endeudando para mantener un estilo de vida por encima de sus capacidades económicas.

“El problema no solo es el déficit, que es la diferencia de ingresos y gastos; sino también las necesidades de financiamiento, porque gobiernos anteriores nos han endeudado y generado altas cuentas por pagar”, explicó.

Si no se controla el aumento del endeudamiento, el principal riesgo es que una persona o un país terminen trabajando más para cubrir sus cuentas por pagar y no para satisfacer sus necesidades más urgentes en salud, educación…

Eso sucedió en la década correísta, cuando luego de aumentar la deuda pública, a un ritmo de más del 12% anual, el servicio de esa deuda (pagos de intereses y amortizaciones) llegó a $5.700 millones, superando el gasto sumado en salud y educación en 2016, que fue de $4.200 millones.

Según el economista Andrés Rivas, ese escenario es el peor posible porque el endeudamiento se vuelve un lastre para el desarrollo.

“El Gobierno de Lasso busca evitar caer en esa situación. Por eso está empeñado en bajar el déficit y las necesidades de financiamiento para que, a mediano y largo plazo, se tengan más recursos disponibles para lo realmente importante y no para tapar huecos de anteriores administraciones”, puntualizó.

Endeudarse mal sale caro

Si se mantenía el ritmo de endeudamiento del correísmo, actualmente el servicio de la deuda podría superar sin problema los $10.000 millones anuales. Eso representaría más del 43% de los gastos en el presupuesto estatal.

Con el ajuste de los últimos dos años del Gobierno  de Lenín Moreno, y lo que ha hecho la administración de Lasso en un año y tres meses, ese servicio se ha mantenido en los $5.400 millones. Ese nivel sigue siendo alto y es el causante de la mayor parte de la nueva deuda que se tiene que levantar.

Así, por ejemplo, entre enero y agosto de 2022, de los $3.655 millones de endeudamiento, $2.857 millones (alrededor del 78%) fueron directamente a pagar deudas anteriores.

Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, hasta finales de este año, se necesitarán $2.200 millones más para cubrir huecos de obligaciones pasadas; y una cifra similar para tapar el déficit fiscal.

Por eso, el objetivo de Lasso es reducir el déficit para que el país tenga más espacio para invertir en lo que realmente se necesita.

De acuerdo con Rivas, en la década correísta se disparó el endeudamiento, pero eso no mejoró realmente la infraestructura ni la productividad del país.

Estudios como uno reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) establecen que Ecuador tiene carreteras de las más lentas del mundo; donde un vehículo tarda cerca de siete horas en recorrer 400 kilómetros.

“Se gastó y se endeudó mucho al país, pero la infraestructura resultante fue mediocre no solo en carreteras, sino también en temas eléctricos como Coca Codo Sinclair”, aseveró Rivas.

Si se hubiera invertido bien el endeudamiento, sin tanta corrupción y despilfarro, ahora Ecuador tendría una economía más grande y productiva, podría pagar con más holgura sus deudas, y no estaría en la disyuntiva de ajustar la inversión pública como única vía de ajuste para reducir el déficit fiscal.

Asimismo, el país sigue manteniendo esquemas irracionales como los altos subsidios de los combustibles, que quitan recursos para lo importante e incluso se financian con deuda.

Arosemena aseguró que los subsidios serán de $3.800 millones, o casi 4% del PIB, para 2022. “Eso es más que el presupuesto de salud, o el presupuesto de educación, o el presupuesto de seguridad. Es una barbaridad”, recalcó.  (JS)

Ecuador es uno de los países con más riesgo crediticio de América Latina.

El problema no es el supuesto “Estado mínimo”

Marco Flores, exministro de Economía, asegura que “la calidad de los servicios públicos ha sido convertida en un verdadero desastre por los fanáticos del ‘Gobierno Mínimo’. que creen que los problemas de la economía, el crecimiento y el déficit fiscal se resuelven destruyendo el empleo público y la inversión social pública”.

El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, aceptó que el ajuste se enfoca en la reducción de los montos para inversión y obra pública; pero en términos de gasto en salarios, y compras públicas, el presupuesto estatal aumentó. Además, Lasso no ha cerrado dependencias públicas y los procesos de liquidación en empresas estatales vienen del Gobierno anterior.

Según un último análisis del Observatorio de la Política Fiscal, entre sueldos, compras de bienes y servicios, y transferencias corrientes, el Gobierno gastó $8,562 millones entre enero y julio de 2022. Esto representa $1.179 millones más que en igual periodo de 2021.

El problema entonces, según Ramiro Murillo, exfuncionario del IESS no está en que se esté desmontando el Estado al mínimo, sino en que la estructura de gasto corriente es tan rígida e ineficiente que no genera los resultados esperados.

“La corrupción, y el manejo partidista de muchas dependencias estatales, a través de mandos medios, hacen que las cosas funcionen de mal en peor. Lasso se ha visto rebasado por esta situación y realmente no tiene el control efectivo de gran parte del sector público”, comentó.