Un aspirante a la alcaldía de Muisne (Esmeraldas) se inscribió pese a haber sido sentenciado por asesinato.
Según el Código de la Democracia, una persona no puede candidatizarse a una elección popular cuando pierde sus derechos políticos y de participación. Esto sucede cuando el político tiene una sentencia ejecutoriada.
Esa condición durará hasta que cumpla toda la condena.
Por otro lado, si una persona tiene un proceso en investigación previa, ha sido llamado a juicio o incluso tiene sentencias de primera y segunda instancias, no tiene impedimento de candidatizarse.
Eso sí, para el sociólogo Andrés Oviedo el electorado debería conocer los procesos que acarrean los candidatos, ya que esto “puede afectar su futura gobernabilidad”.
Oviedo detalla que, hasta que una sentencia sea ejecutoriada, se mantiene la presunción de inocencia; aunque detalla hay otras causales que impiden una candidatura, por ejemplo, adeudar pensiones alimenticias (ver recuadro).(AVV)
Sentenciado por asesinato aspiraba una Alcaldía
La familia de Walker Vera dio la alerta de que Paúl Vélez, quien fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del exalcalde de Muisne (Esmeraldas) estaba candidatizado para ser Alcalde del mismo cantón. Lo hizo luego de haber salido de la cárcel de Latacunga con un habeas corpus y portando un grillete electrónico.
Vélez oficializó su candidatura por el partido CREO, en alianza con Avanza. Logró inscribirse porque su sentencia aún no está ejecutoriada, ya que falta un recurso de casación para resolver en la Corte Nacional de Justicia.
Sin embargo, luego de que la familia diera una rueda de prensa exponiendo el caso, CREO emitió un documento en el que señaló que la candidatura de Vélez fue inhabilitada.
Investigado por narcotráfico
Fue el asambleísta Fernando Villavicencio quien señaló al candidato a la alcaldía de Tosagua, Romel Villaviciencio, como vinculado al narcotráfico.
En un artículo de un diario local se menciona que Cedeño fue detenido en el año 2021, por su vinculación en la construcción de ‘narcopistas’.
Ante esto, Cedeño compartió un video en Twitter en el que aclara que la Fiscalía inició una indagación, pero que emitió un un dictamen abstentivo. “Mejor dicho no me acusa de ningún delito”, escribió.
Pero esta no ha sido la única acusación de Villavicencio, quien ha señalado que la asesora de Marcela Aguiñaga (candidata a la Prefectura de Guayas) es la novia de Pedro Zamora, alias el ‘Bambi’, quien es amigo de Xavier Jordán (prófugo), uno de los principales señalados por presuntos casos de corrupción en los hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19.
“Ese es el contacto del correísmo con el narcotráfico”, afirmó Villavicencio.
“Hay legisladores de UNES que están cansados y que me han contado que su movimiento está contaminado por el narcotráfico. Me reservo el nombre, porque al interior de UNES hay buenos legisladores”, señaló Villavicencio.
Cuando los juicios se dilatan
Hasta el momento, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fue destituido del cargo, es el único candidato inscrito por la Alcaldía de Quito.
Yunda tiene un proceso en etapa de juicio por el presunto delito de peculado, en la compra de pruebas para PCR para COVID-19, en abril de 20202, a inicios de la pandemia.
Este proceso, a mediados de julio de 2021 quedó paralizado, por la recusación presentada por la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara. Esto hizo que el juicio, que tuvo casi un mes de desarrollo, deba empezar de cero. Todavía no hay fecha de reinstalación del juicio.
Mientras tanto, Yunda – entre sus medidas cautelares– tiene que portar un grillete.
Condiciones
Evitan una candidatura
Tener un contrato con el Estado
Tener sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.
Deber pensiones alimenticias.
Ser juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.
Ser miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatos en representación de los ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.
Ser funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.
Haber ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto.
Ser miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.
Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.
Fuente: Código de la Democracia
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