Sistema deja que candidatos estén expuestos al crimen organizado

Proceso. No existe una normativa o protocolo para proteger a candidatos políticos.
Proceso. No existe una normativa o protocolo para proteger a candidatos políticos.

Ya van cinco atentados y dos muertos en la política ecuatoriana. La delincuencia cambió la política electoral.  

 En 2020, la muerte de Patricio ‘El Cholo’ Mendoza consternó al país. El político, que en ese entonces era candidato a la Asamblea Nacional, por la provincia de Los Ríos, recibió varios disparos al salir de un medio de comunicación.

Este año, previo a las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, los escenarios de amenazas y asesinatos – presuntamente por encargo– se repiten.

El último caso registrado fue el atentado contra el exfutbolista profesional, Frickson Erazo, quien es candidato a la Alcaldía de Esmeraldas, por el movimiento CREO.

En total fueron tres disparos que llegaron al dormitorio de Erazo, quien mediante un video se pronunció por lo sucedido.

“Gracias a Dios, todos estamos bien. Esmeraldas vive un momento especial. Estamos firmes en nuestra candidatura. Sabemos que esto es por violencia política. Pero seguimos firmes, seguiré trabajando por el desarrollo de este pueblo. Gracias por sus mensajes”.

Erazo ha mencionado que es la primera vez que recibe este tipo de amenazas y que responde, no solo a la violencia en Esmeraldas, sino a violencia política. Al momento, la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones.

 Sin protocolos de seguridad

Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (CPC), señala que no existe una norma jurídica que determine la protección a candidatos en la política ecuatoriana.

Señala que esto responde a que el país no ha vivido situaciones como Colombia o México, donde los atentados contra políticos son comunes.

“Las campañas (en Ecuador) no tenían problemas de violencia extrema. No ha sido un país violento en materia de violencia física ni política, pero claro, eso está cambiando”, señala.

Lo que debe proceder con los candidatos es similar a lo que haría “un ciudadano común”. Es decir, que los afectados acudan a la Fiscalía, denuncien el hecho y soliciten protección policial.

Jaramillo señala que tampoco hay capacidad estatal para brindar seguridad a todas las personas que tienen aspiraciones políticas. Esto, debido a que el sistema electoral del país hace que una medida así sea imposible de aplicar.

Solo en las seccionales de 2023 hay, preliminarmente, 32.549 candidatos principales y 30.969 suplentes inscritos.  En total son 63.518 que necesitarían protección y eso es inviable.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Miguel Ruiz- Esmeraldas

El 26 de agosto de 2022, Miguel Ruiz, candidato a la alcaldía de Esmeraldas por la alianza del partido Centro Democrático con SUMA, fue blanco de disparos y uno de sus compañeros fue herido, aunque salió de peligro.

El movimiento Centro Democrático emitió un comunicado en el que calificó el hecho como un “acto criminal” y exigió al Gobierno que “dé las garantías necesarias para nuestra participación electoral”.

Este no es el primer ataque a Ruíz. En febrero de 2022 fue perseguido por personas que portaban un arma que no se detonó. Sin embargo, la Policía dijo que se trató de un intento de robo.

José Arroyo- Cotopaxi

El aspirante a la alcaldía de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, José Arroyo, fue apuñalado, fuera de su casa, por un hombre que iba a bordo de una moto. 

El candidato de la Izquierda Democrática (ID) habría sido perseguido días antes del ataque.

Mediante un boletín de prensa, la ID detalló que los ataques le provocaron varias heridas en el abdomen y en sus brazos. Posteriormente fue operado e internado para recuperarse de sus heridas. El 24 de septiembre, el político salió del hospital con resguardo policial.

Fernando Villavicencio- Pichincha

Pasadas las 22:00 del viernes, 2 de septiembre de 2022, se detonaron cinco disparos en los exteriores del domicilio del asambleísta Fernando Villavicencio (Independiente), en Quito.

 Villavicencio confirmó el hecho en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Señora Fiscal (Diana Salazar) anoche le remití el parte policial, espero una investigación rápida y sería sobre este atentado y toda la campaña en mi contra. Lo propio le solicitó al Presidente. No me van a quebrar”.

Galo Lara- Los Ríos

 El 18 de octubre de 2022, dos hombres intentaron acribillar al candidato a la Alcaldía de Quevedo, Galo Lara. Así consta en la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado (FGE), con fecha 18 de octubre de 2022, día en que sufrió el atentado.

En el escrito el exasambleísta señala que cerca de las 14:30 se encontraba en un restaurante en el sector Bastión Popular, en la ciudad de Guayaquil, cuando arribaron dos sujetos con actitud sospechosa, de los cuales uno se adelantó y sacó a relucir un arma de fuego.

En ese momento, Lara se lanzó contra el desconocido y le alcanzó a sujetar la mano, allí el hombre le dijo: “te vas a morir”.

De inmediato, uno de los guardaespaldas del político lo agarró por la parte de atrás, y en el forcejeo salió con la mano lastimada.

La riña continuó y entre ambos lograron quitarle el arma al sicario, el cual huyó en un vehículo de color plata que lo esperaba a una cuadra del lugar de los hechos.

Asesinato Gerardo Delgado- Manta

El asesinato del periodista Gerardo Delgado Olmedo, del medio digital Ola Manta Tv, es investigado por la Policía.

El comunicador también era precandidato a concejal de Manta por el correísmo y fue acribillado a las 17:30 del 10 de agosto.

Él se dirigía a una cobertura y estaba acompañado por su hija, quien resultó ilesa.

La Policía realizó el levantamiento del cadáver y halló los casquillos de las balas. Según Fundamedios, a Delgado le dispararon dos veces desde la ventana izquierda y siete desde la derecha y fue sorprendido a tiros dentro de su vehículo cuando estaba detenido en el semáforo en el sector La Paola, en la vía Manta-Montecristi.

 Los asesinos fueron perseguidos por uniformados y luego capturados. Las investigaciones preliminares, contaron que recibieron la orden de una persona de Daule y les pagaron $2.000. (AVV)