El Decreto de muerte cruzada elimina la Asamblea Nacional, durante seis meses. Hay dos demandas de inconstitucionalidad impulsadas por sus opositores.
La mano extendida no fue aceptada por la Asamblea. El presidente Guillermo Lasso, en su defensa del juicio político en la Asamblea, les dijo a sus detractores que todavía había tiempo.
“Depongamos nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la seguridad de todos y dividen a los ecuatorianos. Todavía estamos a tiempo. Eso sí: es salir de este infundado proceso”, ofreció en el Pleno de la Asamblea.
Pero ese llamado no fue atendido. Este Diario supo que luego de su intervención contarían los votos en la Presidencia: 47 legisladores que voten para impedir la destitución.
En el Gobierno prefieren evitar decir si tenían o no los votos. En la Asamblea defenestrada tampoco había certezas.
En la madrugada de este 17 de mayo de 2023, el Presidente y su equipo, reunidos en Carondelet, definieron ir a la muerte cruzada. Esto es disolver la Asamblea para ir a elecciones presidenciales y legislativas. Dentro de seis meses el país tendrá nuevas autoridades.
El sábado 20 de mayo estaba previsto que se realice la votación por el juicio político que, según el propio Lasso, ya era ilegal, entre otras cosas, por la falta de un informe motivado de la Comisión de Fiscalización.
Las justificaciones
La cadena nacional, emitida a las 07:00 de este 17 de mayo, fue grabada en la madrugada, aseguraron fuentes de Carondelet. “Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social, que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra. Debemos avanzar a una solución que ofrezca esperanza de un porvenir de mejores días”, dijo Lasso.
Y ofreció algunos de los justificativos que están en el Decreto 741. Pero no todos. En el documento oficial se expone que lo hizo por grave crisis política y conmoción interna, tal como lo determina el artículo 148 de la Constitución.
¿Los argumentos? Constante confrontación con el Legislativo, 14 juicios políticos (5 a ministros y secretarios), 1.300 pedidos de información. También falta de legitimidad de la Asamblea, según encuestas. Dos pedidos de destitución en su contra y dos pedidos de revocatoria de mandato. Tres leyes muy importantes, económicas, de gestión y seguridad, bloqueadas.
Asimismo, un juicio político sin informe de Fiscalización y con pruebas introducidas ilegalmente. Y, finalmente, según el Decreto, conmoción interna por “el estado de alarma en la ciudadanía”, debido al llamado a las calles de los opositores. La consigna era: Lasso se va porque se va. El temor del Presidente fue que se repita lo de octubre de 2019 o junio de 2022.
Lasso, la tarde de ayer, se reunió con el cuerpo diplomático para justificar la medida.
Demandas de opositores
La Corte Constitucional recibió dos demandas de inconstitucionalidad. La primera de Pachakutik, liderada por la exlegisladora Mireya Pazmiño. Ellos consideran que no hay motivos para decretar la muerte cruzada.
“Está instrumentalizando esta figura para evitar un proceso de control político que aplica la Asamblea Nacional”, dice el escrito, que pide que se suspenda provisionalmente el Decreto 741.
La segunda es del socialcristiano Esteban Torres y Yesenia Guamaní, de Izquierda Democrática. Ellos creen que apelar a los intentos de destitución realizados desde la Asamblea es una “teoría conspirativa que pretende desconocer una vez más los procesos de fiscalización y control político efectuados por la Asamblea”. Recuerdan, al igual que Pazmiño, que Lasso quiere evitar el juicio político. Y también piden la suspensión inmediata del Decreto.
“Vivimos un estado de Derecho, cualquier grupo político tiene pleno derecho a presentar cualquier reclamo e impugnación ante la Corte. Esta será la que determine su constitucionalidad o no. Ahora el Decreto está plenamente vigente”, dijo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
Fuentes de la Corte Constitucional aseguraron a este Diario que los pedidos serán atendidos con celeridad, aunque . (DLH)